El «pin parental» podría frenarse en menos de un mes
Celaá cumple su amenaza y lleva al Gobierno de Murcia a los tribunales por aplicar una medida que considera «ilegal»
Agotado el plazo que la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, había dado a Murcia para retirar el «pin parental», ayer cumplió su amenaza y acudió a la vía judicial, como había anunciado, al considerar que es una iniciativa «ilegal que va dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado». Ayer presentó un recurso ante el TSJ de Murcia de manera que el «pin parental» podría quedar desactivado en menos de un mes si el tribunal decreta, como medida cautelar, la suspensión de la norma al considerar que la aplicación de la medida está provocando un daño a los menores.
De hecho, Educación ayer informó de que había solicitado que se suspendan las instrucciones de Murcia con la adopción de una cautelar consistente en la suspensión de las instrucciones recurridas. Pero también puede ocurrir que el juez desestima aplicar la medida cautelar y no se pronuncie hasta que haya sentencia, lo cual podría tardar, por lo menos, un año, dependiendo del volumen de trabajo de los tribunales. Murcia quiere que los padres de los alumnos tengan que autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos hijos a las actividades en el centro escolar, recibiendo una información anticipada de todas ellas. Mientras, el Gobierno murciano «afina» su regulación ante una posible desestimación judicial.
Celaá considera que esta práctica «es contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), las propias normas autonómicas de esta región, así como a la Ley Contra la Violencia de Género». Más aún, cree que «cualquier norma que recogiera esta censura previa, este veto, vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Murcia, sin embargo, no está dispuesta a dar ni un paso atrás, tal y como ha dicho el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Ya ha avisado de que sólo retiraría el «pin parental» si lo pide un juez. No obstante, se mostró confiado en contar con los avales jurídicos y de inspección para esa medida.
El secretario general de Escuelas Católica, Luis Centeno, ayer insistió en la idea de que «el pin parental» «no es necesario en nuestros centros, porque las familias conocen el ideario, pero puede tener sentido en los públicos».