La Razón (Andalucía)

La guerra entre ERC y JxCat allana la aplicación del 25%

► El Govern asume por primera vez que tendrá que dar cumplimien­to a la resolución tras la orden dictada por el TSJC

- Javier Gallego.

ElEl constituci­onalismo acaricia una victoria histórica frente al in-dependenti­smo: in-dependenti­smo: la aplicación de la sen-tencia sen-tencia del 25% de castellano. La re-solución re-solución judicial se dictó en diciem-bre diciem-bre de 2020, pero, desde entonces, el Govern ha tratado de ir aferrán-dose aferrán-dose a todos los resquicios legales posibles para evitar su cumplimien-to, cumplimien-to, hasta que ha llegado al límite y ha topado con la orden de ejecución inmediata dada esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de Ca-taluña Ca-taluña (TSJC). Una orden dada a raíz de la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

El Govern ha topado con una derrota judicial, pero también con una derrota política, cimentada por la propia división de Esquerra y JxCat. La falta de entendimie­nto entre ambas formacione­s políticas está empujando a la Generalita­t a optar por el cumplimien­to: el con-seller con-seller de Educación, Josep Gonzá-lez-Cambray, Gonzá-lez-Cambray, dio a entender el jueves por primera vez que sí que dará instruccio­nes a los directores de las escuelas para que apliquen el 25% de castellano.

Y es que Esquerra aspiraba a in-tentar in-tentar forzar el marco legal para evitar un cumplimien­to explícito de la sentencia: en concreto, los republican­os acordaron junto a PSC, Comunes y JxCat una modifi-cación modifi-cación de la Ley de Política Lingüís-tica Lingüís-tica de 1998 que esquivaba el 25% del castellano, pero sí incluía una flexibiliz­ación de la inmersión lin-güística. lin-güística. « La determinac­ión de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la realidad sociolingü­ística y la evolución del proceso de apren-dizaje apren-dizaje lingüístic­o, oral y escrito, de acuerdo con los elementos de control, control, evaluación y mejora de las competenci­as lingüístic­as», planteaba planteaba el texto de la reforma legal.

Y, de hecho, atendiendo a la resolución resolución judicial del TSJC, esta vía también quedaba avalada porque se ordena aplicar la sentencia mediante mediante una «innovación normativa» normativa» o mediante una «instrucció­n». Sin embargo, JxCat, que sí estuvo inicialmen­te en el acuerdo, se descolgó descolgó a las pocas horas ante las presiones de los sectores independen­tistas independen­tistas más radicales y, tras haber haber estado durante semanas dando largas, se ha echado atrás definitiva­mente. definitiva­mente. En el partido posconverg­ente posconverg­ente entienden que este acuerdo buscaba diluir la responsabi­lidad en la gestión del conseller de Educación Educación (que es de ERC), que está abrasado por diversos frentes en su departamen­to, y han rechazado salir a su auxilio con una cuestión tan delicada, como la lengua.

En la AEB, entidad de referencia en la defensa del castellano en la educación en Cataluña, sí se muestran más optimistas con la aplicación de la sentencia después de ver el cambio dado por el conseller. conseller. La entidad, liderada por Ana Losada, lleva más de una década luchando por acabar con el monopolio monopolio del catalán en la escuela pública y ahora está más cerca que nunca de conseguir su objetivo. « Es evidente que del lunes al jueves jueves hay diferencia. Ya están asumiendo asumiendo que la ejecución forzosa es inevitable», señala Losada, que también ve señales de rendición en ciertos sectores del nacionalis­mo, nacionalis­mo, que ya asumen el 25% de castellano castellano en las aulas.

Detrás de Losada, ha estado siempre el abogado José Domingo, Domingo, que se ha encargado de liderar la batalla jurídica frente a la Generalita­t. Generalita­t. También cree que el Govern Govern parece más cerca que nunca de dar cumplimien­to, aunque está en alerta porque advierte de que habrá que vigilar cómo quedan redactadas las instruccio­nes para evitar «trampas». En este sentido, el Govern presentará un recurso antes del martes contra la orden del TSJC, pero tampoco puede frenar el cumplimien­to de la sentencia sentencia antes del 30 de mayo.

A partir de ahí, la previsión es que el Govern acuda al Tribunal Supremo. El Supremo suele tener una interpreta­ción mucho más restrictiv­a sobre la legitimida­d de las partes y podría poner en entredicho entredicho el papel de la AEB como actor que ha llevado a la Generalita­t Generalita­t ante los tribunales para que aplique la sentencia del Supremo. No obstante, Domingo matiza que el contenido de la resolución judicial judicial (es decir, el 25% de castellano) quedaría inalterado porque ya está avalado por el propio Alto Tribunal Tribunal y sería algo que tardaría dos años en suceder. Es decir, es un escenario bastante lejano.

De todas formas, en la AEB creen que el Govern ya no tiene ninguna manera de frenar la aplicación de la sentencia y está ya prácticame­nte prácticame­nte resignado. Sí es cierto que el Govern ha ideado, como réplica, un plan de choque para tratar de elevar el uso del catalán en otros ámbitos de las escuelas que vayan más allá de las propias aulas, aunque aunque no pasa de lo simbólico. En concreto, la previsión es que comience comience el curso que viene en 200 centros y se vaya extendiend­o hasta hasta 3.000, y tiene como objetivo que se hable más catalán en espacios como el comedor o el patio. La Generalita­t muestra su preocupaci­ón preocupaci­ón porque, según sus informes, en esos espacios, el uso del catalán ha bajado del 67,1% en 2006 al 21,4% en 2021.

En cualquier caso, el plazo máximo máximo para dar cumplimien­to a la sentencia es el 30 de mayo y, hasta entonces, el Govern tiene tiempo para ver cómo redacta las instruccio­nes. instruccio­nes. A partir de ahí, el TSJC también ha pedido a la Alta Inspección Inspección educativa (dependient­e del Gobierno, del Ministerio de Educación) que vele por el cumplimien­to cumplimien­to de la sentencia. La ministra, ministra, Pilar Alegría, ha asegurado esta semana que colaborará en el marco de sus competenci­as para que los 5.400 centros educativos catalanes den un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano: es decir, lengua castellana y otra asignatura troncal.

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