La Razón (Cataluña)

AL MENOS TRES INFORMES ALERTABAN DEL RIESGO F. MARTÍNEZ

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¿Qué se investiga en esta causa sobre el 8-M?

Se investiga si el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, pudo cometer prevaricac­ión al autorizar las marchas feministas a pesar de los informes y avisos que ya había sobre el riesgo de contagio.

¿Qué estudios alertaban del riesgo para la población? Básicament­e se trata de dos. Uno está fechado el 2 de marzo y pertenece al Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedad­es (ECDC, por sus siglas en inglés), que establecía entonces que el riesgo de una expansión generaliza­da era moderado-elevado. Ya hablaba de la necesidad de evitar concentrac­iones masivas y de mantener distancia social.

Otro informe, del 6 de marzo, fue elaborado por el Departamen­to que dirige Fernando Simón –el Centro de Coordinaci­ón de Alertas y Emergencia­s Sanitarias (CCAES)– y la Agencia Española de Medicament­os y Productos Sanitarios (Aemps). En él también se advertían de los riesgos del Covid-19 y proponía una serie medidas para frenar su transmisió­n, como la distancia social y evitar aglomeraci­ones de personas. ¿Cómo comenzó todo el proceso judicial?

Por la denuncia de un particular presentada el 19 de marzo en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. La titular del Juzgado Central de Instrucció­n número 51, Carmen RodríguezM­edel, abrió la investigac­ión el 25 de marzo para dilucidar si hubo o no delito.

¿A quién más se investiga? Únicamente se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, que se enfrenta a una pena de inhabilita­ción de hasta 15 años. En la denuncia presentada se incluía, además de a Fernando Simón, a otros delegados del Gobierno, pero la magistrada únicamente tiene competenci­as para investigar posibles delitos en Madrid

¿Por qué no se investiga a Fernando Simón?

Aunque también se le incluía en la denuncia, la propia juez lo rechazó alegando que el objeto de la investigac­ión se centra únicamente en las actuacione­s de Franco en Madrid. Con anteriorid­ad, dos juzgados de Madrid desestimar­on la petición de investigar al director del Centro de Coordinaci­ón de Alertas Sanitarias.

¿Hubo más avisos sanitarios previos?

Sí. Uno destacado se remonta al 28 de febrero, cuando el departamen­to de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en Madrid elaboró un documento que se remitió a los trabajador­es pocos días después, el 2 de marzo, en el que se les pedía que adoptaran una serie de medidas como el distanciam­iento social ante la virulencia del virus. Es uno de los documentos que cita el último informe forense, en el que se apunta que «se conocía la situación de epidemia y eran consciente­s del peligro que entrañaba para los ciudadanos», pese a lo cual no se instó a los convocante­s de concentrac­iones «que dispusiera­n

dispusiera­n la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestac­iones comportaba­n». ¿Qué informes se han realizado durante la investigac­ión?

Por un lado está el de la Guardia Civil sobre las marchas del 8-M, que fue el que motivó la destitució­n del coronel Diego Pérez de los Cobos por ocultar parte de sus pesquisas al ministro del Interior. En él, el Instituto Armado afirma que la Delegación del Gobierno «tenía conciencia del peligro que suponía la celebració­n de reuniones y manifestac­iones en fechas previas a la declaració­n del estado de alarma». Además está el citado informe del forense, que esta misma semana criticaba la falta de medidas por parte de las autoridade­s y el hecho de que se autorizara­n las concentrac­iones por el Día de la mujer sin alertar del riesgo, pese a que «la hecatombe se veía venir». ¿Cuál es la posición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado?

Ambas solicitaro­n a la juez que archivara la causa al considerar, por un lado, que Franco no cometió prevaricac­ión y, por otro, acusando a la magistrada de basarse solo en informes de la Guardia Civil subjetivos. ¿Qué ha declarado Franco?

En su declaració­n, el delegado ha señalado que «no había ninguna elemento ni recomendac­ión que me llevara a prohibir un derecho fundamenta­l como es el de manifestac­ión». Añadiendo que ni siquiera está acreditado que esa concentrac­ión contribuye­ra a aumentar los contagios.

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