Alberto y Joaquín, «sepultados» por el PNV
Vertedero de Zaldibar El derrumbe y desaparición de dos personas complica el inicio de la precampaña a los nacionalistas vascos, cuya gestión es criticada por los familiares de los desaparecidos y la oposición
Hace doce días en la localidad vizcaína de Zaldíbar todo transcurría con normalidad. Esta pequeña localidad de poco más de 3.000 habitante no imaginaba que se convertiría en epicentro de la tragedia humana y la crisis política que es a día de hoy. Tampoco a diez kilómetros de distancia, en las poblaciones de Eibar y Ermua vivían asustados y con miedo a salir a la calle por la toxicidad del aire. Y lo que nadie estaba esperando es que los equipos de rescate no hallaran los cuerpos de los dos trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Solaluze que permanecen desaparecidos tras un desprendimiento de tierra en el vertedero de Zaldíbar.
La tragedia se produjo en una escombrera de la empresa Verter Recycling 2002. Un monte vaciado por la acción del hombre en cuyo interior se almacenan toneladas de basuras. Por razones que aún se desconocen, hace apenas dos semanas la tierra empezó a temblar y el contenido del vertedero – más de medio millón de metros cúbicos de tierra, residuos y basura– se deslizó desde el vertedero ladera abajo hacia dos direcciones opuestas, uno hacia la N-634 y el otro hacia la AP-8, cortándolas en ambas direcciones y provocando el caos circulatorio durante varias horas.
La avalancha, que se prolongó durante unos dos minutos, se tragó a los operarios. Rápidamente, los servicios de emergencia y equipos de rescate acudieron a la zona en busca de los dos trabajadores desaparecidos, sin ninguna información ni protocolos especiales. La búsqueda se prolongó hasta la madrugada, momento en el que los equipos detectaron presencia de amianto y se paralizó.
Eran las 16:05 de la tarde del jueves 6 de febrero cuando Alberto y Joaquín desaparecieron. A día de hoy, los equipos de rescate siguen sin encontrar su rastro. Esta tragedia, que mantiene en vilo a varios municipios tiene varias aristas: la humana, la judicial y la política.
Desde el punto de vista político, la gestión de este suceso desató las críticas de los familiares de los desaparecidos y los vecinos que días después del derrumbe denunciaron malos olores y picores. También sindicatos y la oposición mostró su malestar ya que hasta la zona del derrumbe se trasladaron equipos de rescate sin la protección necesaria para trabajar expuestos al amianto, un material de construcción prohibido en España desde 2012 con elevados índices de toxicidad y que afecta al aparato respiratorio.
Seis días tardó el lehendakari, Íñigo Urkullu en visitar por primera vez la «zona cero» de la tragedia. Una tardanza muy criticada por la oposición ya que antes de visitar a las familias y conocer «in situ» las labores de búsqueda y rescate de los desaparecidos, sí que tuvo tiempo para convocar las elecciones anticipadas que se celebrarán el próximo 5 de abril. La explicación del lehendakari fue que durante todo este tiempo había estado permanentemente informado, y que su intención había sido «deslindar cualquier tiempo de presencia en el vertedero que suponga solamente una escenificación».
Y es que con este suceso al PNV y al PSE se les complica mucho la precamapaña electoral, más incluso que el caso «De Miguel», cuya sentencia se conoció el pasado mes de diciembre o la incapacidad para cuadrar las cuentas
ya que la gestión de esta crisis se produce a menos de 50 días para la cita electoral.
En este sentido, la oposición solicitó la comparecencia en la Diputación Permanente –que sustituye al Pleno cuando la Cámara está disuelta– del lehendakarí que se producirá mañana. Urkullu no comparecerá solo. Le acompañarán sus consejeros de Medio Ambiente, Seguridad y Trabajo para explicar la gestión del Gobierno Vasco.
No en vano, ayer por la mañana el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, visitó Ermua y criticó la gestión de la crisis. «Nosotros queremos saber que es lo que ha pasado desde el día 10 de junio cuando se realiza una inspección que detecta problemas en un nivel de cumplimiento muy bajo por parte del vertedero», dijo ante los medios de comunicación ahí congregados. Y se preguntó por qué no se había realizado un informe hasta el 27 agosto y por qué no se notifica hasta el 16 de septiembre, en referencia a todas las irregularidades que han salido a la luz sobre la empresa Recycling 2002. Es más, el líder de los populares se refirió al carácter irritado que mostró el lehendakari cuando fue preguntado por esta cuestión durante la rueda prensa para anunciar el adelanto electoral. «Nos gustaría saber cómo funciona el gobierno vasco y si podemos estar seguros de cómo funcionan las inspecciones y si se cumplen», señaló para después tachar de «soberbio» al lehendakari por no querer responder a todos los interrogantes relacionadas con la inspección fallida a la compañía.
Además, la izquierda abertzale, con gran presencia en los municipios del entorno, elevó el tono y amenaza con exprimir este siniestro como arma de desgaste electoral.
Y es que otra de las aristas de esta crisis es la humana. Los familias de los dos hombre desaparecidos denunciaron desde el principio el desamparo que han sentido y lo que consideran es una dejación de medios en la búsqueda de sus familiares. Y es que la fragilidad del estado de la ladera, la extensión de búsqueda y la existencia de materiales peligrosos han complicado la búsqueda, que en varias ocasiones ha tenido que ser paralizados por el riesgo detectado de derrumbe.
A las dificultades del terreno y las críticas a la gestión del gobierno vasco se añaden las irregularidades en la inspección de la empresa. Hace siete meses, el departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco –en manos del PSE- detectó irregularidades en las condiciones del vertedero. Incumplimientos que desde la administración obligaron a corregirlos antes del pasado 30 de septiembre. Sin embargo, en octubre la empresa «Verter Reciclyng 2002» presentó un estudio que avalaba el buen estado y estabilidad de las laderas, pero el servicio de inspección del gobierno vasco ya había concluido que ni las mediciones de emisión ni algunos de los rellenos de la empresa cumplían con la normativa. Con estas diligencias abiertas, las postura del gobierno de Urkullu se dirige hacia una única dirección: reforzar la responsabilidad de una empresa privada en esta tragedia.
Asimismo desde el Ejecutivo vasco insisten en que solo la exposición prolongada a las dioxinas generadas por el incendio pueden causar daños a la salud, pese a que las últimas mediciones arrojaron índices 50 veces por encima de lo normal.