¿Salvar a Sánchez o salvar a España?
EnEn España el debate ya está abierto en canal ante la opi-nión opi-nión pública y publicada: ¿es compatible ayudar a sobrevivir políticamente a Sánchez, argumentando además que se hace por interés del Estado? Esta pregunta viene a colación tras las diversas votacio-nes votacio-nes realizadas en la sesión plenaria de anteayer jueves en el Congreso, todas ellas salvadas por los votos de la oposición –PP, Vox y Cs–; especialmente la relativa al pro-yecto pro-yecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional de evidente interés general.
El caso Pegasus vivido esta semana ha sido el último capítulo de un conti-nuado conti-nuado intento de demolición del Esta-do Esta-do que comenzó el 1º de junio de 2018 con la moción de censura que aupó a La Moncloa a Pedro Sánchez con el magro soporte de los 84 diputados de su parti-do, parti-do, el PSOE, pero apoyado por fuerzas políticas diversas –«el bloque político de la moción», colocado desde entonces en la «dirección del Estado»–, fuerzas unidas entre sí tan solo por el común interés de infligir el máximo daño posible a España y a las instituciones de nuestro Estado de-mocrático de-mocrático y de derecho. Desde esa fecha vivimos instalados en la contradicción existencial de tener un Gobierno de la Nación y del Estado apoyado por quienes lisa y llanamente son sus enemigos declarados. declarados. El singular cese –ni destitución, ni sustitución– ofrecido en bandeja de plata plata al secesionismo republicano catalán, de la directora del CNI por haber osado cumplir con su deber de vigilar y espiar a quienes conspiran para aniquilar España, es una indignidad solo imaginable en un dignatario que ha acreditado sobradamente sobradamente que su única guía de actuación es la satisfacción de su afán de poder.
Hubo un tiempo en el que conjugar el verbo dimitir era una realidad en la esfera esfera pública, bien por considerar un deber de conciencia renunciar a la responsabilidad responsabilidad correspondiente por estimar que la permanencia en el cargo era incompatible incompatible con los principios y valores del interesado, o por entender que era lesivo para el interés general de la Nación. Con el sanchismo nos hemos adentrado en un inhóspito territorio en el que «el fin justifica justifica los medios», incluso cuando es claramente claramente injustificable por ser contrario a una mínima exigencia de ética pública, como el caso que nos ocupa.
El afán de poder personal no puede prevalecer nunca ante el superior interés interés general del país, reflexión obligada obligada ante el cariz que están tomando los acontecimientos y la reiterada voluntad del interesado de no dimitir ni convocar elecciones bajo ningún concepto. Todo ello sin perjuicio de los omnímodos poderes poderes confiscatorios que la reforma de la ley otorga a Sánchez.