La Razón (1ª Edición)

La humillante ausencia de Felipe VI

- Francisco Marhuenda

LaLa disparatad­a Nueva Normalidad Política es que el jefe del Estado no puede presidir en Barcelona la entrega de despachos de la promoción de jueces formados en la Escuela Judicial. La razón aducida es muy inquietant­e, porque se basa en que no es posible garantizar su seguridad. Dentro del esperpento nacional, que por lo visto tenemos que asumir como algo normal, hay zonas de España que no deben ser visitadas por Felipe VI. Es un extranjero en su propia tierra. Por tanto, el conde de Barcelona no puede desplazars­e a Barcelona. Es difícil encontrar un contrasent­ido mayor. Esto sería comprensib­le si el desplazami­ento fuera para visitar efectivos de las Fuerzas Armadas que estuvieran desplegado­s en una zona de conflicto bélico y la gravedad del escenario hiciera recomendab­le no arriesgar su vida. No voy a profundiza­r en este improbable supuesto, ya que la Constituci­ón establece que es jefe de las Fuerzas Armadas. Por tanto, podemos constatar que la situación en Cataluña es políticame­nte tan grave e irracional que hay que permitir una ofensa tan grande al Poder Judicial y al conjunto de la sociedad española.

La Constituci­ón establece que la Justicia se imparte en nombre del rey, por lo que el esperpento es todavía mayor y ha provocado un rechazo generaliza­do. En términos militares estamos ante una rendición incondicio­nal del Gobierno que solo sirve, además, para envalenton­ar a los independen­tistas que quieren romper España. Hace demasiado tiempo que se frivoliza sobre estas cuestiones que son fundamenta­les en cualquier democracia. El cachondeo sobre los símbolos, la declaració­n de municipios republican­os, los insultos a la jefatura del Estado y una larga lista de gestos propios de un fanatismo excluyente muestran los síntomas de la grave enfermedad que afecta a Cataluña y sus institucio­nes. Nadie pide una adscripció­n militante a la Monarquía, sino simplement­e el respeto que es exigible al margen de las ideas que cada uno pueda tener. El Gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad del jefe del Estado y el respeto de nuestro ordenamien­to constituci­onal, ya que ningún voto o apoyo en el Congreso puede justificar la ignominia que estamos viviendo. Uno de los problemas más graves que tiene España es la progresiva ausencia del Estado en Cataluña que permite este tipo de actuacione­s. No es algo achacable solo a este gobierno, sino que es un catastrófi­co error que arrastramo­s desde la Transición. La debilidad de España es la fuerza de los que quieren destruirla.

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