EL PECADO ORIGINAL ESTÁ EN 2015
En el año 2019, entre los meses de marzo, abril y mayo, fallecían en España una media de 1.111 personas diariamente. Pero tres fuentes diferentes a las sanitarias, el INE, el Registro Civil y el sector de las funerarias, coinciden que, hasta hace tan solo una semana, el número de fallecidos se había elevado a una media de 1.726 diarios, es decir, que desde la declaración del estado de alarma, hasta la última semana de mayo, habían fallecido una media de 615 personas más por día. En el periodo de estos setenta días calculaban más de 43.000 (70 x 615 = 43.050) fallecidos que los producidos en esas fechas en el pasado año 2019. El Gobierno solo reconoce, hasta la fecha, a 27.134 fallecidos. El siete de mayo Fernando
Simón nos explicaba las discrepancias en las estadísticas con respecto al número real de fallecidos; «No sabemos si se debe a un accidente de tráfico enorme». Fue uno de los ejemplos que hemos vivido en estos meses de cómo el Estado practica el engaño, su («política de comunicación») sobre su población.
Nada es casual ni se deja a la improvisación. Este Gobierno apuesta decididamente por la propaganda, escondida bajo la eufemística expresión de política de comunicación y cuya premisa básica es evitar que la opinión pública se levante contra sus gobernantes. Por lo tanto vivimos en un estado de alarma y de propaganda que limita el control al gobierno y mantiene adormecidas las conciencias ciudadanas. Sabemos que a lo que más teme el Gobierno es a un estado de opinión hostil, que como sucediera en 1996 y 2011, acabe derribando al ejecutivo y sea sustituido por otro de centro derecha con una amplia mayoría parlamentaria. España realmente lleva sin solucionar su problema de gobernabilidad desde 2015, cuando las primeras de las cuatro elecciones generales celebradas desde entonces, dibujaron un parlamento enormemente fraccionado. Ahora se cumplen los dos años del derribo de Rajoy por una coalición Frankenstein que no ha aportado la tan ansiada gobernabilidad, y que obliga al Gobierno cada quince días a mendigar, incluso a pactar con el diablo, para que se le aprueben las prórrogas. Pero en pocas semanas la gestión del COVID-19 quedará en el plano judicial y el Gobierno empezará a centrarse en la gran tormenta que se aproxima, la económica y social.
Los socialistas empiezan a ver el rescate que solicitarán este otoño, y un acuerdo con el centro derecha, como su salvación para agotar la legislatura. Mientras Unidas Podemos espera que la crisis económica que llega y los recortes que se nos impongan desde la UE, consigan un agravamiento de la crisis social, un otoño caliente, como última oportunidad para acabar con el régimen constitucional de 1978.