Las personas mayores y dependientes podrán elegir «con garantías» sus residencias
Es una de las novedades más destacadas de la futura Ley de Atención Residencial
Las residencias de personas mayores y con discapacidad deberán someterse a una evaluación continua de calidad, que recogerán la calidad de vida de sus usuarios y la contribución de los apoyos profesionales y los servicios prestado. Un procedimiento que dará lugar a una categorización objetiva de los centros, con informes que serán públicos para que los futuros usuarios o sus familias pueden elegir «con garantías» el centro al que quieran acudir.
Estas notas serán «determinantes» para que las residencias de titularidad privada puedan acceder a la concertación de servicios con la administración. Así lo indicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la presentación de las novedades del anteproyecto de Ley de Atención Residencial.
Además, afirmó que el modelo para cuidados de larga duración en Castilla y León girará en torno a las unidades de convivencia para que el centro sea lo más parecido a la vivienda habitual de los usuarios. Es decir, la Junta obligará, cuando esté aprobada la ley a finales de este año o principios de 2022, a que las residencias de nueva construcción sean entornos «íntimos y acogedores», que eviten la masificación y faciliten la convivencia y el desarrollo de proyecto vital de cada residente.
Otro de las prioridades de la norma es la necesidad de que el sistema sanitario público garantice el acceso de los residentes a sus servicios en equidad con el resto de la población, aunque no esto no es óbice para que los centros cuenten con su personal sanitario.
Además, el proceso de evaluación de la calidad se complementará con el que lleve a cabo el servicio de Inspección de la Junta, que seguirá con sus funciones habituales aunque estará apoyado con un sistema de información que le reportará datos a distancia y en tiempo real de los requisitos de obligado cumplimiento.