Las víctimas piden justicia: «Si el Gobierno hubiera actuado antes estarían vivos»
Los familiares de más de 3.275 fallecidos por coronavirus acusan a Pedro Sánchez y a todo el Consejo de Ministros de homicidio imprudente grave por la «negligencia de sus actos». Otros 2.700 quieren adherirse: «Para que no se repita jamás»
«Aún recuerdo las palabras de Fernando Simón diciendo que esto era una tontería», afirma Carolina, que ha perdido a su padre
«Mi padre seguiría vivo si el Gobierno hubiese hecho lo que tenía que hacer. Sabían la gravedad de lo que ocurría y no tomaron medidas. Aún recuerdo las palabras de Fernando Simón diciendo que esto era una tontería...». Carolina Rojas es una de las miles de personas que han perdido a un familiar no sólo por el coronavirus, sino por lo que consideran una negligencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Creen que de haber actuado antes el virus no se hubiese propagado tan rápido, no se hubiesen colapsado los hospitales y se habrían evitado muchas muertes. De ahí que muchos familiares se hayan sumado a una querella colectiva presentada ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y todo el Consejo de Ministros por homicidio imprudente grave. Al menos 3.268 familiares de 3.275 víctimas lo han hecho (otras 2.700 tienen intención de adherirse) porque tienen claro que adoptaron medidas de forma «tardía», subrayando la «negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar los efectos de la pandemia». LA RAZÓN quiere ponerles nombre y cara –a ellos y a sus familias– para que no sean sólo un número.
Carolina perdió a su padre adoptivo, Fernando Ortiz de Zugasti Fernández, de 87 años, quien se encontraba en una residencia junto a su esposa, Mari Carmen Llamas, de 82, y quien, pese a su edad, ha superado la enfermedad. Ella aún no sabe que su marido ha fallecido, pues continúa aislada en su habitación sin poder recibir la visita de su familia. Una «traumática experiencia», como la define.
Igual que la de muchos otros, que coinciden en esa «reacción tardía» del Gobierno. Como repiten los hijos de Manuel Leal, un guardia civil retirado de 72 años que falleció en Barcelona a pesar de no tener patologías previas y haber entrado por su propio pie a un hospital del que nunca salió y en el que «le dejaron morir», pues no le ingresaron en la UCI ni tuvo acceso a un respirador. «Queremos justicia, porque a mi padre no nos los van a devolver. Que no se repita jamás con nadie». Así explica Montse, su hija, porqué se sumó a la querella. «Si le meten en la UCI y muere luchando, duele, pero no le dieron la posibilidad de luchar».
Ella y muchos otros creen que esa inacción inicial y la no prohibición de actos multitudinarios provocó un riesgo que derivó en un «estrés asistencial brutal», en un colapso sanitario que impidió a miles de españoles luchar. Pero tampoco existían planes de acción en hospitales o residencias.
Es lo que vivió –y vive– Carolina. Hace dos años ingresaron a sus padres en una residencia de Madrid. Su vida era normal. Vivían en la misma habitación, su familia les visitaba todas las semanas... Pero el 8 de marzo, todo cambió de un portazo. «Llegué a la residencia y estaba cerrada. Me dijeron que habían confinado a los internos por un contagio», recuerda apuntando que los responsables no sabían qué ocurría, ni cómo actuar. Un caos que se tradujo en su padre ingresado en el hospital, en el que falleció tres días después. Está «convencida» de que se podía haber evitado.
Lo mismo opinan Montse y Raúl sobre su padre, Manuel. Ella es la que más de cerca ha vivido todo, pues reside en Barcelona con David, otro de los hermanos, y su madre, Teresa. «Hay muchos como nosotros que han sufrido esto y vamos todos a una», apunta para dejar claro que con esta querella no quiere una indemnización: «Preferiría que cualquier dinero fuese para comprar mascarillas».
Entre esos «otros» está Policarpo Raúl Cruz Brito, de 80 años y quien vivía en Santa Cruz de Te
nerife. Se contagió en el hospital en el que había ingresado a raíz de otra patología. «No se sabe quién le contagio, pero si hubiese habido un protocolo en los hospitales o si se hubiesen tomado medidas desde el primer momento esto no hubiese pasado. Pero los políticos decían que esto era como una gripe, que no pasaba nada». Habla su hija, Alejandra, quien narra su dolorosa vivencia de más de un mes. Su padre estuvo en la misma habitación que otro paciente que tenía coronavirus y creen que es quien pudo contagiárselo. «Tenía las defensas débiles y le ponen con un infectado... Siento impotencia, rabia...». A él tampoco le ingresaron en la UCI, ni tuvo respirador ni ella pudo despedirse. Sólo quiere, como el resto, que esto «sirva para que no vuelva a repetirse. Que se sepa. El daño ya me lo han hecho».
Además de la macroquerella contra el Gobierno, otros particulares han iniciado acciones legales por su cuenta
Además de esta macro querella colectiva contra el presidente y sus ministros, los particulares también están tramitando otras demandas contra parte del Ejecutivo, las administraciones, residencias de ancianos o contra centros hospitalarios por omisión de socorro o negligencia médica. Es el caso de Pedro Eugenio Caro Gutiérrez, abogado de profesión y residente en Huelva, que pide responsabilidades penales al presidente del Gobierno y a cuatro ministros por el fallecimiento de su suegro, un marinero jubilado de 79 años. Desde Huelva responde a este medio con el dolor de haber perdido casi de la noche a la mañana a su suegro. De primera mano lo sabe la familia del primer fallecido por la Covid-19 en la provincia de Huelva, un vecino de Punta Umbría que falleció tras pasar por el hospital de la capital provincial, donde fue ingresado semana antes tras dar positivo por coronavirus. Su yerno, Pedro Caro Gutiérrez, le recuerda como «un hombre con gran calidad de vida y una salud de hierro». Este marinero puntaumbrieño a mediados del mes de marzo sintió los primeros síntomas: «Sobre todo fiebre, delirios, desorientación y descoordinación», detalla su yerno. Varios días después acudió al centro de salud y ante el temor a que sufriera hipoxia lo trasladaron a un hospital de Huelva, donde fue ingresado y donde al día siguiente le hicieron el test de coronavirus, que dio positivo y en cuestión de días murió. Superado el duelo, ha puesto en marcha una querella junto con otras 20 familias en la que culpa al Ejecutivo central, entre otras cosas, de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus y de que la OMS ya había indicado en enero la necesidad de adquirir test. La querella, presentada ante el Tribunal Supremo, va dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los vicepresidentes, Pablo Iglesias y Carmen Calvo, los ministros responsables de la gestión de la crisis: ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; y el titular de Sanidad, Salvador Illa. Su enfado aumenta a medida que hablamos y recuerda cómo los miembros del Ejecutivo jaleaban a la gente para que acudieran a la manifestación del 8M pese a poner en riesgo la salud de los españoles. «A principios de marzo, aquí en Punta Umbría, se celebró un evento deportivo en el que participaron atletas llegados de varios puntos de Europa. ¡No debió celebrarse!», insiste. Pedro se refiere al campeonato europeo de Duatlón que se celebró en la localidad onubense entre el 7 y 8 de marzo.
La ofensiva judicial no solo tiene al Gobierno como objeto. Los centros hospitalarios y las administraciones también están recibiendo denuncias que abarcan desde la negligencia médica a la negación de una cama UCI pese a contar con varias libres. Es el caso de Carla Domínguez. Con entereza, pero con la voz un poco entrecortada por la emoción y el dolor que supone recordar la pérdida repentina de su padre, asegura que «solo quiero que se asuman responsabilidades». Ha interpuesto una denuncia a través del Defensor del Paciente y en estos momentos está recopilando toda la información necesaria para continuar de manera individual con las acciones legales pertinentes contra el Servicio Extremeño de Salud por negarle un respirador a su padre pese a que, según dice, había camas libres de UCI en el Hospital Universitario de Badajoz. Su historia es muy parecida a las muchas que hemos escuchado estos días. «Mi padre regresó de un viaje viaje del Imserso a Sanlúcar de Barrameda y empezó a sentirse con mal cuerpo. Empezó con 37 de fiebre que fue subiendo hasta llegar a 39. Le recetaron paracetamol y nolotil, pero no le bajaba y le afectó a presión», describe. Luís Manuel Domínguez, de 71 años, padeció la enfermedad entre la segunda y tercera semana de marzo, cuando el virus enseñó su peor cara. Tras varios angustiosos días de llamadas cruzadas entre el centro de salud y la familia Domínguez les dijeron que ingresaban a su padre en el Hospital de Zafra. «La ambulancia tardó en llegar tres horas y cuando llegamos al hospital los celadores se negaron a acceder a la zona sucia del hospital porque no tenían EPI», describe. Se quedó ingresado en el hospital porque le detectaron neumonía en los dos pulmones. «La internista me dijo que estaba muy mal y que estaban esperando a ponerle el tratamiento pero hasta que no tuvieran autorización no podían». En cuestión de horas todo se precipitó. «Al día siguiente me llamaron y me dijeron que entró en media parada cardíaca. Necesitaba una UCI, un respirador». Sin embargo, según denuncia Alba, a su padre –un hombre lleno de vitalidad– le negaron el traslado al hospital Universitario de Badajoz pese a contar con camas libres.
Algunas residencias de personas mayores son las que más duramente han sufrido los embates del covid-19 en razón de la proporción de afectados y el numero de fallecidos. El virus se llevó al padre de Carlos José Vecino un residente de Garrobillas de Alconeta. Según cuenta durante más de mes y medio dio positivo sin recibir ningún tipo de tratamiento médico. «He presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y estamos recogiendo firmas para presentar otra ante el ayuntamiento por deuna
jarnos desprotegidos». Asegura que a su padre lo trasladaron desde el geriátrico a la Hospedería Puente de Alconétar.» El lugar estaba abandonado y no estaba medicalizado. «Allí se juntaron positivos y negativos sin ningún tipo de control», denuncia.
Estos nubarrones judiciales amenazan cada día más al Gobierno, por lo que se prevé un colapso en los juzgados que tendrán que tramitar centenares de denuncias y querellas a raíz de sus actuaciones en los últimos meses e inactividad para combatir la pandemia. En el punto de mira está la manifestación del 8M y otros eventos culturales y deportivos que no se cancelaron. Es probable que muchas acciones queden en nada, porque la propia juez ha dicho que es imposible establecer una conexión directa entre aquella manifestación y los contagios. No obstante, el lío judicial está servido y va para largo.