Franco: «No había razones para prohibir el 8-M»
El delegado del Gobierno asegura que no era competente en temas sanitarios
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aseguró ayer a la jueza que investiga si cometió un delito de prevaricación al autorizar la manifestación del 8-M que «no había ningún elemento ni recomendación que me llevara a prohibir un derecho fundamental como es el de manifestación». En su declaración, Franco defendió que su actuación fue siempre «de acuerdo a la ley».
Ni había alertas sanitarias que le obligasen a prohibir el 8-M ni fue consciente del riesgo sanitario del virus hasta después de la concentración feminista. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aseguró ayer a la juez que investiga si cometió un delito de prevaricación al autorizar la manifestación del 8-M que no fue hasta el 11 de marzo, el día que la OMS declaró la pandemia, cuando tuvo conocimiento de la repercusión sanitaria del coronavirus y de la «percepción del riesgo».
Franco defendió que cuando permitió la concentración feminista «no había ninguna elemento ni recomendación que me llevara a prohibir un derecho fundamental como es el de manifestación». Él, según recalcó a la instructora, no tenía competencias en cuestiones sanitarias ni tuvo conocimiento el 2 de marzo del informe interno del departamento de riesgos laborales, remitido a todos los empleados de la Delegación, sobre medidas de prevención para evitar contagios por la Covid-19.
En su declaración ante la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, José Manuel Franco reivindicó que su actuación fue siempre «de acuerdo a la ley» y «con arreglo a las noticias que se iban teniendo de las opiniones de los expertos sanitarios».
«En absoluto soy responsable del 8-M», subrayó antes de incidir en que en esas fechas se estaban celebrando también muchos acontecimientos en Madrid «que no estaban amparados por derechos fundamentales».
Tras hora y media de comparecencia judicial en los juzgados de Plaza de Castilla, el delegado del Gobierno en Madrid aseguró a los periodistas que en todo caso ni siquiera está acreditado que esa concentración contribuyera a aumentar los contagios –en referencia al aumento del número de casos registrado el 9 de marzo–, dado que los síntomas del coronavirus, recordó, se manifiestan dos semanas después.
Franco dejó claro que confía en la labor judicial. «Siempre he creído y sigo creyendo en la Justicia», recalcó. Esgrimiendo ese respeto por la función jurisdiccional, el investigado declinó valorar la opinión de la Abogacía del Estado de que Rodríguez-Medel está instruyendo una causa general contra el Gobierno, aunque, matizó, «tengo mi opinión».
Del mismo modo, mostró su «gran respeto por la Guardia Civil», que considera en sus informes que conocía la gravedad de la pandemia en las fechas anteriores al 8-M y que debió prohibir todas las concentraciones masivas posteriores al 5 de marzo. «No puedo estar de acuerdo con el informe», se limitó a decir.
«He intentado cumplir con mis obligaciones como ciudadano y como delegado del Gobierno de colaborar con la Justicia», añadió antes de lamentar que «hoy no estemos hablando de las medidas para salir de la crisis» como los ERTE o el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno.
El delegado gubernamental sí precisó que no conoció el 2 de marzo el informe remitido en esa fecha a todo el personal por el servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno. Un documento interno que incluía información general sobre las medidas preventivas básicas ante el coronavirus, entre otras mantener una distancia social de al menos un metro.
Entre el 5 y el 14 de marzo, la Delegación del Gobierno recibió 177 peticiones de reuniones o manifestaciones, de las que se autorizaron 130. Finalmente, 35 fueron desconvocadas –26 de ellas por la crisis sanitaria del coronavirus– y otras ocho no se llegaron a celebrar. Catorce de esas protestas desconvocadas se anularon por los propios promotores y otras doce a instancias de la Delegación Delegación del Gobierno, mediante llamadas telefónicas de las que no consta registro alguno.
Entre las concentraciones no autorizadas figura una que pretendía celebrar una asociación de agricultores y ganaderos el 14 de marzo frente al domicilio del vicepresidente Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid) y cuyo permiso se denegó esgrimiendo el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria.
Tanto la Guardia Civil como el forense adscrito al juzgado consideran que la Delegación del Gobierno era consciente desde finales de febrero de la gravedad de la pandemia, por lo que el 8-M no se debería haber celebrado, como ninguna otra concentración masiva posterior al 5 de marzo (entre ellas el mitin de Vox en Vistalegre).
Según se recoge en el último informe forense, el 28 de febrero en la Delegación «se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del peligro que entra
ñaba para los ciudadanos», pese a lo cual no se instó a los convocantes de concentraciones «que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario». En esa línea, la Guardia Civil concluye en sus informes que la Delegación del Gobierno «tenía conciencia del peligro que suponía» el 8-M.