Trabajadores del SEPE amenazan con ir a la huelga
Denuncian una carga «brutal» de trabajo El Gobierno subcontrata la gestión del IMV
Los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están al límite. Los trabajadores llevan denunciando una carga de trabajo «brutal» que ha generado estrés, saturación y hasta «ataques de ansiedad» desde la declaración del estado de alarma y ante la avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los que han tenido que hacer frente. Así se lo han trasladado en algunas de las denuncias que han presentado tanto al director general del organismo público, Gerardo Gutiérrez Ardoy, como a la propia ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Los ánimos están muy caldeados ante la nula sensibilidad que el Gobierno está mostrando con este colectivo de trabajadores, que han llegado a recibir amenazas en más de una ocasión por parte de quienes no han cobrado aún las prestaciones de desempleo por ERTE de fuerza mayor después de más de dos meses.
Se trata de un grupo de algo más de un centenar de empleados del SEPE que han creado una plataforma para toda España a través de la red social Telegram para organizarse al margen de los sindicatos y que se están planteando formalizar una huelga hasta que no se reconozcan sus demandas. Con una plantilla de poco más de 7.000 funcionarios, la tramitación de expedientes de prestaciones por desempleo respecto al mes de abril del año pasado se ha incrementado de media un 530%. Por contra, la plantilla apenas se ha incrementado un 10% por ciento debido a la incorporación extraordinaria de personal interino sólo para seis meses (780 interinos de los 1.000 comprometidos por el Gobierno hace dos meses, sobre una plantilla de 6.601 personas encargadas de tramitar actualmente los expedientes), según ha denunciado el sindicato de funcionarios Csif, que no se plantea secundar una hipotética convocatoria de huelga ya que no considera que sea el momento adecuado aunque entiende el malestar de los trabajadores.
Por otro lado, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede provocar un nuevo bloqueo administrativo en la ya de por sí desbordada plantilla de la Seguridad Social. Para intentar paliar esta situación y aliviar el trabajo de una plantilla «a punto de decir basta», comentan muchos funcionarios, la Seguridad Social ha decidido subcontratar a través de la empresa semipública Tragsa a cerca de 500 personas para evitar el colapso en la gestión de la nueva prestación.