El CNI se ha ganado el respeto que le niegan
ElEl Centro Nacional de Inteligencia ha cum-plido cum-plido dos décadas de vida en el ojo del huracán político. El episodio del espionaje a un grupo de independentistas ha empujado a la plaza pública a una organi-zación organi-zación que por su naturaleza y función constitucional debe estar fuera de ese foco. Que además los responsables del tumulto, que ha quebrantado el espíritu del Cen-tro Cen-tro y la discreción de su misión y la del trabajo de los cientos de profesionales que prestan allí sus servicios, hayan sido miembros del gobierno y aliados parlamen-tarios parlamen-tarios ha abonado la incómoda y nociva vulnerabilidad de un esta-mento esta-mento crítico para la seguridad del Estado. Este acoso inquisitorial de la facción de ultraizquierda que se acomoda en el consejo de minis-tros, minis-tros, de los separatistas catalanes y de los bilduetarras, en un ejercicio exhibicionista de sobreactuación, frivolidad y fabulación en torno a un asunto que emerge cada día más como una burbuja de parte bajo inconfesables intereses, no ha sido una excepción en el deve-nir deve-nir de la legislatura, sino la práctica de una dinámica de degradación y desactivación de algunas de las instituciones del Estado, que son las que arman y blindan su poder frente a aquellos que buscan re-moverlo re-moverlo para imponer sus planes. En ese baluarte de fortificaciones constitucionales contra las ame-nazas ame-nazas a la seguridad nacional, el CNI es un instrumento crucial y en buena medida su labor silen-te silen-te y en la sombra ha amparado y ampara las libertades de los españoles españoles y el ejercicio de derechos fundamentales. La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Centro Nacional de Inteligencia, en su artículo primero, establece con nitidez nitidez sus deberes principales que se sustancian en «prevenir y evitar evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones». Esa guardia en vigilia continuada lo es contra los enemigos internos y externos, y los riesgos domésticos y foráneos. Es lógico y obligado atender y controlar controlar a aquellos que han atentado contra el orden constitucional, y que se han jactado de que lo volverán volverán a hacer. No hacerlo, infravalorar infravalorar el riesgo, sería prestar un pésimo servicio a los españoles, y entonces sí que habría que exigir responsabilidades. Resulta obvio que a los enemigos del Estado, a quien conspira contra las libertades libertades de la gente, incomodan y alteran instituciones como el CNI, que, obviamente, no son inmaculadas inmaculadas ni están a salvo de errores. Por esa constancia de ser falibles existen procedimientos reglados, sometidos a fiscalización, con protocolos específicos. La ejecutoria ejecutoria de los funcionarios del CNI es plenamente garantista. Está regida por el principio de sometimiento al ordenamiento jurídico y bajo control judicial previo. El Centro se debe a la Ley y a la democracia. Como ha demostrado en estos 20 años de servicio y lealtad a España. Se ha ganado el respeto que una parte de la política gubernamental le niega.