Los acusados del corcho actuaron «a sabiendas»
► La fiscal solicita cárcel en la pieza de los ERE y apunta al «descontrol absoluto»
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla celebró ayer la fase de conclusiones definitivas e informes finales, del juicio por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas vinculadas al sector del corcho, como Corchos Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad. A la hora de exponer exponer su informe final, la fiscal aseguró aseguró que todos los acusados actuaron «a sabiendas» de que las ayudas por valor de más de 8,4 millones cosechadas cosechadas por el citado grupo de empresas empresas entre 2001 y 2007 fueron entregadas por la Junta «al margen de cualquier procedimiento legal», considerando además que todos ellos «sabían que nadie controlaría el destino» de los fondos públicos concedidos.
Los encartados en esta pieza de la macrocausa de los ERE son Ángel Rodríguez de la Borbolla –hermano –hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE–, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración administración de varias de las empresas; empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.
Tras las testificales y periciales, iniciado a mediados de marzo, la fiscal del caso invocó el testimonio del exconsejero socialista de Empleo Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado por el «procedimiento específico» mediante mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida 31L de los presupuestos presupuestos andaluces.