Apartan del orden público al inspector de los Mossos que ordenó las cargas del 15–M
El jefe de la Policía Autonómica confirma que el condenado será cambiado de destino
La defensa del inspector Jordi Arasa anunció que presentará un recurso contra la condena de dos años y cuatro meses
El jefe de Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, anunció ayer que le comunicó al inspector Jordi Arasa –condenado el martes a dos años y cuatro meses de prisión por lesiones en el desalojo de la acampada del 15-M– que lo cambiará de destino, y que ejercerá funciones alejadas del orden público. No obstante, no ha sido expulsado del cuerpo.
«No he decidido aún qué destino. Pero el martes hablé con él y le expliqué que tenía que cambiar de destino» y tendrá que ejercer en otra unidad, explicó en una entrevista en TV3.
Arasa es actualmente inspector del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) de la policía catalana, y Sallent explicó que su defensa presentará un recurso a su sentencia. Este cargo de los Mossos era el máximo responsable del cuerpo el 27 de mayo de 2011. Fue la fecha en la que se produjo el polémico desalojo de los acampados en plaza Cataluña, que terminaron con cargas policiales, batallas campales, heridos y detenidos.
Sallent apuntó que la decisión de alejarlo del orden público la tomó porque es una sentencia condenatoria con una pena «muy severa», lo que considera que deja en una situación complicada desde el punto de vista procesal al condenado. La condena conlleva el ingreso en prisión, debido a que supera los dos años.
Preguntado por el ascenso de Arasa como inspector hace dos meses a pesar de haber sido procesado, Sallent defendió que se presentó a una promoción para ser inspector y que ni el cuerpo ni la conselleria de Interior deciden a quien se asciende y a quien no: «Superó unas pruebas. No podíamos impedirle que lo hiciera», aseveró.
Sobre las críticas de políticos ante este caso y otros sobre la gestión policial, consideró que «erosionar a la policía» no aporta ningún valor desde un punto de vista democrático ni de proyecto de país, y pidió que se deje a Mossos al margen de batallas políticas, una tónica muy habitual en los últimos años en el cuerpo, tanto en los máximos responsables como en los sindicatos.
La sentencia señala, al margen de la pena de cárcel, se le impone una indemnización de 1.500 euros por las lesiones causadas. Además, se le suspende de su cargo público durante el tiempo de condena. Sin embargo, queda absuelto de otras dos faltas de lesiones y de un delito contra la integridad moral.
Lo que en gran parte causó la polémica en la opinión pública fue que en el desalojo los Mossos eran en teoría los encargados de posibilitar la entrada y salida de los camiones de la limpieza, pero no estaban autorizados para golpear a ninguna persona.
La sala considera que el acusado tuvo una actuación «injustificada» durante el desalojo: «en ninguno de los casos estaba justificado que el acusado hiciera uso de su defensa y no cabe hablar de error porque no actuó ante una situación de riesgo para proteger ningún bien jurídico ni se lo podía representar así de ninguna manera, «en el caso que nos ocupa, no hemos visto ninguna situación que justificara golpear».