DEBILIDAD PARLAMENTARIA Y TERRITORIAL Rescate a Sánchez
El futuro del Gobierno depende de las ayudas de Europa y de la evolución de la crisis económica Moncloa sólo recurrirá a Cs si le falla la mayoría de investidura para los Presupuestos
Las primeras elecciones de la etapa Covid-19, las autonómicas gallegas y vascas del próximo 12 de julio, serán un golpe para los socios del Gobierno de coalición. Los pronósticos para PSOE y Podemos no son buenos, mucho peor para la formación morada, y las lecturas en clave nacional sentenciarán por primera vez en las urnas la gestión de la pandemia. Aunque es cierto que las dos comunidades, por sus singularidades políticas, siguen inercias particulares que no permiten hacer una justa extrapolación a nivel nacional de lo que digan sus urnas.
En todo caso, no serán buenas noticias para la izquierda. Y para el PP, es verdad que las encuestas auguran una nueva mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo, la cuarta, pero será la victoria de la «moderación» frente al duro perfil nacional del que la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha convertido en principal símbolo.
En Galicia, la victoria será de Feijóo. Pero a Pablo Casado sí se le confrontará personalmente con los resultados que obtenga el PP en el País Vasco, después de la crisis con la que Génova forzó la caída de Alfonso Alonso para sustituirle por Carlos Iturgaiz como candidato.
En el flanco de la izquierda, el
PSOE siempre podrá consolarse pensando que sus resultados son mejores que los de Podemos, a quien las encuestas dan una importante caída en el País Vasco, mientras en Galicia, donde no se presentan esta vez con el nacionalismo, el tropezón podría dejarles en una posición prácticamente residual frente a los 14 escaños que consiguieron en las pasadas elecciones.
Los socialistas podrán enmascarar sus resultados en el País Vasco con el acuerdo con el PNV para gobernar la Ledakaritza. Y en Cataluña lo fían todo al sueño del tripartito con ERC y los comunes, comunes, pero está por ver que el partido de Oriol Junqueras optase por esa opción en lugar de por un nuevo Gobierno independentista si las urnas dejan abierta esa posibilidad.
Sánchez ha comprobado durante el estado de alarma la poca resistencia del acuerdo de investidura, pero sólo recurrirá en serio a Ciudadanos (Cs) para los Presupuestos si fracasa en la apuesta por reconstruir esta vía. Ésta sigue siendo la primera opción de Moncloa, y también lo tienen claro en la formación naranja, donde la decisión de arriesgar con la revisión de la posición política en la que les dejó Albert Rivera, los diez escaños que tienen en el Congreso, siempre ha descartado la idea de un acuerdo sólido con el PSOE.
Inés Arrimadas no tiene consolidada una vía de negociación
Las elecciones de Galicia y País Vasco consolidarán el desgaste de la coalición PSOE-Podemos según se refleja en los sondeos publicados
con el Gobierno y es altamente improbable, por no decir imposible, que en el ámbito económico pueda repetirse la votación que hemos visto esta semana en el Parlamento, con ERC y Cs al lado del Gobierno. Por tanto, Moncloa buscará como sea salvar esa mayoría con la que Sánchez fue investido, al precio de que el coste sean nuevas cesiones al servicio de intereses territoriales y de partido, como ha ocurrido en la negociación de los apoyos para la prórroga del estado de alarma.
Y si no es posible, entonces sí abrirán la mano a la formación naranja. El «handicap» es que éste puede ser el deseo político de Moncloa, pero los frutos del diálogo social condicionarán la agenda parlamentaria, y ahí es más fácil que esté Cs.
El presidente del Gobierno no sólo tiene un problema de debilidad en el ámbito parlamentario nacional. El estado de alarma también ha puesto en escena la fragilidad territorial de la coalición. No consiguieron buenos resultados en las últimas elecciones y los debates de las Conferencias de Presidentes, que se han celebrado cada domingo, han sido espejo de esa realidad. En las videoconferencias con Sánchez, los presidentes autonómicos han representado los intereses de sus comunidades, no los de las direcciones de su partido. Y esto ha hecho que no haya tenido impacto la batalla que el PP ha librado en el Congreso contra el estado de alarma o sobre otras cuestiones. Pero Sánchez tampoco ha tenido como muro de contención a sus «barones», que también han antepuesto, lógicamente, su gestión en sus respectivas comunidades respecto a los eslóganes que mandan en la agenda nacional.
El futuro del Gobierno depende de Europa y del futuro económico de España, y este último, a su vez, de que se salve el verano en el ámbito turístico, de que los ERTE sostengan el empleo y de que las inyecciones económicas lleguen a tiempo al tejido empresarial, sobre todo a la pequeña empresa, la más afectada por la pandemia. Si la situación económica se desestabiliza, como han anunciado ya el Banco de España y otros estudios privados, la debilidad territorial y parlamentaria del Gobierno arrasarán con la gobernabilidad.
Simón nos explicaba las discrepancias en las estadísticas con respecto al número real de fallecidos; «No sabemos si se debe a un accidente de tráfico enorme». Fue uno de los ejemplos que hemos vivido en estos meses de cómo el Estado practica el engaño, su («política de comunicación») sobre su población.
Nada es casual ni se deja a la improvisación. Este Gobierno apuesta decididamente por la propaganda, escondida bajo la eufemística expresión de política de comunicación y cuya premisa básica es evitar que la opinión pública se levante contra sus gobernantes. Por lo tanto vivimos en un estado de alarma y de propaganda que limita el control al gobierno y mantiene adormecidas las conciencias ciudadanas. Sabemos que a lo que más teme el Gobierno es a un estado de opinión hostil, que como sucediera en 1996 y 2011, acabe derribando al ejecutivo y sea sustituido por otro de centro derecha con una amplia mayoría parlamentaria. España realmente lleva sin solucionar su problema de gobernabilidad desde 2015, cuando las primeras de las cuatro elecciones generales celebradas desde entonces, dibujaron un parlamento enormemente fraccionado. Ahora se cumplen los dos años del derribo de Rajoy por una coalición Frankenstein que no ha aportado la tan ansiada gobernabilidad, y que obliga al Gobierno cada quince días a mendigar, incluso a pactar con el diablo, para que se le aprueben las prórrogas. Pero en pocas semanas la gestión del COVID-19 quedará en el plano judicial y el Gobierno empezará a centrarse en la gran tormenta que se aproxima, la económica y social.
Los socialistas empiezan a ver el rescate que solicitarán este otoño, y un acuerdo con el centro derecha, como su salvación para agotar la legislatura. Mientras Unidas Podemos espera que la crisis económica que llega y los recortes que se nos impongan desde la UE, consigan un agravamiento de la crisis social, un otoño caliente, como última oportunidad para acabar con el régimen constitucional de 1978.