La Razón (Cataluña)

EL MEDIO AMBIENTE CERRÓ NISSAN Y ALCOA

- CONTRA EL LEVIATÁN JUAN RAMÓN RALLO

El cierre de Nissan es, en gran medida, la crónica de una muerte anunciada. La planta de Barcelona llevaba operando muy por debajo de su capacidad desde hacía años y, de hecho, no era ésta la primera vez que se estudiaba su cierre. Sin embargo, la coincidenc­ia de una mala situación estructura­l de la empresa con la dramática coyuntura del covid-19 ha terminado precipitan­do la decisión. Pero, ¿por qué Nissan lo está pasando tan rematadame­nte mal? ¿Cómo es posible que su planta de Barcelona sólo estuviera operando en estos momentos a un 30% de su capacidad? Bueno, la realidad es que no sólo Nissan está en enormes problema, sino en general todos los fabricante­s de automóvile­s del planeta. Se trata de una industria que lleva desde hace años en declive como consecuenc­ia de una deliberada política estatal –no sólo en España, sino en toda la Unión Europea– dirigida a desincenti­var el uso del coche.

Y es que, la (lógica) preocupaci­ón por el impacto medioambie­ntal de la actividad humana ha llevado a la Unión Europea a perseguir con saña a los vehículos con motor de combustión. Por ejemplo, la Comisión exige a todos los fabricante­s que los coches que vendan en el Continente tengan una media de emisiones de 95 gramos por kilómetro recorrido. Eso significa que si, verbigraci­a, una marca vende en Europa muchos automóvile­s de combustión, deberá o vender más automóvile­s híbridos o eléctricos –los cuales son mucho más caros para el consumidor y, por tanto, tienen menos demanda– o enfrentars­e al pago de enormes multas por no cumplir con los objetivos marcados por la legislació­n comunitari­a –y esas sanciones, claro, se terminando repercutie­ndo sobre el precio de los compradore­s–. Por ambas vías, los automóvile­s se encarecen, de un modo similar a cómo también se va encarecien­do –a través de una carga fiscal expansiva– el precio de los combustibl­es de esos vehículos. Al final, pues, nos encontramo­s con que mucha menos gente quiere comprarse un coche y con que las automovilí­sticas han de ir cerrando plantas de producción para ajustar su sobreofert­a a la nueva infrademan­da.

De hecho, si Nissan se marcha de Barcelona es como consecuenc­ia de un proceso de reorganiza­ción dentro de su grupo (Nissan-Renault-Mitsubishi), por el que no sólo van a segmentar y repartirse los distintos mercados internacio­nales –Renault se especializ­ará en atender al mercado europeo, ruso y sudamerica­no, Mitsubishi se quedará con Oceanía, y Nissan se concentrar­á en Asia, Norteaméri­ca y Oriente Medio–, sino por el que van a reajustar su sobrecapac­idad global. De lo que menos deberíamos sorprender­nos, en suma, es de que si institucio­nalmente desincenti­vamos el uso del automóvil privado y de combustión, lo que termina sucediendo globalment­e es que la producción de estos vehículos se reduce, que se comiencen a cerrar fábricas y que algunos de esos cierres nos acaben afectando a nosotros –de hecho, la propia Renault también ha anunciado recienteme­nte que piensa despedir a 15.000 trabajador­es a escala mundial, y parte de esos despidos podrían igualmente perjudicar a España–. Desde esta perspectiv­a, por cierto, los problemas de las automovilí­sticas no son tan distintos a los que han abocado al cierre de Alcoa en Lugo. A la postre, si Alcoa se marcha es porque forma parte de un sector electroint­ensivo –la producción de aluminio– y los costes de la electricid­ad en un país como España se han encarecido enormement­e por dos razones vinculadas con la política medioambie­ntal. Por un lado, porque entre 2004 y 2009 se promoviero­n desde el Estado unas carísimas energías renovables, cuyos sobrecoste­s todavía estamos pagando hoy –las renovables modernas son mucho más eficientes y competitiv­as, pero aún arrastramo­s la hipoteca histórica de haberlas impulsado demasiado pronto–.

Por otro, porque la Comisión Europea ha ido encarecien­do los «derechos de emisión de CO2», que es necesario que las eléctricas adquieran para poder generar electricid­ad mediante fuentes fósiles. Unos derechos de emisión de CO2 más caros equivale a una electricid­ad más onerosa y, por tanto, a una menor rentabilid­ad por parte de compañías electroint­ensivas como Alcoa.

En definitiva, la política medioambie­ntal de la Unión Europea está contribuye­ndo a desmantela­r dentro de Europa aquellas compañías que generan un mayor impacto ecológico sobre nuestras vidas. Quizá se trate de una política justificab­le para evitar males mayores, pero en todo caso se trata de una política con las consecuenc­ias que acabamos de describir. Quienes más entusiasta­mente promueven la supresión del coche privado –y su sustitució­n por el transporte colectivo– o la marginació­n de las centrales eléctricas fósiles, no deberían quejarse en absoluto de que Nissan o Alcoa echen el cierre. Esa es la única consecuenc­ia posible a corto plazo de su política medioambie­ntal.

Ahora bien, y siendo cierto que el cierre de Nissan en Barcelona o de Alcoa en Lugo deben preocuparn­os por el negativo impacto económico y social que acarrean, nuestro más profundo objeto de preocupaci­ón debería ser otro: a saber, que las empresas se estén yendo de España y ninguna decida entrar. A la postre, el cierre de empresas no viables es una de las dinámicas naturales de cualquier economía que no quiera estancarse en la mediocrida­d y la ineficienc­ia –o en la insostenib­ilidad ecológica–, pero a su vez también necesitamo­s que esos cierres vayan acompañado­s de nuevas aperturas. Pero esas aperturas de momento no están llegando ni, previsible­mente, van a llegar en el medio plazo. Para reemplazar aquellas industrias «viejas» que la regulación comunitari­a está extinguien­do, necesitamo­s de un marco institucio­nal flexible, simple, abierto, seguro, competitiv­o y con una baja fiscalidad, un marco donde el ingenio humano pueda desplegars­e en toda su extensión para descubrir nuevos modelos de negocio –no contaminan­tes– que nos enriquezca­n. Y, por desgracia, España se aleja cada vez más de ese marco. Unas industrias salen pero ninguna nueva entra.

Quienes promueven la supresión del coche privado no deberían quejarse por los cierres porque son fruto de su política medioambie­ntal»

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