No hay más crisis que la del Gobierno

QueQue el ministro de Justicia y notario mayor del Reino, Juan Carlos Campo, magistrado de profesión para más señas, afirme en sede parlamentaria que nos hallamos ante una crisis constituyente, término cuyo alcance político, pero también legal, no puede desconocer, ya sería lo suficientemente grave en una situación de normalidad institucional, con independencia de avatares coyunturales, pero que lo haga cuando existe un proceso paladinamente declarado por una parte de las formaciones parlamentarias de proceder a la ruptura de lo que denominan «régimen de la Transición» exige, si no su dimisión, una completa clarificación de lo expresado y una clara defensa del sistema constitucional sobre el que se asienta la Nación. Porque no es posible entender, desde la mera lógica política, que un miembro de un Gobierno cuya legitimidad descansa en el marco que establece la Constitución española, ponga en duda esa base referencial, más aún, cuando la gran mayoría del arco parlamentario, en la que, al menos hasta ahora, se debía incluir al PSOE, está muy lejos de respaldar aventureras revoluciones desde arriba, que es, en realidad, lo que pretenden los partidos de la extrema izquierda y los separatistas. No es, además, la primera vez que se trae a colación el objetivo de llevar a cabo un proceso constituyente, a caballo de una situación de emergencia social. Ya a raíz de la crisis financiera de 2008, ahí están las hemerotecas, la izquierda marxista, luego reconvertida al populismo de Unidas Podemos, creyó que se abría una posibilidad de romper con los consensos de la Transición para llevar a cabo un proyecto que, elección tras elección, se había revelado como residual en la consideración de los ciudadanos. Por ello, que sea ahora un caracterizado dirigente socialista quien dé pábulo a la inconsistente teoría de la deslegitimación del Estado a partir de una supuesta ruptura del contrato social establecido por los mecanismos del modelo de bienestar –que, sin duda, será de nuevo forzado al máximo por las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus–, debería causar una seria preocupación en la opinión pública. Más aún, por el contexto en el que se ha producido la declaración ministerial, como parte de una respuesta a una pregunta en el Congreso de ERC que en absoluto inquiría sobre el asunto. Porque, a la espera de que el Gobierno que preside Pedro Sánchez aclare hasta qué punto está dispuesto a llevar el debate sobre la vigencia de nuestra Constitución, a nadie se le oculta que la propia debilidad parlamentaria del actual Ejecutivo socialista, coaligado con un partido de ultraizquierda que rechaza la Carta Magna, admite el derecho de autodeterminación y propone una nueva relación en el seno de la Unión Europea, y apoyado por unas formaciones nacionalistas que pretenden la fragmentación territorial, presenta un flanco débil que los enemigos de la democracia española no vacilarán en explotar. Por supuesto, no dudamos de la fortaleza de las instituciones, aunque sólo sea por la poderosa razón de que nuestro modelo constitucional cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, con los que es imperativo contar, pero sí debemos advertir de que la sociedad puede enfrentarse a un proceso de desestabilización que en nada ayuda a superar las dificultades del momento presente. España tiene los instrumentos democráticos precisos para afrontar los problemas actuales, incluso, si el Gobierno careciera de apoyos para hacer lo que hay que hacer. Son los instrumentos con los que se dotó el pueblo español en el único proceso constituyente que de verdad cuenta. El que se desarrolló entre 1977 y 1979, que dio lugar a la promulgación de la vigente Constitución.

Poner en duda el modelo constitucional, como ha hecho el ministro de Justicia, aboca a la sociedad española a un proceso de desestabilización que en nada ayuda a superar la emergencia sanitaria»