Investigación necesaria en defensa de la libertad

La controversia dejó paso al práctico consenso de los expertos jurídicos en torno a la adulteración del estado de alarma por parte del Gobierno hasta convertirlo en la práctica en uno de excepción. Pedro Sánchez se ha jactado de la eficacia de su instrumento contra el coronavirus, con el que, según el presidente, el Ejecutivo ha salvado 450.000 vidas. Por supuesto, la propaganda lo aguanta todo, pero la charlatanería se diluye cuando se la criba en el cedazo de la tragedia. Al Parlamento Europeo no le convence la narrativa arrogante y autocomplaciente de La Moncloa. Ha acordado que investigará las restricciones a las libertades fundamentales durante el estado de alama decretado desde el 14 de marzo. La demanda de un ciudadano ha encontrado un eco del que hay que congratularse. La bicefalia gobernante no sólo rehuyó la legislación ordinaria, a diferencia de la inmensa mayoría de los socios comunitarios, sino que bajo su cobertura se erosionaron, cuando no conculcaron, principios fundamentales como el derecho a la información con la persecución de las opiniones contrarias al Gobierno, las coacciones al discrepante, el cierre del portal de transparencia, la opacidad sobre los contratos públicos, la tendenciosidad del CIS, la llegada alegal de Iglesias al CNI... Es la huella del despotismo.