El Gobierno asume ante ERC que hay una «crisis constituyente»
El ministro de Justicia asegura que existe un «debate abierto» sobre la Constitución del 78 Los socios mantienen la ofensiva a la Monarquía y registran la comisión contra Don Juan Carlos
La sesión de control al Gobierno tuvo ayer un protagonista inesperado. En el fragor del agrio debate que mantienen cada semana el Ejecutivo y el sector de la oposición representado por PP y Vox, fue el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el encargado de emitir un mensaje tranquilizador a sus socios de ERC. En medio de las negociaciones para que los republicanos se adhieran al decreto para la «nueva normalidad», el titular de Justicia lanzó un guiño que pudo pasar inadvertido en los principales titulares de la jornada, pero que tiene un importante trasfondo jurídico. Interpelado por la diputada de ERC, María Carvalho, por si «piensa el Gobierno español considerar como terrorista al movimiento antifascista», el ministro se descolgó reconociendo que España se encuentra en mitad de una crisis «constituyente» y que, entre todos, se debe abordar la salida de la misma porque junto a ella existe un «debate constituyente» del que «no se puede dejar a nadie fuera». Esto supondría tanto como admitir que para el Gobierno lo que está encima de la mesa es el debate sobre la vigencia de la Constitución. El
PSOE nunca ha escondido su vocación reformista en relación a la Carta Magna y en su etapa en la oposición el propio Sánchez llegó a dejar por escrito su intención de modificar el artículo 2 de la misma para reconocer el carácter «plurinacional» de España. Sin embargo, estas aspiraciones se abandonaron con su llegada al Gobierno y es cuestionable que el momento para recuperarlas sea ahora, tras los efectos devastadores de la pandemia del coronavirus.
El ministro incluyó como variables dentro de su respuesta la crisis sanitaria y económica en la que ha derivado la COVID19, COVID19, y fuentes de Justicia reconocen a LA RAZÓN que las palabras de Campo «no se refieren en absoluto a un debate constitucional ni nada tienen que ver con tocar la Constitución». Aseguran que la literalidad de esta expresión se debe entender en el contexto de los «cambios que se van a producir a partir de la nueva normalidad y las consecuencias que van a tener en todos los niveles». Además, cuestionan que el representante de uno de los minsiterios de Estado vaya a deslizar semejante anuncio en una sesión de control al Gobierno y en la respuesta de una pregunta que él mismo reconoció reconoció durante el pleno «no comprender».
No obstante, no es una novedad que en el Ejecutivo palpita la intención de incluir en una futura reforma de la Constitución un mejor encaje para Cataluña y el País Vasco. Unos cambios en el título VIII de la Carta Magna que se ofrecen a sus interlocutores soberanistas como respuesta alternativa al diálogo sobre la autodeterminación que exigen estos partidos para mantener abierta la vía de colaboración –y sustento– del Ejecutivo. En Moncloa niegan el anclaje legal de estas aspiraciones independentistas, pero a cambio amagan con recuperar parte de los artículos del Estatut que fueron tumbados por el Tribunal Constitucional o la reforma del Estatuto de Guernika. Algo que han quedado en denominar «soluciones imaginativas», que ya se ha puesto sobre la «mesa de diálogo» entre el Estado y la Generalitat y que consistiría en estudiar un mejor encaje constitucional para que estas autonomías se sientan más cómodas.
Todo ello, para «respetar la diversidad territorial, mientras se salvaguarda la igualdad de derechos de todos los españoles y las españolas», aseguran fuentes gubernamentales.
Ya en su etapa de Gobierno en solitario, Sánchez siempre buscó los resquicios que la Constitución podía ofrecerle para contentar a sus socios de ERC sin llegar a transgredir «la legalidad democrática» –como se definió en Pedralbes– y ahora en el formato del ejecutivo de coalición cuenta con un aliado indiscutible y partidario de acabar con el «régimen del 78». Aunque en la última etapa y especialmente en los debates electorales, el vicepresidente Pablo Iglesias apareció como el adalid de la Constitución, lo cierto es que «no renuncia a sus sueños» de conformar en el futuro una «república plurinacional y solidaria» mediante la puesta en marcha de procesos constituyentes. Un objetivo que ya se marcaron los fundadores de Podemos en sus inicios en 2014 y que viene recogido en uno de los epígrafes del Documento
Político que presentó Iglesias en Vistalegre III el pasado mes de marzo, en el que aseguraba que la formación morada debe «empujar y articular la disputa en el seno del Estado en defensa de los valores republicanos», frente al avance de las «fuerzas reaccionarias».
Y es precisamente el nuevo equilibrio de fuerzas existente en la actualidad en el Congreso el que hace, si cabe más, más improbable iniciar un proceso constituyente. Si el contexto no es el adecuado, el clima y las matemáticas políticas tampoco. La falta de acuerdo se ha tornado imposible para una cuestión tan básica como hacer frente a la emergencia sanitaria, por lo que no se espera una realidad diferente para una cuestión de calado como es la reforma constitucional. Una reforma que, como se señalaba anteriormente, el presidente Sánchez aparcó a su llegada a La Moncloa «porque no era el momento de abrir ese melón» y para la que, por otro lado, no existe el consenso imprescindible para que salga adelante.