Colau esquiva la ley y adjudica a dedo decenas de contratos públicos
Barcelona es el ayuntamiento de España que más facturas trocea para eludir los requisitos de publicidad y los métodos de contratación
El Tribunal de Cuentas ha sacado los colores a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal, en el ejercicio de 2016, el primero completo que estuvo encabezado por la líder de «En Comú Podem», fue el gran consistorio español que más –y por más importe– fragmentó la llamada «contratación menor», prevista para agilizar procesos administrativos, pero que también puede convertirse en un atajo para aprobar ciertos gastos.
El pleno del Tribunal que preside María José de la Fuente y de la Calle aprobó el 19 de diciembre pasado el «Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, ejercicio 2016», que fue realizado a iniciativa de la propia institución. Los «contratos menores» son los que, excluido el IVA, no alcanzan los 50.000 euros, en el caso de obras, o los 18.000 euros en los casos restantes, y su particularidad es que se pueden «adjudicar directamente». En 2016, el 82,34% de los contratos suscritos por los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, valencia y Zaragoza fueron «menores», es decir, de adjudicación directa. En total, fueron 21.239 contratos, por un importe global de 141,04 millones de euros, que representaban el 6,39% de la contratación total de esos consistorios, aunque las diferencias entre ayuntamientos son abismales. Por ejemplo, sólo el 2,61% del montante de la contratación en Madrid correspondió a «contratos menores», mientras que ese porcentaje llega al 34,04 en Sevilla y al 34,11 en Málaga.
El Tribunal de Cuentas, que es la primera vez que fiscaliza estos procedimientos en el ámbito local, llama la atención de forma especial sobre «los posibles casos de fraccionamiento». El fraccionamiento sería el procedimiento de dividir en varios, por el importe máximo que se puede adjudicar directamente, cuando en la práctica corresponderían a un único contrato o proyecto. Es un recurso clásico de picaresca administrativa. No es muy complicado. Consiste en celebrar diferentes contratos, con frecuencia con el mismo adjudicatario, por 49.999 euros en el caso de obras o de 17.999 en el resto de casos. El Tribunal de Cuentas ha detectado este tipo de «contratos menores» en todos los ayuntamientos y entiende que «en la mayor parte de los casos la contratación separada es consecuencia de una defectuosa planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas». Sin embargo, llama la atención sobre lo ocurrido en Barcelona en 2016: «en algunas ocasiones –dice el informe del Tribunal– la identidad del objeto de los contratos, de la unidad administrativa proponente y del adjudicatario, unido a la ausencia de solicitudes de otras ofertas permite concluir que el fraccionamiento de las prestaciones persiguió eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación legalmente aplicables; esta actuación se ha detectado en una parte de los contratos fiscalizados del Ayuntamiento de Barcelona, aunque se han identificado también casos aislados en los Ayuntamientos de Málaga y Valencia». Por el contrario, aunque no hay un elogio expreso, el Ayuntamiento que sale mejor parado en el informe del Tribunal es el de Zaragoza, al frente del que en 2016 estaba Pedro Santisteve, de «Zaragoza en Común».
Contratos fin de año
El informe del Tribunal de Cuentas, que incluye la relación de todos los contratos analizados, es una radiografía exhaustiva y reveladora de las formas de contratación de los principales ayuntamientos de España. Analiza ayuntamiento por ayuntamiento y emite recomendaciones y detalla los procedimientos que resultan chocantes. Lo llamativo del caso de Barcelona es que, por ejemplo, como dice el informe, «64 contratos –51 de servicios, 9 de suministros y 4 de obras– fueron adjudicados por importe de 17.999 euros los de servicios y suministros y 49.999 euros los de obras. Cabe deducir que su celebración podría no haber respondido a un cálculo de las necesidades públicas, sino a las ventajas prácticas de la simplicidad de su tramitación o al objetivo de evitar la anulación de remanentes presupuestarios existentes a finales de año. La adjudicación de cinco de los contratos referidos tuvo lugar en los últimos ocho días del año». El informe describe cómo se adjudicaron once contratos– uno al mes de febrero a diciembre–, a la misma empresa, por un importe acumulado de 190.377,6 euros, para la realización de actividades culturales en el barrio de Vilapicina y Torre Llobeta. El Tribunal dice que «el fraccionamiento de la prestación permitió eludir la aplicación del procedimiento abierto de adjudicación, que garantiza los principios de publicidad y concurrencia». Madrid, ese año gobernado por Manuela Carmena, sale bien parado en el informe porque en 2016 estaba en vigor una norma que obligaba a promover concurrencia también en los «contratos menores». La duda es qué ha ocurrido a partir de 2017, porque en ese ejercicio el equipo de Carmena derogó esa disposición. Habrá que esperar al próximo informe de Tribunal de Cuentas.