Page anuncia su ley antiocupación: penas más duras y erradicar las mafias
La ley reclama más medios a la Fiscalía y que los ayuntamientos puedan actuar
jurídica a la que se enfrentan los propietarios. Con el objetivo de acelerar la recuperación de las viviendas por parte de sus dueños, el gobierno castellano-manchego presenta hoy una ley con penas más duras y lucha contra las mafias.
El presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-page, anunció ayer desde la localidad conquense de Chillarón que en el Consejo de Gobierno de hoy abrirá la puerta con su toma en consideración a una Proposición de Ley impulsada por el Grupo Socialista en las Cortes regionales para combatir el problema de la ocupación, una norma en la que según el texto, al que ha tenido acceso LARAZÓN, se plantean penas más duras, una estrategia de lucha contra las mafias y el desalojo inmendiato del inmueble, entre otras.
Según indicó García-page, toca «actuar con más determinación y más precisión» toda vez que en España hay «miles de domicilios ocupados ilegalmente», un delito que además tiene «consecuencias de convivencia social». En el proyecto que se presenta hoy el objetivo será «acabar con la sensación de impunidad impunidad que rodea al ocupa y su entorno». Para ello, se aumentará la pena privativa de libertad hasta tres años –en caso de uso de la violencia o intimidación– y multa de hasta doce meses -en caso de ocupación pacífica inconsentida–. Asismimo, el plazo de prescripción del delito se eleva de uno a cinco años.
Entre los cambios sustanciales figura la tramitación por juicio rápido de las ocupaciones, así como permitir que la policía pueda poder hacer denuncia al Juzgado con el atestado de la ocupación. Con el objetivo de perseguir a las mafias facilitadores de estas viviendas Perseguir el crimen organizado se implementará agravantes por este tipo de delitos; sancionando la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos. Otras de las vías de actuación de la ley es la protección de la ciudadanía ya que en ocasiones los vecinos de las viviendas ocupadas son quienes sufren también las consecuencias de la ocupación. En este sentido, las comunidades de propietarios y los Ayuntamientos quedan legitimados para poder denunciar las ocupaciones. Además se modifican las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas en el censo.
Esta legislación que arranca este martes su trámite será trasladada al Estado, ya que supondrá tocar leyes ya existentes. Se trata de un «trabajo inmenso para combatir con mucha claridad y determinación a las enormes mafias de ocupación ilegal que hay en España». En este sentido, el presidente castellanomanchego anunció que solicitará medios específicos en la Fiscalía del Estado, así como modificar la normativa de empadronamientos para que los ayuntamientos puedan defenderse de que los ocupas acaben inscritos legalmente en los municipios.
La ocupación de viviendas es una lacra que no cesa. El número de hogares que son ocupados por mafias está experimentando un aumento espectacular y deja al descubierto la inseguridad