El PSOE y sus socios blindan a Ábalos y dan la espalda a Guaidó
El caso en el Congreso Los socialistas eluden dar explicaciones y acusan al PP de utilizar Venezuela para desgastar a Sánchez
El «Gobierno Frankenstein» demostró ayer en el Congreso gozar de muy buena salud. PSOE y Unidas Podemos se valieron del apoyo de sus socios independentistas y de izquierdas para aplicar el rodillo parlamentario y tumbar todas las propuestas de los grupos del centro derecha. También en lo que concierne al «Delcygate». El Partido Popular volvió a llevar al Pleno el polémico encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la número dos del régimen de Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid. Lo hizo a través de una moción amplia, que trascendía los límites de la controvertida cita en Barajas y buscaba que el PSOE se posicionara de forma clara en torno a la crisis política y social que vive Venezuela tras los vaivenes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha protagonizado en las últimas semanas sobre esta cuestión.
En clave de política estrictamente española, los de Pablo Casado proponían al Congreso un posicionamiento a favor del cese de Ábalos por haber obviado «las sanciones europeas que pesan sobre Delcy Rodríguez por graves violaciones de los Derechos Humanos» así como la creación de una Comisión de Investigación sobre lo sucedido.En términos de política exterior, la moción del PP recogía el «reconocimiento de Juan Guaidó como legítimo presidente encargado de Venezuela», la defensa de la Asamblea Nacional y el apoyo a los partidos democráticos de oposición a Maduro, el impulso de todas las «acciones y compromisos necesarios para paliar la crisis humanitaria» que atraviesa el país y, finalmente, el compromiso a la hora de dar «cumplimiento efectivo a las sanciones internacionales que pesan sobre los altos funcionarios del régimen bolivariano por delitos contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, malversación, blanqueo de dinero, venta ilegal de oro o vínculos con el narcotráfico».
La postura del PSOE fue defendida por el diputado Héctor Gómez. Durante su intervención, lamentó la «instrumentalización» que el Partido Popular hace de Venezuela: «A ustedes no les interesa este país. Sólo quieren desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez». A juicio del representante socialista, Ábalos está realizando una labor extraordinaria como ministro: «Lo único que hace el PP es desinformar y llevar al país a la confusión». Afeó a los populares que incluyeran ninguna medida orientada aliviar la situación de Venezuela.
Al margen de pedir responsabilidades políticas a Ábalos, la diputada popular encargada de defender la iniciativa, Marta González, aprovechó su intervención en la tribuna del Congreso para lanzar un mensaje de apoyo al pueblo venezolano y, especialmente, a las fuerzas políticas de la oposición al régimen de Maduro: «Espero que le llegue este mensaje a la vicepresidenta Calvo aunque no esté presente: «Venezuela sí nos importa y, además, Venezuela nos duele».
Desde JxCat votaron en contra de la moción popular aunque su portavoz, Ferran Bel, calificó de «desastrosa» la gestión de esta crisis. La diputada de ERC Marta Rosique justificó el voto en contra de su grupo y realizó un reconocimiento expreso de Nicolás Maduro como el único líder del país: «Un presidente legítimo es aquel que gana elecciones, no el que se proclama presidente en una plaza». Unidas Podemos, socio de coalición de Sánchez, pasó de puntillas por el debate. El diputado morado Antón Gómez Reino lamentó el carácter «colonial» de la propuesta popular.
En una posición intermedia, Coalición Canaria (CC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) no apoyaron la iniciativa del PP aunque quisieron dejar claro su apoyo a la oposición democrática en Venezuela. En este sentido, la diputada de CC, Ana Oramas, presentó una enmienda en la que instaba al Congreso a dilucidar lo sucedido en la comisión de Secretos Oficiales en lugar de crear una comisión de investigación a este efecto. Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, expresó su apoyo al reconocimiento de Guaidó como presidente encargado así como a la Asamblea Nacional y a las acciones necesarias para revertir la crisis que atraviesa el país suramericano.
Horas antes del Pleno, el Gobierno ya se había valido del apoyo de sus socios de investidura para vetar en la Junta de Portavoces la posibilidad de que la Cámara Baja creara una comisión de investigación sobre el «Delcygate». Tanto en el Ejecutivo como entre sus socios perciben, al menos en su argumentación pública, que el «caso Ábalos» está amortizado y que los grupos del centro derecha buscan prolongar en el tiempo con el único objetivo de desgastar a Sánchez y al propio ministro de Transportes, en la medida en la que es una de las personas fuertes del presidente y del PSOE.