Los cazadores lamentan su «condena al ostracismo social»
► Valoran el nuevo plan andaluz que regula la actividad, aunque aseguran que todavía tienen que soportar «muchos estigmas»
Con más de 45.000 empleos generados y una aportación de 3.500 millones de euros a la economía andaluza, la caza es una actividad que no solo se circunscribe al ámbito federativo, sino que crea riqueza, fija la población al territorio y contribuye a la conservación del medio ambiente. Sin embargo, los cazadores consideran que están «condenados al ostracismo social» porque tienen que soportar «muchos estigmas». Con todo, cada vez más administraciones – sobre todo autonómicas– están respaldando esta actividad, regulando normativas y reconociendo contribución. Es el caso de la Junta de Andalucía, que acaba de aprobar el Plan Andaluz de Caza para el periodo 2023-2033, estableciendo las bases para la ordenación de los recursos y adecuando el anterior texto a las transformaciones del entorno cinegético y ambiental de los últimos años.
«No se valora en su justa medida los beneficios que aporta la caza», lamenta José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, quien asegura que «cuando aparecemos en los medios suele ser por hechos luctuosos o por la comisión de infracciones». Políticamente, a su juicio, «se nos mira con recelo porque a veces surgen opiniones contrarias a nivel social». Mancheño cifra en 220.000 los cazadores existentes en Andalucía, 100.000 de ellos federados, una de las organizaciones más numerosas en la comunidad autónoma y, pese a ello, «parece que estamos apartados».
El colectivo ha pedido a la Consejería de Sostenibilidad la ejecución de un estudio en el que se refleje lo que representa la caza a nivel social. «Por ejemplo, en Sierra Morena esta actividad fija población al territorio, ya que se generan peonadas y empleos directos en muy diversos ámbitos, como la restauración». «Si no existiera la caza, muchos pueblos de Sierra Morena desaparecerían», ejemplifica.
Mancheño valora positivamente la aprobación de este plan, aunque muestra su preocupación por la caza menor, una disciplina que «necesita hechos». Una de las medidas que reclama es el fomento de la investigación científica. Junto a ello, pide el desarrollo de la orden que regula el control de los depredadores, que se publicó en el año 2003 y que el PSOE dejó en el limbo. La sequía también está afectando de manera intensa. «Conejos, perdices y liebres padecen enfermedades y sufren la falta de alimento y agua», lamenta Mancheño, además de señalar que, para combatir este problema, durante el verano repartieron millones de kilos de comida por el monte, «pero es insuficiente».
En cuanto a la norma aprobada por la Junta, incluye aspectos novedosos como el impulso de la sanidad animal en especies silvessu tres cinegéticas o la telematización de los procesos administrativos, con el objetivo de simplificar trámites y reducir los tiempos.
El texto señala unos objetivos generales, ya recogidos en el plan de 2007, como mejorar los servicios de la Administración hacia los cazadores; mantener actualizada la información de la situación de especies, poblaciones cinegéticas y hábitats; el análisis de la influencia del cambio climático en la distribución y en la fenología de las especies migratorias; así como el fomento de la investigación y de la calidad cinegética mediante una correcta planificación y ordenación de la actividad que asegure una caza «social, ética, sostenible y responsable, basada en criterios de sostenibilidad».
Junto a ello, se expresa la preocupación por el descendente número de cazadores, una tendencia que se observa año tras año. Sobre este extremo, Mancheño señala el envejecimiento de los
En Andalucía hay 220.000 cazadores aproximadamente, 100.000 de ellos federados
Mancheño: «Conejos, perdices y liebres están sufriendo la falta de alimento y agua»
cazadores, una dinámica que va en consonancia con la misma sociedad. «El INE establecía la edad media por encima de los 50 años aproximadamente», recuerda, además de asegurar que el relevo generacional en el colectivo «va más lento de lo que nos gustaría». Sin embargo, en Andalucía este proceso no es tan acusado.