Moncloa recela del «espectáculo» de la vuelta de Juan Carlos I
► El Gobierno esperaba más discreción y lamenta que «sobre el rey no manda nadie»
Moncloa busca deliberada y públicamente públicamente trasladar la imagen de que no tiene nada que ver con la vuelta de Don Juan Carlos a España. España. « No compete al Gobierno, es la Casa Real quien debe pronunciarse, pronunciarse, en su caso», señalaban esta semana, buscando no verse contaminados contaminados por la polémica que lleva aparejado el regreso. Intentan Intentan despachar toda responsabilidad responsabilidad a Zarzuela, de lo que consideran consideran una «cuestión privada». Sin embargo, el Ejecutivo sí trabaja entre bambalinas y a tres manos –con Casa Real y el entorno de Juan Carlos I–, como ya hiciera en su salida del país en agosto de 2020 o en el contenido del último comunicado comunicado que remitió el rey, para intentar que los pasos que se vayan vayan dando sean lo menos lesivos para la Monarquía. Por ello, aunque aunque en público se evite ahondar en el asunto, en privado no se oculta oculta el malestar que genera.
En Moncloa no comparten la gestión que se está haciendo de la vuelta de Don Juan Carlos a España, pues consideran que se está convirtiendo en un «espectáculo» «espectáculo» que no beneficia en nada a la institución. El contexto de su asistencia esta semana a las regatas regatas de Sanxenxo (Pontevedra), avanzado primero por amigos del monarca y oficializado después por el alcalde de la localidad gallega, gallega, excede los términos del anuncio institucional comprometido comprometido por la Casa Real, que aseguró aseguró que informaría con tiempo del primer viaje desde Abu Dabi. «Sobre el rey Juan Carlos no manda manda nadie», resume un miembro del Gobierno para intentar explicar explicar el curso que han ido tomando los acontecimientos.
En el Ejecutivo esperaban un regreso cuidado, medido al detalle y que se encuadrara dentro de la necesaria discreción. Una forma de normalizar su presencia en España, España, lejos de los focos y de la expectación expectación que se ha generado con su llegada a Pontevedra, donde habrá desplegada una nutrida representación representación mediática para seguir seguir cada movimiento. En el Gobierno Gobierno no se esconde la «incomodidad» que genera el retorno, retorno, una sensación que comparten comparten con Zarzuela, porque consideran consideran que «está mejor fuera». No obstante, sí señalan que no hay ninguna causa judicial que pese sobre él ni que impida que vuelva con toda libertad, porque creen que Don Juan Carlos no tiene sensación sensación de haber hecho nada malo. El momento elegido para su vuelta vuelta no es baladí. Se produce después después de que se archivara el último fleco de la investigación sobre el AVE a la Meca y tras materializarse la hoja de ruta de transparencia y ejemplaridad comprometida por la Casa Real, cuyas finanzas serán fiscalizadas en el futuro por el Tribunal Tribunal de Cuentas.
No obstante, desde Moncloa siguen manteniendo firmemente que Don Juan Carlos debe dar explicaciones a los españoles por las «perturbadoras» e «inquietantes» «inquietantes» –en palabras de Pedro Sánchez– Sánchez– informaciones que se han conocido sobre él. Desde el Ejecutivo Ejecutivo dicen desconocer si
Sanxenxo brindará la oportunidad oportunidad de hacerlo, pero no descartan que el rey se acerque a los medios para compartir con ellos algún «chascarrillo».
En este punto, en el Ejecutivo resaltan los esfuerzos que se están están haciendo desde la actual Jefatura Jefatura del Estado para avanzar en transparencia y ejemplaridad. Una posición de cortafuegos para proteger la figura de Felipe VI y la institución que les ha granjeado no pocos enfrentamientos con sus socios dentro y fuera de la coalición. Por concretar, queda todavía el encuentro entre Felipe VI y su padre, después de que Zarzuela Zarzuela informara el pasado fin de semana de que ambos habían hablado por teléfono durante el viaje del Rey a Abu Dabi para dar las condolencias a la familia real de Emiratos Árabes Unidos por la muerte del jeque Jalifa bin Zayed al Nahyan. Entonces no coincidieron, coincidieron, pero sí acordaron verse a su regreso a España.
Tres años después de que la Junta Junta Electoral Central trasladase al Parlamento Europeo que Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín no habían cumplido con el trámite de prometer o jurar lealtad a la Constitución de forma presencial, la Eurocámara ha constatado que no se pueden verificar verificar las credenciales que aportaron aportaron en su día ambos europarlamentarios. europarlamentarios. Por llamativo que pueda parecer, el procedimiento de comprobación que lleva a cabo la Comisión de Asuntos Jurídicos Jurídicos del Parlamento Europeo se ha demorado tanto por la pandemia pandemia como por el Brexit (que ocasionó la salida de los parlamentarios parlamentarios británicos y la entrada de nuevos diputados). De manera manera que finalmente la citada comisión, comisión, que preside el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, ha reparado en que no se pueden verificar las credenciales aportadas aportadas por Puigdemont, Comín y los también parlamentarios Clara Ponsatí y Jordi Solé (ERC).
Fuentes de la Eurocámara apuntan que «a día de hoy no se ha recibido la documentación que acredite con total claridad que se han cumplido los requisitos requisitos para la verificación de las actas actas de estas cuatro personas». El presidente de la comisión ha puesto este hecho en conocimiento conocimiento de la presidenta del Parlamento Parlamento Europeo, Roberta Metsola, Metsola, para que requiera a la Junta Electoral Central «la notificación y documentación para verificar las credenciales». Y, si no es posible, posible, añade, que aclare «las consecuencias consecuencias que de ello se deriven por la legislación nacional».
La Junta Electoral no aceptó el documento notarial que aportó la defensa de Puigdemont en el que «por imperativo legal» acataba la Constitución, y así se lo trasladó a la Eurocámara en junio de 2019. Pese a todo el Parlamento Europeo Europeo le reconoció la condición de diputado una vez el Tribunal de Justicia de la UE así lo determinó en diciembre de ese año. Fuentes próximas al expresident aseguran que Puigdemont mantendrá en todo caso su acta parlamentaria.