Encuentro bilateral entre la comunidad y Aragón para hablar de la PAC
Piden que se acabe con derechos históricos y se actúe con «sensatez, prudencia y rapidez»
Los consejeros de Agricultura de Castilla-la Mancha y Aragón, Francisco Martínez Arroyo y Joaquín Olona, respectivamente, suscribieron ayer en Toledo un acuerdo marco entre ambos gobiernos sobre las cuestiones esenciales de la PAC 20232027.
Lo hicieron a modo de decálogo, que contempla entre otro puntos, la desaparición de los derechos históricos; el alcance de una convergencia total desde el año 2023 y la reducción del número de regiones agronómicas; un techo de ayuda por explotación y una ayuda redistributiva, así como el apoyo contundente a la ganadería extensiva, a la agricultura y ganadería familiar y a los profesionales; y que se garantice un esquema de apoyo a la agricultura ecológica de mantenimiento.
Este encuentro de Toledo sirvió para concretar el compromiso de ambas comunidades de apostar por un modelo de agricultura y ganadería familiar, apoyando a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el territorio y que son las que generan actividad económica y empleo en los pueblos.
Además, ambos pidieron dar prioridad a las mujeres con un incremento real del cinco por ciento en pagos directos y que la PAC incluya la condicionalidad social, de forma que solo los agricultores y ganaderos que cumplan la normativa en materia laboral puedan cobrar las ayudas.
También coincidieron en la convergencia de las ayudas para que los agricultores cobren lo mismo independientemente de donde se encuentren sus explotaciones, algo que actualmente no sucede, con mermas en Castilla-la Mancha de cuarenta euros de ayudas con respecto a la media nacional.
Para Francisco Martínez Arroyo, hay que «fomentar el trato igualitario» de manera que «un agricultor, independientemente de dónde esté su explotación, cobre lo mismo por hectárea». Algo que defienden ambas comunidades, puesto que «los dos gobiernos queremos un cambio real en el sector agrario», cambiando radicalmente el planteamiento y apoyando el modelo de agricultura familiar y profesionalizada.
Además, «hay que orientar los trabajos en las próximas semanas y meses en apoyar al agricultor y ganadero profesional, implementándose un pago redistributivo, con un pago extra para primeras hectáreas, que se financiaría aplicando un techo por explotación limitando las ayudas a las explotaciones más grandes», siempre teniendo en cuenta la generación de empleo.
Según expresó Francisco Martínez Arroyo, el de ayer fue un «encuentro importante» de dos comunidades que ocupan el 25 por ciento del territorio del país, siendo regiones muy potentes en cuanto a la PAC, con un total de más de 150 mil perceptores en común, superando los 6.4 millones de hectáreas de superficie solicitada en esta política, y con un sector agrario muy relevante en la economía, donde destaca la ganadería extensiva, con 10.700 ganaderos.
Castilla-la Mancha y Aragón firman un acuerdo marco para la reforma de la PAC 2023-2027.
Esta firma se enmarca dentro del «Pacto de Almagro» rubricado en marzo de 2018, en el cual se fijaba el modelo de agricultura que ambas comunidades autónomas consideraban adecuado y donde se recogían las medidas y condiciones que debían integrar la futura PAC a aplicar a partir de 2021.
El acuerdo entre Castilla- La Mancha y Aragón, que llega en un momento clave, en el que se aborda la fase final de la negociación y de cómo se aplicará esta política europea a nivel nacional, es un documento de intereses comunes ante la nueva PAC que regirá a partir de 2023, que se engloba en la «guía de trabajo» común que ambas regiones han marcado en estos tres años, y donde se recogen las cuestiones aún no consensuadas a nivel nacional y que ambas administraciones consideran irrenunciables y de gran importancia.