El vicepresdente tenía la tarjeta de su asesora cuando se publicaron los mensajes
Las dudas de Anticorrupción La Fiscalía apunta que pudo ser incluso la propia ex asesora de Podemos la responsable de la difusión de los datos
La investigación del robo del móvil a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham –una de las piezas del elefantiásico «caso Tándem»– ha dado un giro de 180 grados con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de centrar la investigación en lo que ocurrió con la copia de la tarjeta que tuvo durante meses en su poder Pablo Iglesias. El instructor quiere saber cuándo se la entregó a su ex asesora en el Parlamento Europeo –sospecha que no fue antes de 2017– después de recibirla en enero de 2016, dos meses más tarde del robo del móvil, y por qué estaba dañada.
Hasta no esclarecer si el actual vicepresidente tuvo algo que ver con el borrado de la tarjeta, el instructor no quiere citar de nuevo a Bousselham, que pretende retractarse de su versión inicial y exculpar a Iglesias, según anticipó en un escrito remitido a la Audiencia Nacional.
Por lo pronto, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que la investigación apunta a que Pablo Iglesias «tendría en su poder una copia de la tarjeta telefónica del teléfono», con el mismo contenido que fue publicado por el medio digital Ok Diario, «en el momento en que tuvieron lugar las publicaciones» que el vicepresidente del Gobierno considera que buscaban desacreditarle políticamente y que achaca a una operación de la «Policía patriótica» orquestada por el ex comisario José Manuel Villarejo. Entre esas conversaciones figura una en la que el líder de Podemos aseguraba respecto a la periodista Mariló Montero que «la azotaría hasta que sangrase».
Así lo asegura el Ministerio Público en sus alegaciones al recurso de Iglesias contra la decisión del juez de retirarle la condición de perjudicado –que García Castellón ratificó el pasado miércoles–, en el que se opone a que el líder de Podemos siga personado en el procedimiento como acusación particular, al entender que no se le puede considerar víctima del delito.
Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano hacen hincapié en que «no se discute» que el vicepresidente pudiera verse perjudicado personal o políticamente por las noticias publicadas por OK Diario ni que ese material estuviese en posesión de Villarejo, pero precisan que «no existen elementos suficientes» para considerarle perjudicado por el robo del terminal.
Sobre todo, añade Anticorrupción, tras los informes de la Policía Científica y «las últimas revelaciones» de Dina Bousselham, «que han venido a desvirtuar en gran medida los indicios de criminalidad existentes hasta ahora». Y es que la ex asesora morada remitió un escrito al juez en el que se retractó de su versión inicial, cuando manifestó que el líder de Podemos le entregó la tarjeta dañada, por lo que no pudo acceder a su contenido. Los fiscales recuerdan que el pasado 18 de mayo, en su declaración ante el instructor, la ex asesora morada dijo que las capturas de pantalla de las conversaciones en las que intervenía Iglesias «las hizo ella misma personalmente y que es posible que las enviara» a alguien.
De ahí que para la Fiscalía los argumentos de Iglesias «no pueden compartirse» dado que la fuente de Ok Diario «no tuvo por qué ser necesariamente» Villarejo «ni cualquier otra fuente ilícita, pudiendo haber sido incluso la propia Dina Bousselham, directamente o a través de cualquiera de las personas a las que reenviara dichos pantallazos».