Patronal y sindicatos se plantan en los ERTE: «Al Gobierno solo le preocupa hacerse la foto»
Se levantan de la mesa de negociación y exigen al Ejecutivo que no excluya de la ampliación a la hostelería y el comercio
Los agentes sociales se levantaron ayer muy molestos de la mesa de negociación con el Gobierno para la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo. Sindicatos y patronal afirman que las posturas enquistadas que no auguraban una fácil resolución el pasado miércoles, en una maratoniana reunión, se mantienen. Los recursos del Estado comienzan a escasear para hacer frente a los ingentes gastos que afronta y la «cirugía fina» o «tijera» asoma en esta nueva prórroga para los 740.000 trabajadores aún en «paro temporal».
Pese a todo, aún hay voluntad de extender las ayudas hasta finales del próximo enero si se desencalla el punto muerto en que están varadas las partes. Incluso, según las fuentes consultadas, los líderes empresariales y sindicales tratarán de desbloquear la situación este fin de semana y todo podría quedar despejado para el lunes. Sin embargo, ayer los negociadores decidieron arrojar la toalla entre reproches por un marco que –según sindicatos y patronal– deja fuera a casi 500.000 de los 750.000 trabajadores afectados, según fuentes sindicales, algo que niega la Seguridad Social que asegura que son menos.
«Estamos hasta los cojones», reconoció abiertamente alguno de los negociadores a este diario sobre la cerrazón en la que ha entrado el Ejecutivo, más preocupado en «hacerse la foto» cuanto antes que de salvar a las empresas y trabajadores ante el peor momento que se avecina.
Pese a los desencuentros, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se mostraba optimista a primera hora de ayer al indicar que se había acordado elevar el llamado «contador a cero» de seis meses a 196 días (medio mes más) y aplicarlo durante todo 2021. La ministra anunciaba otros puntos de acuerdo, como la nueva prestación para los trabajadores fijos-discontinuos por la falta de temporada turística, una
«Estamos hasta los cojones. El Gobierno está más preocupado en hacerse la foto que en salvar a las empresas»
Escrivá afirmó que «no puede haber café para todos» y que la pandemia no afecta a todas las empresas por igual
demanda de UGT, y sostuvo que la prestación asociada al ERTE se mantendrá en el 70% de la base reguladora aunque transcurran seis meses. «Estos asuntos ya están zanjados», dijo la ministra, así como el del plazo de los ERTE, que no será «cerrado». Con estos avances, Díaz consideraba que se estaba «cerca» de alcanzar un acuerdoparaprorrogarloserte a partir de octubre.
Los agentes sociales no aceptan los recortes que pretende el Gobierno, que cosecha su primer revés en este terreno. La sectorialización de los ERTE en esta nueva prórroga amenaza con dejar fuera a actividades muy intensivas en mano de obra para centrarse en los sectores que Trabajo ha identificado como los más estancados (turismo, agencias de viaje, ocio y cultura, y transporte). La lista deja fuera multitud de actividades que solo estarán protegidas en caso de rebrote, un aspecto que rechazan las patronales y UGT. Los empresarios amagan con no firmar hasta que no haya algún tipo de cobertura. «No se avalará ningún acuerdo con el Gobierno que deje tirado a alguna empresa o algún autónomo», dijeron fuentes de la patronal a este diario. Por el contrario, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, defendió que «no puede haber café para todos».
Las fuentes sindicales consultadas aseguran que hay dos asuntos clave aún por resolver y en los que las posturas están lejanas: los sectores que se quedan fuera y las exenciones, que aún no satisfacen a los agentes sociales. En este sentido, el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, solicitó la eliminación de las exoneraciones a la incorporación tras un ERTE y que esos recursos se destinen a ayudar a empresas en crisis, una petición en la que coinciden con los sindicatos. «Mantener las exoneraciones (a la contratación) tiene un coste de 900 millones. Quite las exoneraciones y con esos 900 millones, cada mes, ayudaría a 900.000 autónomos a pagarle el cese de actividad», zanjó.