El Govern plantea un salario mínimo propio pese a no tener competencias

Pere Aragonès busca vincularlo a la negociación colectiva, aunque los sindicatos muestran su recelo

La Generalitat abre la puerta a fijar un salario mínimo propio pese a no tener competencias para hacerlo. Así lo planteó ayer el vicepresidente económico, Pere Aragonès (ERC), quien explicó que su equipo trabaja en una propuesta concreta –superior al sueldo estatal, fijado en unos 900 euros– que presentará dentro de tres meses. Su intención es que este hipotético salario mínimo catalán pudiese actuar de referencia en la negociación colectiva con los sindicatos y patronales. Es decir, cuando se pacten los convenios colectivos.

«Es evidente que no lo podemos hacer desde un punto de vista competencial. El Govern no puede hacerlo por decreto ley o llevar al Parlament una ley de salario mínimo, pero este país puede hacer aquello que tantas veces hemos hecho cuando desde el Estado no se ha llegado hasta donde queríamos», argumentó el también conseller de Economía y Hacienda sobre las alternativas que plantea el Ejecutivo para impulsarlo. Así lo presentó ayer Pere Aragonès durante la presentación del Informe Anual de la Economía Catalana 2018.

Sin embargo, los sindicatos mostraron su recelo nada más conocer la noticia. El secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, aseguró que la propuesta «no tiene recorrido» precisamente porque la Generalitat no tiene competencias. «Creo que el vicepresidente lo que hace es encontrar un burladero para intentar evadir su responsabilidad en cómo se debe intervenir en las desigualdades salariales en el país», y añadió que debería actuar sobre los salarios máximos a través de figuras impositivas como el IRPF.

El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, explicó que hay que observar con detenimiento la propuesta, ya que ve «claroscuros» en ella. Para Ros, que ve bien debatir sobre salarios dignos en Cataluña, sería un buen ejemplo que la propuesta de Aragonès empezara «situando un SMI digno en toda la contratación pública», y recordó que, si hay una vía para poder situarlo y que sea de carácter normativo, esa es a través del Acuerdo Interprofesional de Catalunya (AIC).

La vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, la acogió mejor aunque aseguró que se trata de un tema complejo y que el salario no es la única variable en la que se debe trabajar, sino que se deben evaluar los costes laborales, los resultados de cada empresa y hacer propuestas «realmente viables».