Judicialización

EnEn el ambiente de exasperación que el Gobierno y las fuerzas políticas que lo sostienen han contribuido a crear, es lógico que surjan procedimientos judiciales en mayor abundancia de lo que es habitual en nuestra sociedad. El Gobierno ha hecho todo lo posible por romper la confianza en la que se basa el pacto democrático y en vez de tender la mano a la oposición antes de que se desencadenara la epidemia, la ha utilizado en contra de esta. La manipulación sistemática de las instituciones y de cualquier tribuna, hasta la más respetable, para atacar al adversario político y desacreditar todo aquello que no responda al propio programa ideológico llevan a los tribunales a los ciudadanos, en primer lugar, pero también a los partidos políticos. En este último caso con tácticas diversas: acudir a los tribunales o identificarse con la corriente de opinión que ve en los juicios la última y definitiva manera de dirimir lo ocurrido y las responsabilidades consiguientes.

Es un error. Los tribunales no existen para dirimir responsabilidades ni para esclarecer la verdad. Están para establecer si alguien ha transgredido la ley y si es así, fijar las penas que le corresponden. En unos hechos como los ocurridos en estos meses, en particular antes de que se declarara el estado de alarma y en las semanas siguientes, una parte muy considerable de lo ocurrido, probablemente la más grave, no cae dentro de estas consideraciones. Se trata de responsabilidades políticas que deberán ser aclaradas como tales ante una opinión pública a la que habrá que convencer con argumentos ajenos a lo estrictamente jurídico.

De hecho, el recurso de los partidos a los tribunales refleja un fracaso: el de un partido para ejercer su función, que es propiamente política. También suele llevar a otra clase de fracaso, como es que la sentencia desfavorable a quien promueve el procedimiento le conceda una victoria política al adversario. Es lo que ocurrió en el juicio del proceso en el Tribunal Supremo y lo que ha sucedido con el del 8-M. Se comprende la rabia que lleva a actuar ante la justicia a las víctimas del covid-19, a sus familiares o a los profesionales que se han enfrentado a él en condiciones precarias. Ahora bien, eso mismo debería inducir a los partidos políticos, que tienen un campo de actuación propia, a representar a esa opinión pública de otra manera.

Los tribunales no existen para dirimir responsabilidades ni para esclarecer la verdad. Están para establecer si alguien ha transgredido la ley y si es así, fijar las penas que le corresponden»