Una asesora de Sánchez dirigirá Competencia
Tras descartar al marido de la vicepresidenta Ribera, elige a un cargo de confianza para fiscalizar a las empresas
Del marido de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a una asesora de Moncloa fichada por su «gurú» político, Iván Redondo. Así ha oscilado el péndulo de la «independencia» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para elegir al responsable del «superregulador español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Gobierno propondrá a la abogada Cani Fernández como presidenta de la CNMC en sustitución de José María Marín Quemada, cuyo mandato venció el pasado septiembre. Fernández se incorporó en febrero desde el despacho Cuatrecasas a La Moncloa como asesora del Gabinete de Presidencia a propuesta del principal asesor de Sánchez. Ahora, será la encargada de fiscalizar buena parte de la labor que realicen las compañías españolas.
En un principio, el cargo que ahora ocupará Fernández parecía adjudicado a Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera y consejero de la CNMC a propuesta del PSOE. Sin embargo, esta opción podría haber planteado problemas tanto legales como de a Sánchez. En primer lugar, por el evidente conflicto de intereses que habría supuesto que Ribera apoyase para el cargo a su marido cuando sus áreas de trabajo están en evidente contacto. Además, en el momento en que se suscito el posible nombramiento de Bacigalupo, todavía estaba muy reciente el polémico nombramiento de María Dolores Delgado como Fiscal General del Estado tras haber sido ministra de Justicia. Otro nombramiento conflictivo podría haber ocasionado evidentes daños a la imagen del Ejecutivo socialista.
Rechazo del PP
No es que la elección de Fernández haya suscitado, de todos modos, consenso. El Partido Popular rechazó ayer la designación asegurando que «no es el perfil oportuno». Además, recordó al Ejecutivo de Pedro Sánchez sus críticas en el pasado a las llamadas «puertas giratorias», según enfatizó en rueda de prensa la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra.
El nombramiento de Fernández deberá superar ahora un trámite que no se antoja menor en la actual situación de debilidad parlamentaria del Gobierno. La candidata de Sánchez tendrá que someterse a un examen en el Congreso, que debe pronunciarse sobre la idoneidad del nombramiento nombramiento e incluso puede vetarla por mayoría absoluta. Según recoge la propia Ley de creación de la CNMC, cada miembro del Consejo de la CNMC debe someterse a este examen previo a su nombramiento formal, y la Comisión competente –en este caso la de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que preside el popular Celso Delgado– podrá vetar por mayoría absoluta el nombramiento de cada miembro del Consejo, presidencia y vicepresidencia incluida, en el plazo de un mes natural tras recibir la propuesta del Gobierno. Las neimagen gociaciones de las últimas prórrogas del actual estado de alarma ya han evidenciado que Sánchez no cuenta al 100% con todos aquellos que le permitieron ser presidente del Gobierno.
Junto al relevo de Marín Quemada, hay otros tres consejeros pendientes de sustitución: Clotilde de la Higuera, Benigno Valdés y Josep María Guinart, todos ellos propuestos en su día por el PP salvo Guinart, nominado por la antigua Convergència. A ellos se suma también la Vicepresidencia, que ocupa ahora María Fernández Pérez.
El nombramiento tendrá que ser aprobado por el Congreso, que podría tumbarlo por mayoría absoluta