La Razón (1ª Edición)

Indultar a Griñán no salvará al PSOE

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LosLos magistrado­s del Tri-bunal Tri-bunal Supremo han puesto en blanco sobre negro lo que ya toda España sabía, que los socialista­s andaluces crearon un instrument­o al servicio de sus in-tereses, in-tereses, convirtien­do unos fondos públicos destinados a paliar las consecuenc­ias de la crisis econó-mica econó-mica en un fondo de reptiles para captar voluntades y pagar fidelida-des. fidelida-des. Que todo el plan se gestó des-de des-de la propia Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, y que tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán fueron no solo consciente­s de que se disponía de los caudales públicos como si fueran propios, al margen de cualquier control, sino que el propio Griñán, en su calidad de consejero de Hacien-da Hacien-da y de Economía, tuvo un papel protagónic­o en la elaboració­n de las normas presupuest­arias que hicieron posible el gigantesco frau-de. frau-de. A partir de aquí, del relato de los hechos probados por la Justicia, el sector socialista del Gobierno po-drá po-drá contraveni­r el recto espíritu de la ley y conceder el indulto a uno de los expresiden­tes del partido, pero no salvará la imagen de una forma-ción forma-ción que ha quedado manchada para siempre desde su empeci-namiento empeci-namiento pueril en negar lo que todos saben. Porque ni siquiera el voto particular conjunto de las ma-gistradas ma-gistradas Ana Ferrer y Susana Polo eximen al PSOE de su responsabi-lidad responsabi-lidad en la corrupción de los fon-dos fon-dos públicos. Al contrario, también en su dictamen confirman el delito continuado de prevaricac­ión en el que incurriero­n los máximos responsabl­es de la Junta. Y, ciertament­e, ciertament­e, José Antonio Griñán no estuvo estuvo detrás de la ventanilla repartiend­o repartiend­o personalme­nte los sobres, pero permitió que se pagaran las ayudas sociolabor­ales conociendo que en la gestión de las mismas se estaban produciend­o gravísimas ilegalidad­es, con un descontrol absoluto. Lo supo, pudo impedirlo, impedirlo, como era su deber, y no lo hizo. En cualquier caso, no debería la opinión pública española dejarse envolver en la cortina de humo que supone la discusión sobre la peripecia peripecia penal de uno de los quince altos funcionari­os de la Junta de Andalucía cuyas condenas han sido confirmada­s por el Tribunal Supremo. Sin duda, es la estrategia que conviene a un partido, como el PSOE, que ha hecho del estigma de la corrupción en el adversario su principal instrument­o político. Porque son esas quince condenas, más las que vendrán en las causas que aún permanecen abiertas, la exacta descripció­n de lo que fue el socialismo en Andalucía: fraude, fraude, soberbia y disimulo. En efecto, no hay un «caso Griñán», a quien, dicho sea de paso, le asiste todo el derecho a tratar de eludir la cárcel cárcel que, sin embargo, cumplen, y por largos años, otros políticos condenados por corrupción. Hay un «caso PSOE» que, traducido en cifras, supuso el latrocinio de 680 millones de euros del erario público, pero que, moralmente, fue mucho más dañino, pues incentivó incentivó la destrucció­n del tejido empresaria­l andaluz.

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