Justicia dará la investigación penal a los fiscales este año
El ministro reformará los delitos de rebelíón y sedición La oposición le ataca por proponer a Delgado y buscar «impunidad» para los condenados por el «procés»
Diciembre de 2020. Este es plazo que se ha marcado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para presentar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que tendrá, como una de sus principales novedades, la asignación a la Fiscalía de la dirección de la investigación de los procedimientos penales: «¡Claro que quiero que el Ministerio Fiscal sea director de la investigación!». Este anuncio lo realizó Campo ayer, durante su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, tres días de que lo haga Dolores Delgado, cuya propuesta para fiscal general del Estado levantó duras críticas de la oposición y a la que el respaldó el titular de Justicia al afirmar que reunía todos los requisitos para ocupar ese cargo. Su intervención estuvo marcada por los llamamientos de «diálogo» y «consenso» al resto de fuerzas políticas para sacar adelante todas las iniciativas planteadas en el «Plan Justicia 2030» para «transformar el servicio público» de Justicia.
El ministro de Justicia también vino a confirmar la reforma del Código Penal y que la misma podría afectar a los delitos de rebelión y sedición, aunque sin llegar a citarlos de forma expresa. «En FAES –la fundación que preside José María Aznar– se ha analizado la necesidad de reformar el delito de rebelión, sin que pasase nada y sin que «se haya caído el mundo», señaló Campo, como paso previo a lanzar una pregunta a los diputados, a la vez que daba la respuesta: «¿Alguien tiene duda de que debemos darle una vuelta a ese tipo de delitos? Ya veremos en qué términos, para ajustar los ataques a la Constitución, al orden público, a la paz pública, que pueden producirse en situaciones nuevas. Hay que analizarlo todo...».
Sin embargo, aseguró que no existe «compromiso» con ningún partido para sacar adelante la reforma del Código Penal y que pueda afectar a los mencionados delitos, «pero no hay ninguna legislatura en que el Código no se haya modificado, porque los ataques a la convivencia vienen de mucho sitio».
Una reforma que, aseguró, como las demás que plantee su Departamento, se realizará tras un «amplio debate» y con todos los informes previos necesarios, ya se trate de una reforma que afecte a «la rebelión, sedición, protección animal, de los delitos sexuales o medioambientales».
Previamente a ello, el portavoz de JxCat y abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, reclamó directamente al ministro de Justicia que derogue tanto el delito de sedición como el de malversación sin apropiación, por los que fueron condenados los principales acusados del «Procés» y que no los «suavice» solamente .
La oposición de PP, Vox y Ciudadanos lanzaron críticas muy similares que se centraron en tres puntos esenciales: duras críticas por la propuesta de Delgado como fiscal general, a la posibilidad de rebajar las penas para los delitos de rebelión y sedición y al sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, modelo que defendió el ministro al contar con una «doble legitimación», la de los jueces y la parlamentaria .
Así, el portavoz del PP, Luis Santamaría, afirmó que en la reforma del Código Penal en el d delito de sedición que prevé el Gobierno subyace un «indulto encubierto» a los del «Procés», lo que «nos sitúa en el peor escenario de partida posible, junto con el nombramiento de Delgado como fiscal del Estado y las salidas de tono de Iglesias y Garzón». «Cuando hablan de desjudicializar a la política, de lo que hablan es de crear espacios de impunidad para los independentistas en Cataluña», añadió.
Por su parte, Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos, sacó a relucir la cuestión de las «puertas giratorias», al señalar que tres ministros pertenecen a la Carrera Judicial –Marlaska, Margarita Robles y el propio de Justicia–. En este punto, aludió a cómo Juan Carlos Campo se ha asegurado una plaza en la Audiencia Nacional, «pese a que no haya dictado ninguna sentencia desde el años 2000», mientras que muchos jueces «no tienen posibilidad de ascender».