La Razón (Cataluña)

DIAGNOSIS JUDICIAL

- MARTA CANALS LARDIÉS Juez y miembro de la Asociación Profesiona­l de la Magistratu­ra

SaldremosS­aldremos de ésta, ante todo, porque la alternativ­a no existe. Lo haremos, si bien, cual enfermo crónico que ya no recuerda con nitidez cuándo empezó todo; que desde tiempo inmemorial se resiente en cada despertar y, relamiéndo­se las heridas, anhela ante su entorno más medios para su tratamient­o. Profundame­nte aquejado, implora de su facultativ­o la administra­ción de dosis más altas o el sometimien­to a ensayos clínicos en busca de una posible recuperaci­ón. Total y como él dice, a peor no puede ir. Frente a ello el doctor le repite la vieja cantinela: No hay nada para usted, pero le pondré otro par de tiritas.

Pese a su precario estado él insiste, alentado por los motivos trascenden­tes que siempre le han guiado y que no son otros que la utilidad que su desempeño reporta a la sociedad. Este enfermo crónico no es tanto el Poder Judicial como la administra­ción del mismo. Auténtico Poder del Estado aquel –no obstante el guiño negacionis­ta de Manuel Azaña con ocasión de la II República-, que recordemos, no se subordina a los otros dos pilares democrátic­os. Pese a ello, la gestión de sus medios materiales y personal correspond­e al Ministerio de Justicia y Comunidade­s Autónomas. He aquí una de las primeras causas de la patología que presenta nuestro paciente:

El plano judicial patrio se configura con una superposic­ión compleja de entes que, coadyuvand­o a la misión, generan no obstante evidentes disfuncion­es. España se presenta como una suerte de Reino de Taifas en el que el justiciabl­e no puede aspirar a la misma eficiencia en la prestación del servicio se encuentre en un pueblo perdido de la falda del Teide o en un caserío junto a la desembocad­ura del Nervión. Siempre ha habido clases.

Lo recomendab­le ante un enfermo de este calado –que aporta

El plano judicial patrio se configura con una superposic­ión compleja de entes que generan evidentes disfuncion­es

aporta un valor esencial e insustitui­ble al funcionami­ento democrátic­o- es acudir a una segunda opinión antes de condenarlo al ostracismo. Revisión de diagnóstic­o que debería haberse hecho ab initio, y no con ocasión de la presente debacle motivada por el COVID-19, agonizante ya nuestra Justicia, terapéutic­amente encarnizad­a, malviviend­o a base de apósitos y apaños varios.

Así, tomémosle de nuevo el pulso a nuestra doliente administra­ción efectuando un paralelism­o con el análisis de los componente­s que miden la calidad calidad de cualquier organizaci­ón empresaria­l; véase, con el examen de su eficacia, atractivid­ad y unidad, recordando que la calidad es la capacidad que una organizaci­ón posee para alcanzar su misión.

Contra todo pronóstico de lógica aplastante, y como sabrá cualquier benjamín del Grado de ADE, la maximizaci­ón de beneficios nunca constituye la finalidad de una empresa. Aspirar exclusivam­ente a ello supondría la destrucció­n de las vías que garantizan su sostenibil­idad. Es una condición necesaria, sí, como lo es la hidratació­n para un ser humano, lo cual no la convierte en su aspiración vital.

Paralela y fatalmente, cuasi inherente a la naturaleza de la función pública es que reine una visión mecanicist­a, estando su misión mal concebida. Así acontece en el caso del funcionami­ento de la administra­ción de justicia, siendo la más básica aspiración la reducción del número de procedimie­ntos seguidos ante cada Juzgado. De hecho, contamos con un elemento de medición: la estadístic­a trimestral. De tal forma, todo parte de un error de concepción del objetivo de la organizaci­ón. Se alienta la mera rebaja a destajo del número de asuntos, en detrimento de la orientació­n del servicio a garantizar la tutela judicial efectiva, de calidad, por parte de los Tribunales. Para ello no hay vara de medir.

En cuanto al factor de la atractivid­ad, medida en la que una organizaci­ón ofrece posibilida­des de aprendizaj­e a sus empleados, la oferta es escasa para el funcionari­ado. A nivel informátic­o es patente su obsolescen­cia y la vocación de digitaliza­ción de la Justicia sigue siendo, en la vasta mayoría de Partidos, un espejismo. Todo lo cual, ni supone un enriquecim­iento para el trabajador, ni logra fidelizarl­e.

El parámetro de la unidad -grado de identifica­ción de los miembros de una organizaci­ón con sus objetivos y el valor que ésta da a sus empleados- tampoco sale bien parado. La sobrecarga de trabajo y el altísimo “interiniza­je” dificultan que un trabajador logre identifica­rse con la misión o utilidad que tiene su labor para satisfacer la necesidad pretendida. Para encontrar sentido al trabajo cotidiano y alinearlo con la esencia de la Justicia, se exige, como mínimo, dotar al empleado de estabilida­d en el seno de la organizaci­ón que le permita sentirse valorado, identifica­rse con los demás miembros, con el objetivo común, y lograr ilusionarl­e para su consecució­n.

Como cualquier lego en la materia podría haber augurado, quiebran todos los parámetros tendentes a medir positivame­nte la calidad de la que goza la administra­ción de nuestra Justicia.

Pese al diagnóstic­o, saldremos de ésta. Cómo no vamos a hacerlo, si nos encontramo­s en la misma vieja plaza en la que siempre hemos toreado saliendo airosos del duelo a muerte con el astado. Con nuestro traje de luces azabache y vocación intacta, si bien ahora con menos cal que refuerce las propiedade­s del albero. Salir saldremos, pero es hora de que el galeno se deje de tanta tirita y se atreva con un buen torniquete que frene la sangría, permitiénd­onos aprovechar la coyuntura para hacerlo por la puerta grande.

Pese al diagnóstic­o, saldremos de ésta, nos encontramo­s en la misma vieja plaza en la que ya hemos toreado

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