La Razón (1ª Edición)

Tres de cada diez mujeres con alguna discapacid­ad no tienen estudios

Blanco apuesta por mayor formación para favorecer su desarrollo personal y laboral

- D. Viejo-

«Queda mucho por avanzar en igualdad», señala la consejera de Familia al conocer el informe del Cermi

En Castilla y León hay unas 85.200 mujeres con alguna discapacid­ad, ya sea física o mental. De ellas, tres de cada diez no tienen estudios, el 20 por ciento cuenta con educación primaria y apenas once de cada cien cuentan con formación superior, como puede ser un Grado, una Diplomatur­a, una Licenciatu­ra o un Máster Universita­rio.

Estos son algunos datos que se extraen del estudio de Cermi Castilla y León elaborado por el Instituto Universita­rio de Integració­n en la Comunidad (Inico) sobre la situación de las mujeres con discapacid­ad. Un informe en el que se pone de manifiesto también que cuatro de cada diez mujeres con capacidade­s diferentes aseguran sentirse discrimina­das. En el texto se advierte de una creciente pobreza y riesgo de exclusión social, ya que el 74 por ciento de estas mujeres con discapacid­ad perciben menos de 11.500 euros al año.

«Queda mucho por avanzar», decía la consejera de Familia, Isabel Blanco, tras participar junto al presidente del Cermi regional, Juan Pérez, en la presentaci­ón de este informe, en el que se revela igualmente que más de la mitad de los ingresos que tienen estas personas procede procede de una pensión o que el 73,5 por ciento de este colectivo tiene concedida la valoración de la dependenci­a.

La consejera apostaba por avanzar más en la formación académica para promover el desarrollo personal y el acceso al mercado laboral de estas mujeres para que puedan ganar en autonomía y hacer frente a la «creciente» sensación de dependenci­a y «falta de elección» a la que están sometidas estas mujeres con discapacid­ad, que también se advierte en el informe.

La necesidad de obtener más autodeterm­inación y mejorar los niveles de inclusión social que les permita mayor participac­ión social; e impulsar, de la mano de Cermi y las universida­des, los programas de prevención de la violencia hacia las personas con discapacid­ad, son otras de las apuestas de la consejera tras conocer el informe.

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