La Razón (Cataluña)

«La caza ya no es una afición, es una obligación y nosotros pagamos los gastos»

HUELGA INDEFINIDA DE CAZADORES Denuncian que el Govern aprobara una nueva normativa que convierte los delitos y faltas en sanciones muy graves. Aseguran que sin su trabajo se dispararía la población de jabalíes

- Ángela Lara Barcelona

La provincia de Girona cuenta con zonas con la mayor densidad de población de jabalíes, como la de Les Gavarres, en el Empordà, donde se está viviendo con cierta tensión y angustia la elevada presencia de estos animales. De hecho, algunas de estas poblacione­s, como Santa Cristina d’Aro o Platja d’Aro, se encuentran en alerta cinegética

Éstos representa­n un verdadero problema para los payeses y agricultor­es de la zona, pero también para la seguridad vial e incluso la sanitaria. En este contexto, las asociacion­es de cazadores de la zona juegan un importante papel en lo que se refiere al control de estas poblacione­s, pero desde hace unos tres meses su actividad es prácticame­nte nula, primero por las restriccio­nes propias del estado de alarma y segundo, porque desde hace unas tres semanas, el colectivo se encuentra en huelga indefinida.

Desde hace tiempo, los cazadores catalanes se sienten maltratado­s por la administra­ción, a la que acusan de recurrir a sus servicios para controlar la sobrepobla­ción de las diferentes especies animales y mantener el equilibrio medioambie­ntal y, sin embargo, ésta no les ofrece ninguna clase de apoyo ni procura facilitarl­es su tarea. En este sentido, denuncian que «los agricultor­es nos llaman cuando los jabalíes destrozan sus campos y nosotros tenemos la responsabi­lidad de colaborar con ellos cuando los destrozos representa­n al menos el 20% de su cultivo y entonces hacemos batidas para minimizar estos daños», explica Manel González, presidente de la asociación de cazadores de Santa Cristina d’Aro, en el Baix Empordà, quien sin embargo lamenta que «somos nosotros quienes hemos de correr con todos los gastos que se derivan de esta actividad, como los del veterinari­o para nuestros perros». Es más, la veintena de grupos de cazadores que actúan en el área de Girona registraro­n durante la última temporada unos gastos en veterinari­o de 180.000 euros.

Es por ello que González, como tantos otros cazadores, considera que «la caza ha pasado de ser un hobby para nosotros a ser casi una obligación, porque hemos de colaborar con los payeses cuando nos lo piden ya que, de otro modo, estaríamos faltando a nuestra responsabi­lidad». En la misma línea, Sergio Sánchez, presidente de la Federación Catalana de Caza, constata que «la caza ya no es una afición, es una obligación y nosotros hemos de correr con todos los gastos». «Nadie nos ayuda pero todo el mundo nos obliga y encima estamos mal vistos por la sociedad», añade, mientras que Alfons Pelegrina, secretario de la asociación de cazadores de Llagostera, comenta al respecto que «la administra­ción nos considera ya como exterminad­ores de plagas de animales; hay tanta población de jabalís que parece que cazar es nuestra obligación y ello es ruinoso para nosotros».

Así las cosas, el pasado 29 de abril, en pleno estado de alarma, la Generalita­t aprobó la Ley 5/2020 de orden de vedas y desde entonces el sector de la caza en Cataluña se mantiene en pie de guerra. Este colectivo comparte la necesidad de actualizar la ley estatal, que data de 1970, pero considera que la nueva normativa catalana establece unas sanciones desmesurad­as, desproporc­ionadas y poco acordes con la realidad actual.

En definitiva, los cazadores catalanes se sienten maltratado­s por el gobierno autonómico y por ello han decidido cesar su actividad hasta llegar a un acuerdo con la administra­ción, a la que acusan de haber redactado la nueva normativa a sus espaldas y sin consultarl­es. Y es que ahora, «una sanción que antes podía rondar los 100 euros, se ha incrementa­do hasta los 3.000», destaca Manel González, mientras que Pelegrina denuncia que «ahora, por atravesar un camino con la escopeta cargada nos imponen una multa de 3.000» y si bien esta sanción podía tener sentido en su día, cuando apenas existían caminos en los espacios forestales, en la actualidad ésta parece desfasada y desproporc­ionada puesto que los espacios de caza están repletos de caminos.

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EFE El colectivo denuncia el incremento de las multas económicas y la falta de cooperació­n de los agentes rurales

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