La cruda realidad de los ERE de la Junta, según los peritos del Estado
► Los interventores regresan a la Audiencia de Sevilla y hablan de «documentación casi nula» o «prisa para conceder las subvenciones»
LosLos interventores del Estado que desentra-ñaron desentra-ñaron las subvencio-nes subvencio-nes concedidas por la Junta de Andalucía para, presuntamente, sufragar los ERE de cientos de empresas duran-te duran-te la primera década de este siglo regresaron ayer a la Audiencia Pro-vincial Pro-vincial de Sevilla y, como ya hicie-ron hicie-ron durante el juicio de la pieza política, ofrecieron un rotundo diagnóstico de cómo se otorgaron aquellas ayudas: con una docu-mentación docu-mentación «prácticamente nula», sin que los beneficiarios ni tan si-quiera si-quiera las solicitaran, con «prisa» y sin ningún tipo de control por par-te par-te de la Administración del uso que las empresas o los empresarios hi-cieran hi-cieran de esos fondos públicos.
Con esa crudeza se manifestó Ángel Turrión, el jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que en su nombre y el de sus compañeros Rosa Hernández y Eduardo Vilaseca compareció ante la Sección Cuarta de la Au-diencia Au-diencia sevillana para explicar su trabajo en la pieza separada relati-va relati-va a las ayudas que el Gobierno andaluz dio a varias empresas del sector del corcho. Según Turrión, la documentación concerniente a estas subvenciones era «práctica-mente «práctica-mente nula», con la salvedad de algún informe y «alguna memoria sin firmar ni fechar». «Es una do-cumentación do-cumentación muy escasa al no existir solicitud ni compromiso del beneficiario para la realización de alguna actividad, ni concesión como tal, ni justificación de la sub-vención sub-vención ni control de la Junta de esos fondos públicos», explicó.
Todas las subvenciones, además, tenían como «denominador co-mún» co-mún» que el objeto de las empresas en cuestión «o no estaba definido o lo estaba de una forma tan genérica genérica que no puede considerarse objeto», un defecto de forma y fondo fondo que «impide cualquier control de su seguimiento» por parte de la Administración.
Turrión también se detuvo en los supuestos informes de viabilidad de dos de las sociedades ayudadas por la Junta, Cortansa y Corchos de
Cazalla, ambos «sin firmar ni fechar», fechar», con lo que «no se sabe en qué año» se hicieron. «Esa memoria memoria no es justificación de nada», afirmó. Estas empresas recibieron en primer lugar 1,2 millones de euros y, según el convenio firmado entre la Consejería de Empleo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), deberían haberse fusionado en seis meses, pero esa unión «no existió ni en 2001 ni en 2002 ni en 2003». Y en 2004, cuando cada una de ellas volvió a conseguir 600.000 euros «para un objeto tan difuso como su fusión definitiva», tampoco esta existió.
A los peritos también les llamó la atención que todas las ayudas, traducidas traducidas a pesetas, eran «cifras redondas», redondas», por no hablar de que «una parte» de ese dinero se destinaba a las deudas que las empresas mantenían mantenían con la Seguridad Social o Hacienda. En cualquier caso, «no consta en ningún papel cuál fue el destino de los fondos», apostilló Turrión.
Tras la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones de la Junta y el PPA, PPA, la única defensa que preguntó a los peritos fue la del principal acusado, acusado, Ángel Rodríguez de la Borbolla, Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla). Durante ese interrogatorio, interrogatorio, marcado por la evidente tensión tensión entre el letrado y el presidente del tribunal, los peritos fueron muy claros al ser cuestionados por los avisos que pudieron emitir los interventores interventores de la Junta... o la falta de avisos. « No creo que ninguna alarma pudiera ser conocida entre los beneficiarios, ninguno tiene por qué conocer el funcionamiento interno de una Administración. Otra cosa es que el beneficiario seguro seguro que sabe que la ayuda hay que solicitarla, que a cambio debe cumplir cumplir alguna obligación, que debe justificar el importe y que un organismo organismo público va a controlar el uso de los fondos», replicó Turrión.
En cuanto al supuesto plan de viabilidad, el interventor estatal insistió en que el documento que figura en la causa «no se parece» a eso porque en él «no hay una sola palabra» sobre actuaciones para reducir costes, aumentar ingresos o ampliar la cuota de mercado. Y sí, en cambio, «acciones exclusivamente exclusivamente societarias o financieras». «Parece un documento hecho para vender la sociedad», dijo.
Turrión, además, habló de «cierta «cierta prisa en conceder esas subvenciones», subvenciones», firmadas apenas uno o tres días después del sellado del convenio convenio marco entre la Consejería y el IFA, y las asoció a « necesidades urgentes de tesorería» de las empresas empresas beneficiarias.