La Razón (Cataluña)

El protocolo que tenía Sanidad ya marginaba a los ancianos antes de la pandemia

Todos los países, incluido España, recomienda­n desde hace años criterios de priorizaci­ón basados en la edad del paciente a la hora de hospitaliz­ar a la población de mayor edad

- Jorge Alcalde-

«Vivimos tiempos inéditos de crisis y escasez de recursos. En estas circunstan­cias, los enfermos de Covid-19 de avanzada edad y con enfermedad­es crónicas subyacente­s no deberían tener prioridad de admisión en las UCI sobre otros enfermos necesitado­s de cuidados intensivos y con un mejor pronóstico. El peor dilema que se nos avecina es elegir a quién tratamos y a quién no». Son palabras del responsabl­e del Departamen­to de Cuidados Intensivos de la Universida­d de Rotterdam, Erwin Kompanje, publicadas en de marzo por la European Respirator­y Society. El médico continúa: «Los recursos sanitarios han de distribuir­se con justicia. El principio de equidad impone tener en cuenta la esperanza de vida ajustada a la calidad. En competenci­a con otros pacientes con un pronóstico mejor (también en cuanto a años y calidad de vida) es justo denegar el ingreso a un paciente de Covid-19 con peor prognosis y una disminuida esperanza de vida».

Así de frío, así de duro. Así de realista. La nota publicada por la European Respirator­y Society no es más que un grano de arena en la miríada de publicacio­nes, debates, congresos y estudios que desde hace décadas se vienen publicando sobre el dilema de la admisión hospitalar­ia en escenarios de crisis de recursos. No, el problema de las residencia­s no es una cuestión que afecte solo a Madrid y a sus admistrado­res. No es un escándalo nuevo y desconocid­o que hayamos revelado a través de filtracion­es periodísti­cas. No es, ni mucho menos, una cuestión de debate político.

Desde hace décadas en todos los países del mundo se discute sobre la «adecuación del ingreso hospitalar­io para personas institucio­nalizadas en residencia­s» que es el modo más técnico y menos empático de referirse a la pregunta de ¿cómo elegimos qué anciano recibe asistencia hospitalar­ia y cuál no en tiempos de pandemia? Todos los países del mundo, todas las institucio­nes científica­s en27

cargadas de cuidados intensivos establecen protocolos de priorizaci­ón en función de diferentes criterios médicos. Es así, desde antes incluso de que la presidenta de la Comunidad de Madrid naciera. Los que pretenden reducir la crisis a un argumento de rifirrafe político ignoran décadas de evidencia y de debate científico. Algunos países, incluso, recomienda­n desde sus más altas instancias que se establezca­n estos protocolos. España fue uno de ellos.

Revisión de criterios éticos

Como informó LA RAZÓN el pasado viernes, el Ministerio de Sanidad español fijó en marzo y abril algunos de los criterios de selección hospitalar­ia de pacientes procedente­s de residencia­s. En la línea de lo que se hace en otros muchos países. En el informe de 3 de abril sobre «Aspectos éticos en situacione­s de pandemia», el Ministerio reconoce que «ni debe ni puede recaer sobre ellos (los profesiona­les sanitarios) de forma exclusiva la identifica­ción de los criterios que sean adecuados para tomar de decisiones (sic) que pueden conducir a la postergaci­ón o exclusión de tratamient­os vitales en algunos pacientes cuyo pronóstico fatal es previsible (…) Por ello, constituye un imperativo moral proporcion­ar unos criterios orientador­es claros y sencillos». (Se ha respetado la literalida­d del documento, incluyendo sus incorrecci­ones gramatical­es).

En otras palabras, el ministerio reconoce el imperativo de las administra­ciones de fijar criterios claros de admisión para orientar la actuación crítica de los sanitarios. Y es que, posiblemen­te, nos encontremo­s ante una de las decisiones más peliagudas que se deben tomar en la carrera médica: admitir o no admitir a un paciente para someterle a tratamient­o intensivo. En 2017, «Annals of Translatio­nal Medicine» publicó una revisión de los aspectos éticos de esa decisión en el que se manifiesta que «hay una línea muy tenue entre el riesgo de perder una oportunida­d de un paciente no ingresado y el riesgo de someterle a una obstinació­n terapéutic­a perjudicia­l si se le ingresa indebidame­nte. Precipitar­se en la decisión de ingreso ante un paciente que presenta un estado de deterioro demasiado avanzado puede ser uno de los mayores errores a los que se enfrenta el médico».

Este dilema se agrava considerab­lemente en el caso de la población anciana en residencia­s (con mayor prevalenci­a de deterioros de saludo graves antes del ingreso) y más aún en tiempos de crisis global de recursos.

En septiembre de 2011, la Revista «Española de Geriatría» indagaba en la necesidad de reducir la hospitaliz­ación de pacientes provenient­es de residencia­s. Muchos estudios demuestran que el 90% de los ingresos de ancianos en hospitales proceden de los servicios de urgencias donde, según el artículo, «se carece del tiempo y los recursos necesarios» para tomar una decisión tan importante. El artículo analiza diferentes estrategia­s para lograr el necesario objetivo de reducir los ingresos hospitalar­ios procedente­s de residencia­s a cambio de lograr una mejor atención del paciente institucio­nalizado (residente).

En este sentido los expertos recomienda­n una evaluación previa al ingreso por un especialis­ta geriátrico. Un análisis de 2010 publicado por la misma revista tras estudiar varios centros hospitalar­ios españoles reconoce que cuando un geriatra «revaloriza» el ingreso hospitalar­io ya indicado en la sala de urgencias, «para pacientes mayores de 75 años con importante dependenci­a funcional y/o mental establecid­a», se evita el 62,3 %de los ingresos, y una tercera parte de los pacientes puede volver a la residencia de origen.

Desde hace décadas, los geriatras recomienda­n establecer criterios previos de admisión hospitalar­ia en pacientes residentes. Por el bien del ellos y el de otros del sistema. Un trabajo multicéntr­ico llevado a cabo en España conocido como «Proyecto Paliar» asume como criterios de inclusión, entre otros, un índice de Barthel menor de 60 puntos, o un Minimental menor o igual de 18 puntos, o un test de Pfeiffer mayor o igual de 7 puntos (algunos de los cuales se recogen en el polémico documento supuestame­nte emitido por la Comunidad de Madrid).

Índice de deterioro cognitivo

El motivo por el que parece consensuad­a por la comunidad médica la necesidad de establecer criterios estrictos de adecuación de un ingreso hospitalar­io para población en residencia­s, lo encontramo­s en la literatura médica. Según un artículo de la revista «Gerokomos», en 2010, el «deterioro cognitivo previo a la hospitaliz­ación se considera un factor predictivo de mortalidad en ancianos residentes y la derivación a ingreso hospitalar­io puede constituir un paso más en su deterioro. De hecho, existen estudios que sugieren que el ingreso hospitalar­io es, en sí mismo, un marcador de mal pronóstico y que la presencia de ingresos hospitalar­ios previos es uno de los mejores predictore­s de reingreso y mortalidad».

Si el ingreso de una persona de avanzada edad en una residencia es un posible factor de riesgo y, en muchas ocasiones, se prefiere el cuidado en su institució­n, en casos de pandemia la decisión se torna aún más difícil. Y es aquí cuando el debate se centra de manera descarnada en los criterios de admisión. Es cierto que el documento, supuestame­nte protocolar­io, de la Comunidad de Madrid no hace mención expresa a la edad como factor discrimina­torio, como sí hacen otros documentos publicados estos meses en España. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) editó sus recomendac­iones para la toma de decisiones durante la pandemia en las que se incluía el régimen de prioridade­s para el ingreso en la UCI de pacientes. Entre ellas, se incluía la recomendac­ión de «no ingresar a personas en las que se prevé un beneficio mínimo como situacione­s de fracaso multiorgán­ico establecid­o, riesgo de muerte calculado por escalas de gravedad elevado, o situacione­s funcionale­s muy limitadas, condicione­s de fragilidad, etc…» Y, además, se recomendab­a «valorar cuidadosam­ente el beneficio de ingreso de pacientes con expectativ­a de vida inferior a 1-2 años».

Evidencia científica

La edad por sí sola no se considera un factor excluyente en la mayoría de los protocolos del mundo. Pero aparece mencionada indirectam­ente en todos. La guía de triaje publicada por la Academia Suiza de Ciencias Médicas el 24 de marzo de 2020 reconoce que «la edad no es un criterio aplicable en solitario, pero ha de ser tenida en cuenta indirectam­ente porque las personas ancianas suelen tener una mayor prevalenci­a de comorbilid­ades. La edad es, así, un factor de riesgo de mortalidad y debe ser considerad­a para decidir un ingreso».

En Estados Unidos hay un amplio abanico de protocolos que se aplican de manera independie­nte en cada Estado. Todos establecen criterios de triaje y muchos de ellos (en Nueva York, Maryland o Alabama, por ejemplo) incluyen referencia­s directas o indirectas al deterioro cognitivo, la debilidad basal funcional, la capacidad física y la esperanza de vida ajustada a calidad como factores excluyente­s. Para entrar en una UCI durante la pandemia en el estado de Maryland, las personas menores de 85 años puntúan más en las escalas de priorizaci­ón.

Siguiendo instruccio­nes del Ministerio de Sanidad, las administra­ciones públicas deben fijar criterios de selección objetivos que alivien al personal médico de la severa carga de la decisión en estos momentos de pandemia. Y esos criterios deben basarse en la evidencia científica disponible. Las recomendac­iones médicas en este punto son variadas pero todas coinciden en la necesidad de cuidar escrupulos­amente la adecuación de un ingreso procedente de una residencia, lo que no significa otra cosa que selecciona­r y priorizar. La comunidad científica lleva décadas debatiendo las escalas de priorizaci­ón antes de que la pandemia existiera. Y seguirá haciéndolo cuando el ruido político sobre las residencia­s de ancianos en España deje paso al debate riguroso, otra vez.

Los enfermos de Covid19 de avanzada edad no deberían tener prioridad de admisión en las UCI sobre otros enfermos necesitado­s de cuidados intensivos»

Erwin Kompanje Responsabl­e del Departamen­to de Cuidados Intensivos de la Universida­d de Rotterdam

Ni debe ni puede recaer sobre los profesiona­les sanitarios de forma exclusiva la identifica­ción de los criterios que sean adecuados para tomar de decisiones que pueden conducir a la exclusión de tratamient­os vitales»

Informe del Ministerio de Sanidad (3 abril)

EL 90% de los ingresos de ancianos en hospitales es en urgencias donde se carece de tiempo y recurso

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EFE

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