«La Guardia civil no está en contra de la coalición. Y eso lo creen todos los ministros»
XIMO PUIG Presidente de la Generalitat Valenciana
¿ H–Elace falta otra prórroga del estado de alarma?
H–El estado de alarma es el único instrumento que puede garantizar la suspensión de un derecho fundamental, como lo es el de la movilidad. Por supuesto, debe residenciarse solo en aquello que lo motiva, que es impedir la libre circulación mientras se considere necesario desde el punto de vista epidemiológico. Y todavía sigue siendo necesario en tanto no finalice del todo el proceso de desescalada. En relación a esta cuestión se ha generado un debate político que no tiene ningún sentido porque es sólo un instrumento para un fin concreto.
–¿Algún presidente autonómico se ha opuesto a ella en las reuniones que mantienen semanalmente con el presidente del Gobierno?
–Ninguno se ha quejado.
–¿Tampoco los del PP?
–Ha habido alguna corrección desde la perspectiva competencial y de la co-gobernanza, pero, con carácter general, todos hemos primado siempre la necesidad de mantener la situación sanitaria bajo control.
– ¿Le incomoda que su partido dependa de Cs en el Congreso?
–En absoluto. En la Comunidad Valenciana tenemos un Gobierno de progreso, pero está abierto a los acuerdos con otras formaciones porque en la recuperación tienen que participar todos los partidos que puedan confluir. La actitud de Cs es muy responsable y me gustaría que se consolidara.
–¿Da por rota la mayoría de investidura de Pedro Sánchez?
–En España hacer pronósticos en términos políticos es una aventura. Todo va muy rápido, cuando antes la vida se concretaba en el periódico del día siguiente. Y en el plano político los cambios que se producen implican alteraciones extraordinariamente importantes. Este Gobierno mostró ayer [por el viernes] la sensibilidad social que puede consolidar una mayoría.
–¿Pero usted sigue confiando en ERC y en su apoyo? ¿Tiene sentido darles las gracias por sus ataques?
–En relación al acuerdo de investidura, creo que los desencuentros que han podido haber se pueden superar. Pero también le digo que la política debería ser menos fronteriza y que debería haber más capacidad de llegar a acuerdos. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?
La oposición tiene que fiscalizar al Gobierno, pero hay tiempo y espacio para todo. En las Cortes Valencianas estamos trabajando sobre el principio de que la hoja de ruta no puede ser una Legislatura, sino el horizonte 20/30. Lo lógico, y más en una situación como ésta, es que dentro de la normal alternancia política haya acuerdos y decisiones que se mantengan. Más aún si afectan a la reconstrucción económica porque esto ayuda a serenar el debate y facilita el marco de tranquilidad y seguridad que necesitan inversores y agentes económicos y sociales, pilares de la recuperación económica. Un país no puede pasar del blanco al negro sólo porque haya elecciones y cambie el color del Gobierno.
–Me habla de la oposición, yo le preguntaba por ERC, que en plena crisis sigue exigiendo la «mesa de partidos».
– Yo ya le he dicho que creo que los desencuentros se pueden superar.
–En la política de «fronteras» de la que habla, habría que repartir culpas por ser justos. ¿Se identifica, por ejemplo, con la denuncia del vicepresidente Iglesias de que Vox quiere dar un golpe de Estado?
–En los últimos días estamos viendo debates cargados de excesos. No me manifiesto sobre las opiniones de nadie, y las respeto todas. Pero sí digo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por rebajar la tensión y por mirar hacia adelante, sin que esto quiera decir que no debemos asumir responsabilidades los que estamos al frente de las Administraciones. En la mayoría de las ciudades y pueblos no se vive con la tensión que vemos en el Congreso. No la hay en las Cortes
Valencianas, y con ese enconamiento realmente no prestamos ningún servicio al país. Cada uno sabe en qué basa su estrategia y quién puede y quiere crispar más, pero, en mi opinión, nunca más que ahora ha sido necesario que todos pensemos en qué podemos hacer para mejorar esta situación y para rebajar la tensión. La crispación no salva vidas ni crea puestos de trabajo.
–No habla de «golpe de Estado», ¿pero diría que PP y Vox sólo trabajan en estos momentos para derrocar al Gobierno de Sánchez?
–Si no lo hacen, lo parece.
–Llevamos una semana de grandes polémicas, la última, la crisis en la cúpula de la Guardia Civil. ¿Es una «sublevación», como dicen algunos ministros, o ha habido errores en la gestión política?
–No puedo opinar de una cuestión que no conozco en sus detalles. Pero sí le digo que tengo un gran respeto por la Guardia Civil, con la que colaboramos y mantenemos una relación extraordinaria. He sido alcalde, y es un instrumento fundamental para garantizar la democracia y la convivencia entre los ciudadanos. Estoy seguro de que esto es lo que piensan el ministro del Interior, la ministra de Defensa y todos los demás ministros del Gobierno.
– La parte de Podemos aplaudió el cese del coronel Pérez de los Cobos.
–Ha habido cambios organizativos, y por mi parte sería imprudente opinar al respecto.
–¿Pero usted ve a la Guardia Civil en contra del Gobierno de coalición?
– No. Y en lo que a la Generalitat afecta, mantenemos una relación de respeto y lealtad. Trabajamos juntos a pesar de que no haya ninguna dependencia orgánica, y siempre desde una magnífica cooperación.
– En relación a la crisis sanitaria, ¿estamos a tiempo de frenar el impacto económico de la pandemia con una aceleración de la desescalada?
–En la Comunidad Valenciana las previsiones están empezando a ser más optimistas con la evolución del control de la pandemia y hay cierta esperanza en que no sea una catástrofe absoluta si conseguimos salvar julio, agosto y septiembre. No va a ser una temporada turística como la del año pasado, pero hay que intentar parar todo lo posible el golpe. El turismo representa casi el 16 por ciento de nuestro empleo, y creemos que hay que facilitar que se pueda disfrutar de las vacaciones, porque los españoles las necesitan ya que han estado sometidos a un confinamiento muy severo. Nosotros estamos trabajando en posicionarnos como un destino seguro. «Mediterráneo vivo y seguro».
–¿Con playas blindadas y compartimentadas?
–No, no. Queremos que la situación sea lo más normal posible. La Policía Local estará para ayudar y cooperar, como siempre. Y reforzaremos a los ayuntamientos con recursos humanos para que los ciudadanos puedan gestionar su libertad con responsabilidad. El turismo no es sólo un negocio, nosotros lo entendemos como un espacio de fraternidad porque hay muchos españoles que sostienen una parte importante de su vida en los recuerdos de los veranos que han pasado en nuestras playas. El informe del CSIC señala que las playas no son puntos que favorezcan los contagios por sus condiciones climáticas y al ser espacios abiertos. Y nosotros vamos a «esponjar» las playas porque el 70 por ciento de nuestras costas son playas y calas poco urbanizadas, y muchas de ellas desconocidas.
–En el debate sobre la reconstrucción han entrado, o Podemos ha metido, los impuestos, ¿hay que subirlos ahora a las rentas más altas?
– El debate de la recuperación no se puede plantear de manera cortoplacista. Esto no se arregla en tres o seis meses. Hay que estudiar actuaciones a corto, a medio y a largo plazo. Y en el largo plazo hay desafíos que ya estaban ahí y que ahora hay que acelerar, como la digitalización
de la sociedad, la transición energética, el problema demográfico del envejecimiento o la inteligencia artificial. En el corto plazo, el Gobierno y Europa ya han empezado a tomar medidas relevantes, aunque habrá que seguir actuando a partir de la premisa de que lo más importante es salvar vidas y empresas. Hay que salvar a las empresas porque es la única manera de garantizar el empleo. Me pregunta por los impuestos, y yo creo que hay que poner todas las piezas del puzle encima de la mesa y ver qué hay que hacer para fortalecer el Estado del Bienestar, pero desde el diálogo social, de manera responsable, con un buen análisis para que no tenga consecuencias negativas en el funcionamiento de la economía. La democracia está basada en la corresponsabilidad y hay que ver cómo hacemos posible el principio constitucional de la progresividad y que haya un espacio fiscal que no genere competencia desleal ni en Europa ni en España. Hay que pagar el Estado de Bienestar y esto exige un esfuerzo común, y que aquellos que más tienen contribuyan más, pero, como le he dicho, de manera responsable.
–¿Eso quiere decir con sosiego y no ahora?
– En una de las videoconferencias con el presidente del Gobierno hubo quien planteó que la crisis no tiene que pagarla ni las personas ni las empresas. Entonces, yo pregunté, ¿y quién va a pagarla? Hay que ser honestos con los ciudadanos. Éste ha sido un golpe muy duro para la economía y para la renta individual de las personas, y hay que intentar transitarlo de manera que tenga el menor impacto posible. Pero deja un coste y todos tenemos que asumir una parte de ese esfuerzo porque esta crisis no es un resfriado, sino una pulmonía. Por eso no se puede transitar desde la demagogia y sobre grandes titulares y brochazos porque hay que tomar las decisiones pensando en la oportunidad del momento, y en sus consecuencias por la capilaridad tan grande que existe dentro del tejido productivo.
– ¿Es un «brochazo» plantear ahora en un pacto improvisado con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy?
–El estado de alarma tendría que haber tenido el apoyo de todos los grupos desde el primer momento. No entiendo por qué el PP ha dejado de apoyarlo, creo que es una gran irresponsabilidad. Pero meter otros temas en el debate del estado de alarma tampoco es lo que necesitamos. Hay que hablar de esta cuestión sin adosarla a otros elementos. La reforma se tiene que producir porque hace falta un nuevo Estatuto de los Trabajadores y unas nuevas normas en las relaciones laborales, ya que hay muchos asalariados que no se sienten recogidos en el esquema de relación laboral actual. Hay mucho empleo asociado a la nueva economía que se siente desprotegido. Pero la nueva arquitectura laboral hay que levantarla sobre la base del diálogo social. La economía no funciona por decreto.
– Suena más cercano a la vicepresidenta Calviño que al vicepresidente Iglesias... ¿Es irresponsable exigir la derogación derogación íntegra de la reforma laboral?
–Hay que hacer una nueva arquitectura laboral en el marco del diálogo social. Habrá que ver qué puede mantenerse y qué debe ser modificado, si no ha sido ya derogado. Pero hay que hacerlo en el ámbito del diálogo social y sobre un análisis profundo de la realidad del mercado de trabajo, que no tiene nada que ver con la de los últimos años. Muchas veces vivimos de viejos esquemas y hay que intentar salir de las inercias y del confort.
–Tan negativo puede ser vivir en el confort como en los eslóganes vacíos, ¿no?
–Sí. La vida no es un tuit. A los proyectos políticos se les exige un ritmo que no es propio de la política. El producto político de calidad tiene que basarse en una reflexión profunda y en una deliberación no maniquea. Cada día no se puede inventar algo para satisfacer la rapidez mediática porque entonces se producen políticas de muy baja calidad. No podemos ni debemos atender esas exigencias.
–Unas veces se les exige, pero, otras veces, son los políticos los que creen que en eso consiste la política.
–No me identifico con aquello que decía Magris de la cultura «política pop». Hasta esta expresión se ha quedado vieja, pero se entiende lo que digo. Yo no participo de esa cultura.
– El tuit, como metáfora, es muy de la nueva política. ¿Es en lo que está Pablo Iglesias?
–No, no. ¡No me meta en líos, que bastantes tengo!
–¿Le preocupa que la financiación autonómica quede sometida a las necesidades parlamentarias del PSOE en el Congreso, en vez de resolverse en el ámbito multilateral? Que la condicionen PNV y ERC en perjuicio del resto de comunidades.
–Para salir de esta crisis es fundamental que todas las comunidades tengamos las mismas oportunidades para actuar en la dinamización de la economía. Y eso no es así ahora mismo. Valencia y Murcia son las dos comunidades con peor financiación.
–Lo mismo dice Cataluña, lo mismo dice Madrid.
–Nosotros estamos 12 puntos por debajo de la renta media europea. Está el tópico de esa imagen del Levante como una gran tierra, con un buen nivel de vida. Y es verdad que hay muchos condicionantes que impregnan la mirada en positivo de la Comunidad
Valenciana. Pero la realidad es que tenemos un problema de falta de equidad entre los españoles y todas las comunidades deben tener las mismas capacidades económicas para prestar los mismos servicios fundamentales. Algunos Gobiernos autonómicos necesitamos emplear el 90 por ciento de nuestro Presupuesto en la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, y otros, sólo emplean el 70 por ciento. Esto hay que clarificarlo y hoy urge hacerlo más que nunca. No cuestiono los planteamientos constitucionales sobre foralidad o el cupo vasco, pero nadie puede avalar la desigualdad porque es profundamente inconstitucional.
– El modelo de financiación en vigor es el que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y Pedro Sánchez lleva ya dos años en el poder. ¿De quién es la culpa?
–Hay un problema estructural que supera al debate de si el culpable es uno u otro, de si es el modelo de Zapatero, el de Aznar o el de Zaplana, porque Rajoy no hizo modelo. Algunas comunidades teníamos menos Estado en el momento de las transferencias y desde el primer momento fue un problema la adecuación. Ahora se trata de arreglar esto desde el rigor. Es verdad que estamos en un momento de atomización del Congreso, que parece que hace imposible llegar a acuerdos, pero no debería ser así. Pactar no es traicionar tus principios. Son necesarios los acuerdos y hay que pactar un reparto justo de los recursos públicos, en el que el criterio fundamental sea la población. No van a ser las hectáreas, digo yo.
–¿Todas las comunidades deberían gestionar la nueva renta mínima, después de que el Gobierno haya hecho esta cesión al Gobierno vasco?
–El sujeto activo no son las instituciones, sino el ciudadano. Esta iniciativa podía haberse implementado de diferentes maneras, pero el Gobierno ha optado por un camino en el que cree que con los datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social se conseguirá de manera más eficiente que reciban los recursos todas las personas que los necesitan. Pero hay que desarrollarla desde la cogestión con las comunidades para que no haya duplicidades con las rentas de inclusión, que ya estamos dando. Ahora bien, insisto, lo importante no es la institución, sino que cobren la renta todos los que se enfrentan a una situación de pobreza.
La crispación no salva vidas ni crea puestos de trabajo. Estamos viendo debates en el Congreso cargados de excesos»
La economía no funciona por decreto. La reforma laboral debe ser con diálogo social y un amplio estudio del mercado»