Cataluña contará con 15 impuestos «verdes» frente a solo uno de Madrid
EL GOBIERNO REGIONAL QUIERE APROBAR CUATRO NUEVAS TASAS PESE A LAS 11 EXISTENTES La asfixia fiscal sobre las empresas catalanas suma un polémico tributo a la energía y las telecomunicaciones
La asfixia fiscal a la que somete el Gobierno regional de Cataluña a sus empresas y ciudadanos suele enmascararse bajo todo tipo de caretas. La más utilizada es que la Generalitat «fríe» a impuestos medioambientales a sus conciudadanos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, esta excusa no se sustenta sobre datos fiables ya que, según demuestra un reciente informe sobre fiscalidad medioambiental del Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), «no es cierto que las economías más avanzadas estén apostando por la imposición verde para hacer frente a los desafíos y, además, las recaudaciones obtenidas son más bien escasas». Y a tenor de los datos ofrecidos por las propias autonomías, la bolsa que obtienen las regiones por estas partidas apenas contiene unas monedas dentro, como ocurre con los impuestos «verdes» que recauda el Estado (producción eléctrica; almacenamiento, producción nuclear y residuos radioactivos; gases fluorados o el impuesto de extracción de hidrocarburos, entre otros). Los impuestos que más recaudan son los que gravan los hidrocarburos y la electricidad. De este modo, las tasas medioambientales de la energía representan el 83% de la recaudación «verde» del Estado, siendo el de hidrocarburos el que más recauda (cerca del 74%).
Sin embargo, es el Estado el que atesora los tributos «verdes» más jugosos, ya que además de los energéticos, dispone del que grava a los vehículos de tracción mecánica, que representa el 88% de los ingresos obtenidos por los impuestos sobre el transporte. El resto, los referentes a la contaminación y los residuos, apenas representan el 5% de la recaudación de las «tasas eco» estatales.
Pero aunque la capacidad recaudatoria de las regiones en la tarta de impuestos medioambientales apenas representa el 8% –por el 82% que recauda el Estado y el 10% que obtienen los ayuntamientos y entes locales– algunas comunidades autónomas parecen haberse abonado a esta fórmula para tratar de tapar agujeros.
Es el caso de Cataluña, que tramita cuatro nuevos impuestos «verdes» de distinto signo a cada cual más polémico. Para empezar, están las nuevas tasas turísticas, que aumentan los gravámenes hasta un 55% para las estancias diarias dependiendo si se trata de Barcelona o del resto de Cataluña. En el caso de Barcelona ciudad, la tasa podría crecer entre un 211% y un 669%, en función de la categoría del establecimiento. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ya ha advertido que la subida de la tasa turística en la ciudad mermará la competitividad del sector, que verá cómo este impuesto se multiplica por diez en solo tres años, pasando de los 0,65 euros de 2016 a los 6,25 de este ejercicio. Además, el Govern pretende aprobar un impuesto sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente: este nuevo impuesto gravará la producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica y el transporte de energía eléctrica, telefonía y redes telemáticas con elementos fijos. En el caso del transporte de energía, la tasa será de 700 euros por cada kilómetro de longitud en tensión igual o inferior a 220 kilovatios y de 1.200 euros por cada kilómetro de longitud de superior tensión. En el caso de la telefonía y telemática el impuesto es de 700 euros por kilómetro de longitud, poste o antena. El impacto recaudatorio previsto es de 150 millones anuales.
A estos se suma el impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica, que gravará los gramos de dióxido dióxido de carbono por kilómetro que emita el vehículo. Está previsto que comience a recaudarse en 2020. Aportará una recaudación de otros 150 millones al año.
Por último, está el impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes embarcaciones, incluidos los cruceros. La recaudación se destinará al Fondo climático y al Fondo de patrimonio natural de la Ley catalana de cambio climático. Con estos cuatro impuestos «verdes», Cataluña contará con nada menos que 15 tributos medioambientales, convirtiéndose en la región española con mayor presión fiscal en ese terreno. Cataluña ya contaba con cinco tributos sobre emisiones al aire, el cánon del agua, cuatro sobre gestión de residuos y otro sobre recursos. Por contra, Madrid solo cuenta con un impuesto «verde», el de depósitos de residuos.