Las víctimas necesitan que se haga justicia
AlasAlas 20:15 horas de un día como hoy de hace 20 años, los terrorista Óscar Zelara-in Zelara-in y Andoni Otegi hacían explosionar un coche bomba en el perímetro del cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola. Como consecuen-cia consecuen-cia de la onda expansiva, perdieron la vida la niña de seis años Silvia Martínez, hija de uno de los guar-dias guar-dias civiles que residían en el acuartelamiento, y el prejubilado de 57 años Cecilio Gallego, que se en-contraba en-contraba en ese momento esperando el autobús cerca de lugar donde se produjo la explosión.
Diez años después, la Audiencia Nacional con-denó con-denó a 843 años de cárcel a los dos etarras, miem-bros miem-bros del denominado «comando Argala», que co-locaron co-locaron el coche bomba sin previo aviso y en un momento en el que el cuartel estaba lleno. Ellos fueron los autores materiales del atentado, pero no quienes lo idearon ni quieres ostentaban la respon-sabilidad respon-sabilidad por dominio de la banda terrorista que en aquel verano, como en otro muchos, había puesto en marcha una nueva «campaña» de masacres des-tinadas des-tinadas a socializar el sufrimiento e infligir por esa vía el terror en la ciudadanía.
Los jefes que dieron las órdenes de llevar a cabo todos esos atentados, quienes podían haberlos evitado evitado con solo haber levantado el teléfono para verbalizar verbalizar la idea salieron de rositas de aquel procedimiento procedimiento de la Audiencia Nacional. Jamás fueron perseguidos como autores mediatos. Hasta ahora. Después de aquella sentencia que en 2012 condenó a Zelarain y a Otegi, tras otras muchas que se quedaron quedaron únicamente en quienes apretaron el gatillo y como continuación a un proceso de reflexión jurídica jurídica sobre cómo buscar a los culpables de 379 asesinatos asesinatos de ETA que aún siguen sin resolver, Dignidad y Justicia ideó una estrategia en los tribunales para perseguir a esos autores escondidos que idearon los crímenes, que pudieron haberlos impedido y que, sin embargo, dejaron que se materializaran.
La semana pasada, a solo unos días de que se cumplieran cumplieran 20 años del atentado de Santa Pola y, por lo tanto, de que se alcanzara la fecha tope para considerar considerar el delito técnicamente prescrito, la Audiencia Nacional imputó a todos los dirigentes de ETA que ostentaban el cargo de jefe en el momento en que tuvo lugar el atentado. Era el segundo grupo de máximos máximos responsables de la organización que el alto tribunal consideraba investigado tras haber concedido concedido ese «estatus» a los líderes que idearon el secuestro secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Dignidad y Justicia espera, por supuesto, que no sea el último, pues mantiene otras cinco causas abiertas contra dirigentes de la organización. Las víctimas necesitan que se haga justicia, que los que planificaron planificaron los crímenes que acabaron con la vida de sus familiares sean juzgados y, si no han encontrado al autor material, que al menos el máximo responsable responsable de dar la orden sea investigado.