«Hay que cambiar la ley para que una ministra no sea fiscal general»
ENRIQUE LÓPEZ / Secretario de Justicia del PP y consejero de la Comunidad de Madrid
El secretario de Justicia del PP y también consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid asegura que con el nombramiento de Dolores Delgado «no se ha buscado una persona de confianza política, sino una persona al servicio del partido». No descarta que Pedro Sánchez indulte a los presos del «procés» y considera que el delito de enaltecimiento del franquismo «es absolutamente innecesario». Sostiene que el Gobierno socialista ha cruzado «líneas rojas» que dificultan un acuerdo para la renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional.
Nadie cuestionaba las penas del delito de sedición cuando se pedían para los controladores aéreos. Y el «procés» ha sido lo más grave de nuestra democracia desde el golpe del 23-F»
La gestión del cumplimiento de las penas impuestas por el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional deben corresponder siempre al Ministerio del Interior, no a las comunidades autónomas»
EnriqueEnrique López ha cruzado la línea, como otros tantos jueces, para pasar de la toga a las responsabilidades políticas: Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y Secretario de Justicia e Interior del PP.
–¿Está dispuesto el PP a un amplio acuerdo con Gobierno en materia de Justicia?
–Sí. El PP ofrece un gran acuerdo al PSOE para reformar y modernizar el sistema de Justicia. Aquí se incluiría un Modelo territorial de la planta judicial, mantener el sistema de acceso a la carrera judicial por el sistema de oposiciones, garantizar la unidad de gobierno del Poder Judicial, con un único CGPJ y en contra de la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial...
–¿También habría que incluir la reforma de elección de vocales de procedencia judicial del CGPJ?
–Sí, habría que reforzar la independencia del Poder Judicial y eliminar la imagen de politización y volver a la elección directa por los jueces de esos vocales.
–¿Y en cuanto al proceso penal?
–Habría que reformar el proceso penal para adaptarlo al siglo XXI. Aquí entraría la adopción por el fiscal de la investigación de los procesos penales, siempre que no se nombre fiscal general a un ministro de Justicia, pero mal empezamos en este punto con la propuesta de Dolores Delgado.
–¿Cuándo puede haber renovación del CGPJ –el actual lleva más de un año en funciones– y del TC?
–El PP es un partido que cumple y respeta la Ley y que cree en la renovación de los órganos constitucionales. Lo que ocurre es que en estos momentos el Gobierno de la
Nación, con el presidente a la cabeza, ha traspasado líneas rojas que hacen muy difícil alcanzar este acuerdo.
–¿Cuáles son esas líneas rojas?
–La primera es la propuesta de nombramiento como fiscal genera del Estado de Dolores Delgado, hasta hace poco tiempo ministra de Justicia y diputada del PSOE. La segunda, es el anuncio de la reforma del Código Penal para dulcificar la respuesta penal del delito de sedición como consecuencia de las penas impuestas por el Supremo a los condenados del «Procés»; pena que cuando se le podía aplicar a los controladores aéreos a nadie le preocupaba su gravedad. En tercer lugar, consideramos que debemos negociar un acuerdo global en materia de Justicia, en el que se debería producir una definitiva despolitización de la Justicia.
–¿Por qué no se puede abordar la renovación de esos órganos al margen de esas «líneas rojas»?
–No se puede desligar la renovación de los órganos constitucionales de los graves acontecimientos políticos que se están produciendo tras la toma de posesión del actual Gobierno. A esto hay que añadir que para nosotros es fundamental y esencial dentro de ese proceso de despolitización de la Justicia estudiar la reforma de elección de vocales de procedencia judicial del CGPJ. Estamos en un escenario donde es muy difícil este tipo de acuerdo. Creemos que la Justicia española se merece en estos momentos algo más que la renovación de los órganos constitucionales.
–En otro orden de cosas, ¿sospecha que el Gobierno puede indultar a los condenados del «procés»?
–No tengo ninguna razón para descartar esa posibilidad. El presidente Sánchez ha sido preguntado varias veces en este sentido por el presidente del PP, Pablo Casado, y no respondió. De momento, lo que se nos ha anunciado es una reforma del delito de sedición con el fin confesado de rebajar las penas, aunque se enmascara en dos falsedades: que hay que adecuar el Código Penal a las previsiones europeas, lo que no es cierto porque en otros códigos penales respecto a estos hechos recogen incluso penas más graves; y, en que hay que escuchar a los jueces que han rechazado aplicar algunas órdenes de detención y entregan, lo que tampoco es cierto. –Entonces...
–No sé si les indultarán o no; pero lo que sí hay es una primera medida que tiene como fin rebajar la respuesta penal que dio el Tribunal Supremo en esa sentencia. Y no podemos olvidar que estamos ante hechos gravísimos: después del 23-F han sido los más graves en nuestra democracia y no se puede frivolizar sobre ellos ni hablar de «deriva judicial», como hizo el presidente del Gobierno.
–El PP sí propone una reforma para incluir el delito de rebelión impropia.
–Sí. Ese es un delito en el que no concurre el elemento de la violencia como era concebida en el siglo XX, fundamentalmente porque hoy se puede cometer un delito de rebelión, contra la identidad constitucional o contra el Estado de Derecho sin necesidad e disparar una sola bala. Se puede cometer con una simple firma en el Boletín Oficial del Estado o de una Comunidad Autónoma. Tenemos que conceptualizar este tipo de violencia, peor no a baja sino al alza, estableciendo un delito de rebelión impropia donde no sea esencial el uso de la violencia.
–Antes aludió a la propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado... –El nombramiento de una fiscal general de quien ha sido ministra de Justicia y diputada del PSOE es uno de los mayores ataques que se pueden producir al principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal. No pongo en duda su trayectoria. Ha ejercido labores políticas legítimamente, como yo las estoy ejerciendo en estos momentos, y yo no sería nunca fiscal general del Estado desde el momento en el que he aceptado ejercer labores políticas, muy dignas y legítimas pero que compromete seriamente la imagen de imparcialidad e independencia
objetivo que debe tener un fiscal general. Y esto nos genera intranquilidad.
–¿No le dan siquiera el beneficio de la duda de que pueda ejercer su cargo con independencia?
–Nace con una falta absoluta de apariencia de imparcialidad e impide que podamos tener la confianza adecuada. Esto en cualquier otro país europeo sería impensable.
–¿Habría que reformar la Constitución para que el fiscal general del Estado no tenga esa dependencia con el Gobierno?
–No. No veo inconveniente una designación a propuesta del Gobierno. Sin embargo, el problema está que en este caos no se ha buscado una persona de confianza política, sino una persona al servicio del partido: ha prestado servicios a su partido hasta el momento de su designación. Hay una notable diferencia. No debemos reformar la Constitución para defendernos de gobiernos irresponsables, como el que propone a una ministra de Justicia.
–-¿Planteará el PP alguna iniciativa para evitar que supuestos similares en el futuro?
–Sí. Presentaremos en los próximos días una Proposición de Ley para que nadie que haya ocupado un alto cargo en el Poder Ejecutivo o haya sido diputado pueda ser después fiscal general del Estado. Para ellos, plantearemos una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que impida esa posibilidad.
–¿Qué le parece la transferencia de la gestión penitenciaria al País Vasco?
–No es el momento adecuado para transferir la gestión del cumplimiento de las penas a administraciones autonómicas. Creo, por el contrario, que el cumplimiento de las penas del «procés» nos está poniendo en una situación que nos alerta del riesgo que supone que esta competencia no corresponda al Estado.
–¿Propone entonces que su gestión la tenga siempre Instituciones Penitenciarias y no puedan ser transferidas a las comunidades autónomas?
–Se trataría de reformar la Ley General Penitenciaria, sobre la que el Estado tiene competencia exclusiva, y revertir la situación actual con la simple reforma de un articulo. Proponemos que la ejecución de las penas impuestas por el Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, la gestión de su cumplimento, con independencia de la prisión donde se cumplan, siempre corresponda al Ministerio del Interior.
–El Gobierno quiere tipificar como delito el enaltecimiento del franquismo...
–Es absolutamente innecesario, que tiene también como fin dividir a los españoles y es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humano. Se trata de nuevo de buscar un rédito electoral en algo totalmente inapropiado.