El juez ve «indicios de delito» en el encuentro Delcy-Ábalos
Ordena que se conserven todas las grabaciones del aeropuerto en las que aparezcan ambos Advierte de que si se destruyen las imágenes se les podría acusar de un delito de desobediencia
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El juez de Instrucción número 7 de Madrid, en funciones de Guardia, ha ordenado a AENA y otros responsables del aeropuerto de Barajas que no destruya ninguna de las grabaciones relativas a la estancia de la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Valdés, y su encuentro con el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, a la vez que advierte que pueden incurrir en un delito de desobediencia si actúan de forma contraria.
El magistrado, de esa forma, acepta la medida cautelar pedida por el PP en la denuncia que presentó ayer por esos hechos, al considerar que puede ser un elemento decisivo para esclarecerlos y que, del contenido de la denuncia, se desprenden «indicios racionales de hecho delictivo». La Fiscalía no se había opuesto a la petición de la medida cautelar solicitada.
En su resolución, el juez alude a la necesidad de, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «consignar las prueba de delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente», Y es que de no haberse aceptado esta medida, las grabaciones se habrían podido destruir el próximo día 20, ya que, según la Ley de Protección de Datos, las empresas e instituciones públicas tienen la obligación de destruir las imágenes de sus cámaras de seguridad un mes después de haber sido grabadas y sólo un juez puede paralizar esta destrucción de pruebas y obligar a la empresa a conservarlas y no destruirlas.
La denuncia del PP, que sostiene que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa – castigado con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años–, se trasladará ahora al Juzgado Decano de Madrid para su posterior reparto al juzgado que por turno corresponda.
En concreto, el juez acuerda requerir a AENA o autoridades competentes del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, par que procedan a «conservar las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia» la madrugada del 20 de enero relativas a los hechos denunciados. Es decir, la presencia de la número 2 del Gobierno de Maduro y su posible acceso a una sala VIP de la terminal de autoridades del aeropuerto, donde permaneció hasta que salió de España en otro avión con destino a Doha, en la mañana del 21 del pasado mes.
De confirmarse estos extremos se podría haber vulnerado la decisión del Consejo de la Unión Europea que tiene establecido la prohibición a 25 dirigentes de Venezuela de viajar a países de la Unión Europea, «lo que incluye los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, con obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transite por él», señala el magistrado en su resolución.
En la denuncia presentada por el PP se alude a las informaciones y declaraciones efectuadas por el ministro Ábalos relativos a su encuentro con Delcy Valdés en el aeropuerto de Barajas y al acceso de ésta a una sala VIP del mismo. Así, señala cómo el titular de Fomento declaró que evitó que la Policía deportara a la vicepresidenta de Venezuela, a pesar de que, como otra veintena del régimen de Maduro, tiene prohibido viajar a ningún país de la UE y que los estados miembros debe adoptar las medidas necesarias para «impedir que entren en su territorio o transiten por él».
También se alude a otras manifestaciones del portavoz del Gobierno y titular de Trabajo en las que habrían reconocido «no sólo no haber impedido que la aeronave» en la que viajaba Delcy Valdés utilizara el aeropuerto de Madrid, «sino incluso haber mantenido un encuentro informal con la misma por espacio de hora y media». Estos datos, añade el PP, «estarían confirmados por fuentes policiales».
«Paso definitivo»
Una vez conocida la resolución judicial, el PP se congratuló de la misma y considera que el magistrado ha dado un «paso definitivo» al admitir la medida cautelar definitiva para el esclarecimiento de los hechos, ya que, en caso contrario, dentro de dos días esas grabaciones podrían haber sido destruidas. En este sentido, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, afirmó que con esa decisión la Justicia «se ha implicado de lleno en el “caso Ábalos”, que ya es el “caso del Gobierno de la mentira de Sánchez”».