El rebrote chino es más urgente que Torra

Es preciso advertir del riesgo que supone un Ejecutivo que no tenga muy claro cuáles son las prioridades que debe afrontar en la hora actual de España, que, desde luego, están muy lejos de una negociación con los separatistas catalanes»

LaLa vicepresidente primero del Gobierno, Carmen Calvo, confirmó ayer que se prepara una nueva convocatoria de la mesa de negociación con la Generalitat de Cataluña bajo la premisa, ciertamente voluntarista, de que se trata del instrumento idóneo para buscar una salida al conflicto catalán «dentro del marco constitucional». Aunque no creemos que sea ahora el mejor momento para valorar una posición gubernamental que insiste en el error de buscar cauces ajenos a aquellos por los que discurre la soberanía nacional, es decir las dos Cámaras que componen el Parlamento, si es preciso advertir del riesgo que supone para el conjunto de la nación que el Ejecutivo no tenga muy claro cuáles son las prioridades que debe afrontar en la hora actual de España, que, desde luego, están muy lejos de una negociación con los separatistas catalanes sin más futuro que la frustración. Porque, a tenor de los cruces de declaraciones, más o menos agrios, entre la bancada de ERC y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por no citar la postura en negativo de la propia Generalitat, es de temer que los partidos nacionalistas catalanes aspiran, una vez más, a condicionar la política española más allá de su exacta representación popular, mientras terminan de dilucidar meras disputas de hegemonía interna. Pero si en cualquier otro momento la inestabilidad institucional resultante supondría un problema grave por sí mismo, ahora es potencialmente demoledor. En primer lugar, porque, como nos demuestra lo ocurrido en China, que ha visto surgir un rebrote de la epidemia de coronavirus en su capital, Pekín, sin que los servicios de alerta sanitaria hayan podido cortarlo en sus inicios, todavía estamos muy lejos de dar por vencida a la infección. Los últimos casos de contagios registrados en el País Vasco y Cataluña, y el goteo de positivos por Covid-19 en Madrid y en CastillaLa Mancha, nos dicen que no es posible confiarse, más aún, cuando se acerca la fecha de la vuelta a la normalidad y se pretenden abrir plenamente las fronteras al turismo el próximo mes de julio. Es en ese frente donde el Gobierno de Pedro Sánchez debería centrar toda su atención, aunque sólo sea porque enfrascarse en una negociación, ya decimos que estéril, pero, en cualquier caso, perturbadora, puede dificultar que se tomen las medidas de orden general que sean precisas si, Dios no lo quiera, nos vemos sorprendidos por un rebrote del coronavirus. Ya se cometieron suficientes errores en marzo como para repetirlos. Asimismo, no es en modo alguno conveniente mezclar unas negociaciones del tipo que proponen los separatistas catalanes cuando hay que llevar a cabo un programa económico de gran alcance que mitigue los estragos de la pandemia y ponga las bases de la recuperación, especialmente del mercado laboral. Nada más inquietante que imaginar a un Ejecutivo que depende parlamentariamente de los partidos nacionalistas intentando proyectar medidas de conjunto para todo el territorio nacional. Baste un sólo ejemplo de lo que decimos si, como recomienda la Unión Europea, se actúa contra las fronteras artificiales internas que ha creado la burocracia autonómica, algunas completamente absurdas, y que lastran la movilidad del mercado. No. La mesa de diálogo con los separatistas catalanes no es ni necesaria ni, mucho menos, urgente. Lo que importa al conjunto de la sociedad española es que sus gobernantes planteen soluciones a una emergencia nacional como la que atravesamos. Y si, ciertamente, es una buena noticia que desde distintos sectores gubernamentales se apele a un gran acuerdo político con los partidos de la oposición, no parece, desde la más mínima lógica política, conveniente que Sánchez se empeñe en mantener una mesa, constitucionalmente equívoca, que sólo divide y provoca enfrentamientos.