Propuesta oficial para impedir fumar en las terrazas
El Ministerio de Sanidad ha decidido sumarse a la cruzada antitabaco que han puesto en marcha numerosas autonomías con motivo de la pandemia. Un documento pactado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y aún no aprobado recomienda prohibir el consumo de este producto, así como otros relacionados, en las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración.
Según el texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «fumar tabaco y consumir productos relacionados emite aerosoles que pueden contribuir a la transmisión del virus. Así, al fumar y exhalar el humo, ya sea de tabaco convencional, por calentamiento, cigarrillo electrónico y mediante utensilios como pipas de agua, se expulsan diminutas gotitas respiratorias, de modo similar a las que se expelen al hablar, toser, estornudar o respirar, que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas». El documento añade que estas gotitas
Canarias, Baleares, Aragón, Asturias, Cantabria y la Comunidad Valenciana ya han adoptado esta medida
«permanecen suspendidas en el aire en forma de aerosol y pueden viajar más lejos que gotas más grandes, y permanecer en el ambiente incluso después de que la persona emisora lo haya abandonado».
Como se recordará, regiones como Canarias, Baleares, Cantabria, Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana ya han adoptado esta medida. El departamento que dirige Carolina Darias se agarra precisamente
a esto para proponer la prohibición. Según expone el texto, todos estos territorios han avanzado medidas de acuerdo con las nuevas evidencias que van apareciendo, entre las que figura la prohibición en las terrazas al aire libre de los establecimientos hosteleros, «independientemente del mantenimiento de los dos metros como distancia de seguridad interpersonal». Además, apunta, «se conoce que otras comunidades están actualmente considerando la aplicación de esta medida, han emitido recomendaciones al respecto o están a favor de su aplicación». Según ha podido saber este periódico, la intención inicial de las autoridades era elevar al pleno del Consejo Interterritorial, el máximo órgano de coordinación sanitaria del conjunto del Estado, el debate sobre esta medida, incluyéndolo en uno de los puntos del orden del día, aunque el Ministerio de Sanidad podría aplazar la decisión.