El argumento de la falta de avisos de la Junta y la «ruina» propia en los ERE

El principal acusado en el tercer juicio de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía, un empresario empresario de Cazalla de la Sierra (Sevilla) que llegó a ser alcalde de esa localidad y que es hermano del expresidente andaluz José Rodríguez Rodríguez de la Borbolla, se escudó en sus múltiples conversaciones con los altos cargos con quienes tramitó varias ayudas a empresas del sector del corcho para señalar que no tenía «absolutamente ninguna ninguna duda» de que todo el proceso proceso fue legal. Ante la Sección Cuarta Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ayer asistió al interrogatorio interrogatorio de los cinco procesados, Ángel Rodríguez de la Borbolla también se parapetó en la «ruina» que esos negocios le causaron.

« Hablé con consejeros, viceconsejeros, viceconsejeros, directores generales de Trabajo, directores generales del IFA... Y nadie me hizo indicación indicación de que alguna de estas cosas pudiera ser ilegal. Si esto me lo plantea un señor consejero, yo duda no puedo tener absolutamente absolutamente de nada», dijo.

Rodríguez de la Borbolla reconoció reconoció que fue él quien gestionó las ayudas de la Junta para cinco empresas del corcho y que fue él quien redactó los planes de viabilidad, viabilidad, aunque en las actuaciones no consta ninguno que siga los requisitos exigidos por la ley. «Los hice yo con mis conocimientos», espetó antes de calificar como «un desastre» la documentación que consta en la investigación judicial. Claro que cuando el presidente presidente del tribunal le preguntó si guardaba los planes que él confeccionó, confeccionó, respondió que no porque porque «hace ya mucho tiempo».

El encausado también garantizó garantizó que que las empresas «reunían los requisitos» que pedía la Administración Administración para recibirlas porque «no había ninguna otra en Andalucía Andalucía dedicada a la transformación transformación y comercialización del corcho» corcho» y, además, estaban en crisis. Ahora bien, cuando pidió a los bancos un préstamo puente, a la espera de que la Junta pagase, sólo pudo presentar la resolución del director general porque no tenía «ninguna otra documentación». documentación». También reconoció que parte de los 8,4 millones que consiguió consiguió ese conglomerado empresarial, empresarial, cuyo eje eran Cortansa y Corchos de Cazalla, fueron destinados destinados a «pagar deudas con Hacienda Hacienda y la Seguridad Social y pagar a acreedores». Y ese destino de los fondos, además, estaba «absolutísimamente justificado», aunque el propio acusado admitió admitió que en este sentido no presentó presentó «nada». «Pero cumplí al 100% las obligaciones con la Administración», Administración», matizó.

También dijo que «nunca jamás» jamás» pidió una ayuda para sus otros negocios (compra y venta de ganado, turismo rural, muebles...). muebles...). En el caso del corcho, lamentó, lamentó, las aportaciones que tuvieron tuvieron que realizar otros socios y él mismo «causaron la ruina de más de uno», por ejemplo él.