Iglesias firma con el PP en la UE el plan para España mientras le llama traidor
Podemos en Bruselas suscribe una carta en la que se reconoce que las ayudas tendrán controles para tranquilizar al mercado
La política española se mueve en un universo paralelo incluso en la manera que tiene de trasladar a la realidad nacional lo que pasa en Europa. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos han puesto su firma en una misma carta, que ayer remitieron al Consejo Europeo de hoy, de nuevo telemático. La misiva, que lleva la firma de líderes de sus respectivos grupos en el Parlamento Europeo, plantea en una unidad de acción de las cuatro siglas la oposición a que se hagan recortes en el Plan de Recuperación. Defienden también con la misma voz que la solidaridad va unida a la responsabilidad de los países que reciban las ayudas europeas. Y avalan la necesidad de que efectivamente se detalle en un plan cómo se va a devolver el dinero prestado porque los mercados, según explican, necesitan garantías de que recuperarán los fondos.
El firmante del Grupo Popular Europeo es Manfred Weber. Del lado socialista, Iratxe García-Pérez. Por parte de Ciudadanos, la firma es de Dacian Ciolos, presidente de Renew Europe (liberales europeos). Y Manon Aubry y Martin Schinderwan firman en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/ Izquierda Verde Nórdica, GUE/ NGL Group (Podemos).
Mientras esta acción conjunta se «cocinaba» en Bruselas, el vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias, cargaba contra el PP por «traición a España» por «conspirar» en Europa para obligar supuestamente al Gobierno a hacer recortes.
La pandemia no ha cambiado la dinámica de una política nacional que se mueve sobre la base del eslogan y de no ahorrar medios en confundir a la opinión pública, vertiendo sobre ella la propia ignorancia con la que manejan casi todas las cuestiones, con independencia de la relevancia de las mismas.
Ajustando los hechos da la impresión de que el Gobierno ha empezado ya a construir un relato preventivo para responsabilizar al principal partido de la
oposición de los recortes que acaben produciéndose en el plan de ayudas para paliar las consecuencias de la Covid-19.
Entre la versión que se traslada en España y lo que ocurre en Europa hay un abismo de diferencia. El Plan de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros, está cogido con hilos. Y aunque Moncloa lo haya vendido ya como un éxito del Gobierno de Pedro Sánchez, hay un riesgo de que acabe, en parte, como el cuento de la lechera.
El plan está cogido con hilos porque primero tiene que ser aprobado por el Consejo Europeo, donde el principal rival de los intereses españoles no son esos «halcones» o países frugales del Norte, a los que el argumentario de Moncloa vincula con una conspiración de los populares. Con tres Gobiernos socialistas, por cierto, el de Dinamarca, Suecia y Finlandia. Otro Gobierno de liberales, Holanda. Y el que forman en coalición populares y los verdes, Austria. El gran obstáculo son los países del Este, en contra de que España e Italia hayan sido los más beneficiados en el primer plan anticrisis, de medio billón de euros. Y todavía más en contra de que estos dos países sean los que más reciban del Plan de Recuperación, dirigido a la reindustrialización.
Este Consejo Europeo, que se reúne telemáticamente, no tomará ninguna decisión, salvo sorpresa, y la aplazará para otra reunión presencial en julio. Y es bastante probable que en el acuerdo final España tenga que aceptar una rebaja en la cantidad total o en el beneficio asignado. Además, el Plan está vinculado al Presupuesto plurianual europeo, con vigencia de siete años, que se negocia y tiene que estar listo para principios de 2021. Es también muy probable que el marco financiero comunitario no sea suficiente como para asumir tal volumen de endeudamiento, por lo que hay riesgo de que los recortes puedan venir luego en otras partidas, como el Presupuestos agrario. Y, por último, para que el jarro de leche no se rompa, ya que esta inyección de fondos exige de nuevos impuestos, tiene que ser ratificada por todos los Parlamentos europeos, y ahí vuelve el problema de las mayorías en contra en Finlandia, Holanda o Dinamarca, por ejemplo.
Sí está más ajustado a la realidad el argumentario que vende la baja condicionalidad de estas ayudas porque ésta es una crisis sin precedente y Europa aprendió la lección de 2008. Cuando el Gobierno español tenga que entregar en septiembre los Presupuestos para 2021 en el Congreso, esa condicionalidad se limitará, previsiblemente, a la economía verde, a la economía digital o al respeto al Estado de Derecho. Pero el fondo de recuperación no estará activo hasta principios de 2021, y siempre que se cumplan todos los pasos citados: Consejo, Presupuesto europeo, Parlamentos nacionales. De salir bien, en el presente ejercicio sólo estarán disponibles 55 millones de euros para fondos de cohesión.
La condicionalidad está en la letra pequeña, en la exigencia de un plan de devolución del dinero, donde el Gobierno español tendrá que acreditar en qué va a gastar la ayuda y cómo la va a devolver, con cifras de déficit y de deuda. Bruselas tiene la llave para abrir o cerrar el grifo, o para imponer medidas si el plan español no convence.
Entre la versión que se traslada en la política de España y lo que ocurre en Europa hay un abismo de diferencia