«Conflicto de intereses» para Pablo Iglesias
«Conflicto de intereses» García Castellón ve «incompatible» que la misma letrada defienda a la víctima del robo de su móvil y al líder morado, que ya no es perjudicado
El juez desconfía que comparta abogada con su ex asesora.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –que investiga el robo del móvil a la ex asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham en 2016 y la posterior difusión de conversaciones con el líder de Podemos– ve «incompatible» que ambos sigan compartiendo la misma abogada. El magistrado advierte un «conflicto de intereses constatado» entre la posición procesal que ostenta Bousselham como víctima del delito, cuya voluntad –recuerda– es «esclarecer los hechos que son objeto de este procedimiento» y la del líder de Podemos, a quien retiró recientemente la condición de perjudicado y que precisamente ha recurrido esa decisión a través de la misma letrada.
La decisión del instructor en esta pieza del «caso Villarejo» se produce después de que rechazara la petición de la Fiscalía de que la ex asesora compareciese para exculpar a Iglesias y de que la propia Bousselham matizara sus declaraciones sobre la situación en la que el ahora vicepresidente le entregó la tarjeta que le habían sustraído.
Precisamente para «salvaguardar y proteger a la víctima del delito investigado en esta pieza separada», antes de admitir a trámite ambos escritos, el instructor da traslado a la Fiscalía y al resto de las partes tanto del recurso de Iglesias como de las alegaciones de su ex asesora en el que se retracta de sus manifestaciones anteriores – en las que afirmó que la tarjeta que le entregó el líder morado estaba dañada y ya no había ninguna información en su interior, lo que ha llevado al juez a investigar si Iglesias pudo borrar su contenido– despejando cualquier sospecha sobre el político. Lo paradójico, para el juez, es que ambos escritos estén firmados por la misma abogada una vez el juez ha retirado al actual vicepresidente su condición de perjudicado, y por tanto de acusación popular.
García Castellón recuerda que el pasado marzo, cuando la Fiscalía solicitó la declaración de Bousselham como perjudicada, se le informó de los derechos que le correspondían en virtud del Estatuto de la Víctima del Delito. En esa condición, añade, la ex asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo ha instado la práctica de diversas diligencias de investigación que dejan ver «de modo inequívoco» su interés en esclarecer lo sucedido con la tarjeta y con la difusión de varias conversaciones entre ambos, entre ellas una en la que Iglesias aseguraba respecto a la periodista Mariló Montero que «la azotaría hasta que sangrase».
Una posición procesal, la de víctima del delito –subraya el magistrado– que «se evidencia en este momento incompatible con la sostenida por la misma letrada mediante la interposición del recurso» en representación Iglesias.
El instructor rechazó que Bousselham compareciera para exculpar al líder de Podemos del borrado de su tarjeta SIM