Vocales querían que se retirase la invitación al Ministro de Justicia
«Si no está el Rey, al ser un acto estrictamente jurisdiccional, no hay nada que refrendar por el Gobierno», sostenían
No salió adelante ni siquiera se llegó a plantear de una manera oficiosa ni oficial. Pero el enfado de algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial con todo lo sucedido alrededor de la ausencia de Felipe VI hoy en la Escuela Judicial, y todo lo que de ella se pueda derivar, era de tal calibre que incluso pensaron en tensar más la cuerda y que el presidente del CGPJ ,Carlos Lesmes, retirase la invitación al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien sí acudirá hoy a la entrega de despachos a los nuevos jueces.
En concreto, eran «unos cuatro vocales» los que conversaron entre ellas para estudiar esa posibilidad. La idea era, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de toda solvencia, «pedirle al presidente que retirase la invitación al ministro Juan Carlos Campo, ya que si no iba el Rey no había por tanto ningún acto que refrendar por el Gobierno y no tenía ya sentido que estuviese el Ministro de Justicia».
Por tal motivo esa minoría de vocales pretendía que Lesmes retirase la invitación al Ministro Juan Carlos Campo, porque ya no era necesario el refrendo por parte del Ministro de Jornada», que es el que suele acompañar al monarca en sus actos oficiales.
Y ello, añadieron al respecto, porque un acto como la entrega de despachos es estrictamente jurisdiccional, y, por tanto, en el mismo no tienen cabida los políticos» ni siquiera aunque ocupen una cartera ministerial.
Tras algunas conversaciones informales sobre esta cuestión, los mismos vocales se percataron que la idea no contaría en ningún caso con el aval del presidente del Consejo ni de la mayoría de sus compañeros. Y ahí quedó esa «iniciativa» –que no llegó a plantearse en ningún momento como tal– que hubiese sido desde luego «histórica».
Por otro lado, tampoco acudirán ni el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni la consellera del ramo (Justicia), Ester Capella, ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En este caso, porque, desde 2016, el CGPJ no invita a líderes políticos al acto. Es decir, justo desde el primer año de Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalita, cuando el independentismo había tomado ya rumbo hacia el choque con el Estado –en aquellas fechas (septiembre de 2016) se anunció el referéndum ilegal del 1-O–. Hasta esa edición, el presidente de la Generalitat sí acudía anualmente al acto de
Esa «propuesta» no llegó a plantearse ni siquiera oficiosamente y todo quedó en «conversaciones»
entrega de despachos a los nuevos jueces –el último president ha sido Artur Mas–.
En cualquier caso, la incomodidad del Poder Judicial con el independentismo es palpable por los múltiples desafíos y ataques a los que ha tenido que hacer frente. Sin ir más lejos, los últimos tres presidentes de la Generalitat han tenido que enfrentarse a las consecuencias judiciales por sus actos: Mas fue inhabilitado por la consulta del 9 de noviembre de 2014; Puigdemont está huido de la Justicia por el 1-O y la declaración unilateral de independencia; y, Torra está pendiente de su inhabilitación y destitución del cargo de president por un delito de desobediencia al no retirar una pancarta de apoyo a los presos independentistas del Palau de la Generalitat. En este sentido, la resolución del Supremo que, previsiblemente, ratificará la condena a Torra podría llegar de manera inminente –la semana que viene–.
Los permanentes desafíos lanzados desde las instituciones catalanas al Poder Judicial también han tenido continuidad en la calle. El independentismo social ha protagonizado múltiples ataques a sedes judiciales y ha puesto en el punto de mira a determinados jueces que tenían en sus manos causas relacionadas con el «procés»: de hecho, el episodio más destacado son los ataques a la vivienda del juez instructor del 1-O, Pablo Llarena.