El fiscal plantea inhabilitar a Trapero si no hay sedición
Sin rebelión Pide una pena de diez años de cárcel para el mayor de los Mossos o una condena por desobediencia
De rebelión a sedición... o desobediencia. La Fiscalía rebajó ayer su petición de condena para el mayor Josep Lluís Trapero por su papel en el proceso soberanista. En la reanudación del juicio a la ex cúpula de los Mossos después de tres meses de parón por la crisis del coronavirus, el fiscal Miguel Ángel Carballo retiró la acusación de rebelión –por la que solicitaba una pena de once años de prisión– y planteó al tribunal que condene por sedición a Trapero a diez años de cárcel y otros tantos de inhabilitación o, alternativamente –si no considera acreditado este delito–, a 20 meses de inhabilitación (lo que supondría su expulsión de la Policía autonómica) y al pago de una multa de 60.000 euros por un delito de desobediencia.
Idénticas condenas reclama para el ex número dos de la Consejería de Interior César Puig y el ex director de los Mossos Pere Soler. En relación a la intendente Teresa Laplana, la única a la que ya acusaba de sedición, la Fiscalía Fiscalía mantiene la petición de que se le imponga una pena de cuatro años de cárcel, pero añade igualmente la alternativa de condenarla por desobediencia, en su caso a un año de inhabilitación y al pago de 30.000 euros de multa.
La defensa de Trapero y Laplana, que ejerce la abogada Olga Tubau, solicitó a la Sala –que preside la magistrada Concepción Espejel– la absolución de ambos. El juicio continuará el lunes en la Audiencia Nacional con la lectura del informe de la Fiscalía.
Después de que el Tribunal Supremo rechazara condenar por rebelión a los líderes del «procés», la Fiscalía no tenía más remedio que suavizar sus peticiones de penas. Además, el hecho de que el ex conseller Forn fuese condenado a diez años y medio de cárcel, en su condición de máxima autoridad de la Policía catalana, suponía un listón para la petición de condena de los fiscales.
Esta era una de las principales decisiones de calado que tenía pendiente la Fiscalía cuando la ex ministra Dolores Delgado fue designada fiscal general.
En su escrito de calificación definitiva, la Fiscalía considera a los acusados una «pieza clave» para «impedir o dificultar gravemente» el cumplimiento de los mandatos judiciales «con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista». La ex cúpula de los Mossos, resalta, dio «cobertura efectiva» a ese plan de la Generalitat y de las asociaciones soberanistas de imponer la independencia «por la fuerza de las masas».
Para los fiscales tanto Trapero como Soler y Puig colaboraron con el plan independentista «desde su cargo y responsabilidad», poniendo a los Mossos «al servicio» de sus intereses. A Trapero la Fiscalía le achaca que articulara supuestamente «unos mecanismos de actuación que impidieran» a los agentes cumplir con las órdenes judiciales de impedir el 1-O. Puig habría alertado de la actuación de Policía y Guardia Civil y facilitado información a los impulsores del desafío «para garantizar el buen fin del mismo». En cuanto a Soler, se le responsabiliza de dar «cobertura y protección» a los organizadores de la consulta.
Sobre los altercados durante los registros del 20-S, los fiscales mantienen que Trapero y Laplana, responsable del operativo, «cooperaron» de forma decisiva con el fin de los líderes independentistas de obstaculizar la actuación judicial. En cuanto a su papel en el 1-O, acusa a Trapero, Puig y Soler de idear, junto con el conseller Forn, un plan de actuación «deliberadamente ineficaz» que promovió la «dejación de funciones» de los Mossos.