La juez del 8-M quiere saber ahora si Ayuso y Almeida autorizaron actos masivos
Rodríguez-Medel ya tiene los informes Pidió a Comunidad y Ayuntamiento que aclarasen si habían cancelado alguno por el virus
La juez del 8-M quiere saber si la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid autorizaron la celebración de actos masivos en las fechas próximas a la manifestación feminista, entre el 5 y el 9 de marzo. La magistrada Carmen RodríguezMedel acordó el pasado martes en una providencia que se reclamase a ambas instituciones que informen «sobre los eventos colectivos o masivos públicos o privados (deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros)» que se celebraron entre las fechas reseñadas en lugares públicos o privados «con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias».
La instructora –que investiga si delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, prevaricó al autorizar la manifestación del 8-M pese a las alertas sanitarias por coronavirus– instó al Gobierno regional y al Consistorio de la capital a que remitiesen esa información antes de las seis de la tarde de ayer –como así hicieron–, reseñando «la fecha y aforo o número de asistentes» de esos eventos, así como si alguno de los que estuviesen programados entre el 5 y el 14 de marzo «fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el Covid-19», debiendo en esos supuestos especificar la «fecha y documento que acredite tal extremo».
Con esta decisión la juez accede a la petición efectuada por la Abogacía del Estado, que defiende al delegado del Gobierno, quien precisamente hizo referencia el pasado miércoles, tras su declaración judicial, a que en las mismas fechas del 8-M en Madrid se celebraron también muchos acontecimientos «que no estaban amparados por derechos fundamentales». Lo hizo tras insistir en que no disponía «de ningún elemento o resolución que le llevara a prohibir un derecho fundamental como el de reunión» y por tanto el 8-M.
Algunos altos cargos de la Delegación del Gobierno también apuntaron a la Comunidad de Madrid en sus declaraciones como testigos del pasado miércoles, pues según señalaron fuentes jurídicas se produjo un «rifirrafe» en relación con qué organismo debía advertir a la Delegación de posibles riesgos sanitarios. Según esas mismas fuentes, los declarantes «apuntaron más a la Consejería de Sanidad» de la Comunidad de Madrid, que al Ministerio de Sanidad, del que «se habló poco», apuntaron.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 continuó ayer con su ronda de testificales y tomó declaración a cinco trabajadores de la Delegación, cuatro de ellos del departamento de Seguridad Ciudadana –que a partir del 11 de marzo se encargaron de llamar a una docena de promotores de concentraciones autorizadas antes del 8-M para instarles a que las desconvocaron por motivos sanitarios– y a diez promotores de protestas previstas para fechas próximas a la concentración feminista. Durante todo el día, respondieron a las preguntas tanto de la instructora como de Fiscalía, Delegación Delegación del Gobierno y las acusaciones populares que ejercen la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociación de Consumidores José María Mena.
Algunos de los testigos explicaron que decidieron desconvocarlas, como hizo la Plataforma de Afectados de Fórum y Afinsa el 11 de marzo tras recibir la autorización cinco días antes, o no celebrarlas a la vista de la situación sanitaria. Y otros, como el sindicato CGT, contaron que recibieron una llamada de la Delegación del Gobierno, entre el 11 y el 12 de marzo, en la que se les trasladó que «era mejor no seguir adelante». Sus representantes explicaron que no se sintieron presionados y que finalmente optaron por desconvocar las concentraciones, el 12 de marzo en el caso de una protesta contra Amazon y al día siguiente respecto a dos concentraciones que iban a tener lugar en Leganés.
El informe se envió el 2-M
También prestó declaración como testigo el jefe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en Madrid, quien ratificó que el 2 de marzo hizo un envio masivo a todo el personal de la institución de un correo electrónico con un protocolo con medidas de prevención para evitar posibles contagios. Un documento del que José Manuel Franco, delegado del Gobierno, afirmó el pasado miércoles en su declaración judicial –según fuentes jurídicas– no haber tenido conocimiento ese día, pese a que el testigo precisó que también le puso en copia.
El autor del informe de prevención de riesgos laborales de la Delegación, Ramez Muhzrram, aseguró que ese documento, fechado el 28 de febrero, se envió también a través de la red Intranet. Para elaborarlo, explicó según fuentes jurídicas, «se estuvo documentando desde el primer momento», entre otras fuentes por medio del Ministerio de Política Territorial, y «tuvo muy en cuenta las medidas de distancia social», aunque precisó que respecto al ámbito laboral. Eso sí, admitió que no informó directamente al responsable de Seguridad Ciudadana.
El jefe del servicio de Riesgos Laborales dijo a la Guardia Civil que conocía las recomendaciones sanitarias que se habían enviado a la Delegación desde principios de febrero y que le constaba la celebración de reuniones internas sobre la situación sanitaria desde mediados de mes en las que se abordaron medidas de prevención, entre ellas el distanciamiento social de uno a dos metros.